La Justicia Laboral de Paraná dispone conciliación obligatoria y ordena levantar paros docentes

En realidad, el paro fue dispuesto por 48 horas, jueves y viernes, pero el Gobierno acudió con un pedido de conciliación sobre última hora del miércoles, y la resolución de la magistrada se conoció este jueves: dispuso conciliación por el término de 20 días hábiles y la suspensión de paros y movilizaciones convocadas, medida que rige a partir de este viernes.

La resolución de la jueza Abud dispuso «la conciliación obligatoria» prevista en la Ley Nº 9.624 de Paritaria Docente, «por el término de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presente» y ordenó al Consejo General de Educación (CGE) y a los sindicatos «la suspensión de todas las medidas de acción directa que se hubieren dispuesto en relación al conflicto durante dicho término, en particular, la suspensión de las medidas de fuerza consistentes en paro y movilización que se denuncian en la presente».

La titular del Juzgado del Trabajo Nº 4 ordenó fijar audiencia conciliatoria de las partes para el martes 27, a las 9,30.

 "VAMOS A AJUSTARNOS A DERECHO"

«Vamos a ajustarnos a derecho», repiten desde la conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) una vez que se enteraron de la resolución que adoptó este jueves la jueza Laboral María Alejandra Abud, que dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial docente y ordenó suspender el paro previsto para este viernes, y las 72 horas de huelga de martes 27, miércoles 28 y jueves 29.

Fue a pedido del Gobierno, que acudió a la Justicia para encauzar la negociación salarial con los maestros, luego de tres propuestas sucesivas que encontraron rechazo: el 22 de julio, el 30 de julio y el 9 de agosto. Finalmente, el martes 13, el Poder Ejecutivo decidió abonar el incremento salarial al sector docente por decreto: un 5% para julio, igual porcentaje a la inflación para agosto, una suma fija en tres cuotas de $120 mil y fijó además el mínimo garantizado de bolsillo en $450 mil. Esa mejora se pagará por planilla complementaria este sábado.

El pedido de conciliación judicial que presentó la administración del gobernador Rogelio Frigerio este miércoles  indicó que «desde el Gobierno provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente, y luego en sede administrativa, por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa en la provincia, procurando evitar, tanto las medidas de fuerza, como tener que llegar a esta instancia judicial, siempre con el propósito de garantizar efectivamente el derecho de los educandos a recibir educación en la calidad y cantidad tales que posibiliten el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y su sentido de responsabilidad y solidaridad social».

Y agregó: «Ante una colisión de derechos de rango constitucional (derecho de huelga y derecho a la educación de menores), nunca puede ni debe lesionarse en modo alguno el superior interés de los niños a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados, conforme lo establecen los arts. 3, 28, 29 y 30, Convención sobre los Derechos del Niño (inc. 22, art. 75, Constitución Nacional)».

Agmer, el principal gremio del sector, tiene larga tradición en acatar las conciliación judiciales.

Sólo una vez decidió desobedecer y eso les acarreó una causa penal en la Justicia a un grupo de dirigentes del sindicato.

El martes 26 de agosto de 2008, la jueza laboral Nanci Bautista acogió favorablemente un pedido de quien ocupaba el cargo de presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Graciela Bar, y dictó la conciliación judicial en el conflicto de los maestros. Era el primer año de gobierno de Sergio Urribarri y el país estaba en estado de ebullición: el conflicto del gobierno kirchnerista con el campo ganó ese año buena parte de los titulares.

El congreso provincial de Agmer, entonces presidido por hoy el concejal paranaense del PJ Sergio Elizar, sesionó en la Escuela Pancho Ramírez, de Santa Elena, y decidió no acatar la resolución judicial, que había convocado a audiencia de conciliación para el día 29 de agosto de ese año. En vez de eso, dispuso una huelga de dos días, para el 28 y el 29 de ese mes. La jueza Bautista había dispuesto la conciliación por un plazo de 20 días hábiles, pero su desatención por parte del mayor sindicato docente generó una causa contra cinco dirigentes de Agmer por desobediencia a un mandato judicial: Sergio Elizar, Marta Madoz, Patricia Rodríguez, Norma Sánchez, Zulma Sánchez y César Baudino,

Fue la última vez que un congreso de Agmer decidió no acatar una orden judicial. De allí en más todas las sucesivas conciliaciones judiciales han venido siendo respetadas. En 2018, la administración del exgobernador Gustavo Bordet acudió en dos oportunidades a la Justicia para cerrar la negociación salarial: primero, el 6 de abril de 2018, ante el juez laboral José Reviriego. Esa negociación ante el juez se extendió hasta finales de mayo, cuando pudo firmarse el acuerdo; luego, la jueza Gladys Pinto, el 3 de noviembre.

La negociación paritaria en el despacho de la jueza Pinto se cerró el 3 de diciembre.

En 2019, durante el gobierno de Bordet y cuando todavía Agmer estaba cruzado por la interna entre la Lista Integración y la Agrupación Rojo y Negro, nuevamente el conflicto salarial se saldó en la Justicia.

Ese año, siete de las 17 seccionales de Agmer llevaron al congreso gremial de San Salvador la propuesta de rechazar la medida judicial: Paraná, Tala, Villaguay, Nogoyá y Federación, todas con conducción de la Agrupación Rojo y Negro; a ese listado se sumaron las seccionales Federal (Ñandubay) y Concordia (Lista Blanca).

Por el acatamiento a la decisión judicial se pronunciaron todas las seccionales con conducción que respondían al oficialismo provincial del sindicato: Colón, Diamante, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Uruguay y San Salvador, más Concordia, que responde a la Agrupación Isauro Vive.

La votación, al final, fue así: 69 congresales por allanarse a la conciliación judicial; 54 votaron por el rechazo a la resolución de la jueza Pinto.

A la vía judicial recurrió el Gobierno ante la imposibilidad de resolver la negociación con los docentes por la vía administrativa. Las conversaciones habían comenzado el 5 de febrero y concluyeron el lunes 18 de marzo: ese día el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de recomposición salarial del 20%, en dos tramos, que fue rechazada por el sindicato. El jueves el congreso provincial de Chajarí reclamó la presentación de una nueva oferta, y además convocó al paro para el viernes 22 y el lunes 25.

En medio, el jueves 21 el Gobierno acudió a la Justicia, y el viernes 22 la jueza laboral Gladys Pintos dispuso la conciliación judicial por 20 días hábiles.

El congreso tenía una opción de hierro aceptar o rechazar la conciliación judicial que dictó el viernes, a mediodía, la jueza laboral Gladys Pinto a pedido del Gobierno.

El Poder Ejecutivo no pudo cerrar la negociación salarial  con los docentes, que empezó el 5 de febrero en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, que luego se trasladó a la mesa paritaria en la Secretaría de Trabajo, y por eso acudió a la Justicia en la tarde-noche del jueves 21. La administración del gobernador Gustavo Bordet presentó el lunes 18 una oferta de recomposisición salarial del 20%, rechazada por los gremios.

“La conducta de ruptura de la contraria, que aún inmersa en un procedimiento paritario de discusión decidió en forma unilateral e intempestiva romper el diálogo y aplicar directamente medidas de fuerza, sin dudas impide seguir esa instancia administrativa e imponen la inmediata apertura del procedimiento judicial con la disposición urgente de la suspensión de las medidas de fuerza”, planteó el Gobierno en el pedido de conciliación judicial.