Presos físicos y del poder central

La situación carcelaria está colapsada según un diagnóstico que hace el conocido penalista concordiense, Martín “Carpincho” Jáuregui, su análisis , parte de que hay un aumento de casos menores de delitos contra la propiedad con detenidos que no hay donde alojarlos pues, ni la Alcaidía ni la Unidad Penal 3 de Alem 424, ni en ninguna otra cárcel pública de Entre Ríos hay lugar disponible para alojar a nuevos “internos”.

Editorial 31/03/2024 TABANO SC
UP3 Concordia

Esta no es una situación nueva, viene desde hace años y en su primer mensaje a la Legislatura del ex gobernador Bordet, prometió ante el pleno que se construiría una nueva cárcel pública en Concordia, lo que nunca fue llevado a cabo y lo que se hizo fue ampliar las viejas unidades penales para alojar a mayor número de presos en Concordia y en Federal, construcciones baratas de blocks de cemento, de reducidas dimensiones y sin considerar las tendencias internacionales sobre el régimen penal y la necesidad de dar cumplimiento a la premisa constitucional de separar procesados de penados.

El Dr. Alejandro María Giorgio, hoy Defensor Oficial en el Tribunal de Casación de Concordia, es -dentro de la justicia- quien se ha venido ocupando durante muchos años del problema del hacinamiento en las cárceles y  viene proponiendo la construcción de una nueva cárcel pública en Concordia. Los fundamentos que acompañaron su presentación fueron inapelables y proyectan hasta el presente su vigencia, incluso más valorizada hoy que se presenta como de inminente catástrofe del sistema.

Para Jáuregui, la solución partiría de que los procesados por delitos menores que no presenten peligro de fuga, sean enviados a sus domicilios con tobillera electrónica, el tema ahora es de difícil digerimento a la luz del asesinato de la semana pasada de un joven de 22 años por dos sicarios, que a esa hora, deberían estar en prisión domiciliaria y la violaron para matar. Por otro lado, no hay suficientes tobilleras electrónicas, ni control posible para unos 300 internos, aunque esa solución traería aparejada un alivio a las cocinas de las unidades penales, ya que a los presos domiciliarios, no se les provee la alimentación.

Hay que adelantarse a la sanción de la baja en la edad punible, que de 16 pasará a 14 años en pocos días, con más una mayor cantidad de delitos contra la propiedad, producto de la situación económica, traerá a la detención delincuentes jóvenes que estarán unos años procesados, compartiendo con avezados delincuentes y haciendo cierto lo de la “escuela del delito”, cuando salgan, en lugar de resociabilizarse como lo pide la Constitución, habrá -sin dudas- un mayor número de hechos.

La gente común, cansada de los robos y hurtos, adhiere a las políticas de bukelización de las unidades penales. A pesar del apoyo popular al presidente Bukele en El Salvador, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado al gobierno salvadoreño a investigar todas las muertes en las cárceles y poner fin a esta medida que viola elementales DH.

La situación es compleja, en cuanto a que la solución posible de construir cárceles granjas, alejadas de las ciudades, como se construyó “El Potrero” en Gualeguaychú, fue poco después desvirtuada, y en lugar de ser una cárcel modelo, pasó a ser una Unidad Penal común y mixta. Por último “no hay plata” es la muletilla para todo y los presos son el “último orejón del tarro”, mientras se los encierre en un depósito infrahumano y no haya motines, todos miran para otro lado, en medio de preocupaciones más acuciantes que surgen a cada minuto por la astringencia de los fondos nacionales. El estado es también preso de sus captores porteños. 

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