El caso Nahir Galarza, condenada a una pena a prisión perpetua como única condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, sigue generando polémicas.
Judiciales05/12/2023
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El caso Nahir Galarza, condenada a una pena a prisión perpetua como única condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, sigue generando polémicas.
A pocos días de cumplir su sexta navidad en prisión, y en víspera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre si revoca o confirma el fallo a prisión perpetua, un fallo de la justicia entrerriana confirma que la bromatóloga Gabriela Laiño fue presionada para realizar pericias para las que no estaba calificada.
Laiño alegó que tras la condena que se impartiera a Galarza que comenzó a padecer una serie de trastornos psicológicos que la llevaron a demandar al estado entrerriano y a la Policía de la provincia. Laiño le expresó a la justicia que los fiscales la obligaron a peritar los celulares de la joven y del fallecido Pastorizzo en la morgue, haciéndola pasar por "Perito Informática" cuando ella en realidad es bromatóloga y jamás adquirió conocimientos para tal nivel.
Asimismo, Laiño, denunció que sus superiores la obligaron a avanzar con las pericias apócrifas bajo la amenaza de dejarla sin trabajo. Debido a esta denuncia, este último viernes la justicia laboral le dio la razón y confirmó la sentencia a favor de Laiño obligando a los demandados a resarcirla con la suma de 14 millones de pesos.
La sentencia, entre otros conceptos, sostuvo que:"Estos episodios vivenciados en el marco de su trabajo, han quedado corroborados con el resto del material probatorio rendido en la causa. Los testigos que declararon en autos abonaron las situaciones de exposición de la actora, que se recuerda era una funcionaria civil, Licenciada en Bromatología, al servicio de Criminalística de la Policía Departamental Gualeguaychú, donde las labores que se le exigieron a lo largo de su prestación de servicios, excedieron el ámbito de laboratorio, para donde fue nombrada como agente civil con prestación de funciones policiales en ese ámbito de la fuerza”.
“No incumbía a su formación profesional las peritaciones informáticas (aperturas de celulares bloqueados, desgrabaciones digitales, toma de muestras fotográficas, etc.), sin que la demandada haya acercado al proceso pruebas de que las capacitaciones que recibió en formación de posgrado, le hubieren acreditado habilidades o conocimientos científicos en estas otras materias o ciencias ajenas a su formación de grado”, continuó la sentencia y añadió: “Las intervenciones como fotógrafa forense en el marco de realización de autopsias judiciales, la actora no tenía, ni debía tener tolerancia o resistencia física ni mental para ello, por su formación profesional de Bromatóloga".
Quien se expresó tras la sentencia fue Jorge Zonzini, autor del libro sobre Galarza que anticipó este desenlace. Y sostuvo: “El fiscal Rondoni Caffa, el Coordinador Lisandro Beheran, el Comisario General de la Departamental de Gualeguaychú, Fabián Pérez y el Juez de Garantías Mario Figueroa, también ex policía, conformaron una asociación perversa para proteger al padre de Nahir, el también policía Marcelo Galarza, para cerrar rápidamente la condena a prisión perpetua".
La Corte Suprema de la Nación ya ha estudiado todo el expediente y en los próximos días debe expedirse sobre si revoca o confirma el fallo a perpetua. La defensa técnica de la joven Galarza, liderada por los Dres. José Ostolaza y Pablo Sotelo, se encuentra convencida de que el máximo tribunal detectará en el recurso federal presentado la discriminación y la arbitrariedad de la justicia de Entre Ríos.
En un análisis jurídico reciente, el abogado y docente Rubén Pagliotto afirmó que el artículo 2 de la Ley 11.222 —que restringe la competencia del juicio por jurados en la provincia— es abiertamente inconstitucional y supone un retroceso en materia de derechos.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
Fue en un juicio abreviado. Los sospechosos reconocieron que el 28 de mayo de 2021 fueron sorprendidos en el margen argentino del río Uruguay, a la altura de Colón. Dos fueron detenidos en inmediaciones de una embarcación en la que intentaron despojarse de 2.300 dólares, y el otro cuando, en la zona, intentaba eludir a los prefectos en una motocross nueva que incluso no le habían retirado los plásticos.
La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
La organización trasportó desde Salta hacia Buenos Aires 493 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2021. Tenían pistas de aterrizaje en Entre Ríos. Cinco integrantes fueron condenados con penas altas y millonarias sumas de multa. No se hizo lugar al pedido de reparación del daño que hizo un productor agropecuario de un campo en Colonia Sagastume, que llamó a la Policía Entre Ríos para denunciar la presencia de camionetas dentro de su campo. Perdió 290 toneladas de soja.
Mala publicidad para el turismo de viajeros en motor home que al llegar a una ciudad, sea sorprendido por tres hombres que se le metan dentro de su rodado para robarle, no solo es malo como publicidad sino terrible para la víctima que quiere vivir en paz y tres cacos que no son jóvenes desocupados sino hombres -hechos y torcidos- que le robaron dentro mismo de su casa rodante.
- Perfil del médico: Daniel Ojeda era cirujano oriundo de Concordia, Entre Ríos. Su nombre se hizo conocido por haber realizado prácticas estéticas clandestinas que derivaron en la muerte de dos pacientes y en lesiones graves a otras. Daniel se había hecho conocido por ser un cirujano especializado en infantes, antes que accediera a la práctica de la cirugía estética y liposucción.
En la nómina del material secuestrado sobresale que se visualizaron y llevaron como prueba dos uniformes del Grupo Especial de la Policía. No hay información sobre si hay algún integrante de la fuerza que estuviera implicado en el narcomenudeo, o si, por el contrario, los narcos, copian las ropas del Grupo Especial de la Policía de Entre Ríos para fines non sanctos.
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