¿Por qué se mató Aguirre?

ORIGEN

En 2006, Jorge Aguirre y Hugo Anselmi (fallecido, extitular de Prodinta) firmaron una carta de intención para construir un hotel en sociedad. Al tiempo, el empresario Sian Zon Li, un hombre de origen chino taiwanés se sumó al proyecto. La sociedad estaba constituida por los tres: Aguirre, Anselmi y Li. Los tres comprometieron aportes de dinero. Aguirre también tendría a cargo la elaboración del proyecto y la dirección de obra; y Anselmi debía poner maquinaria para la construcción.

Según un borrador que el propio Aguirre facilitó a Cuestión de Fondo días antes de fallecer, “Li y él fueron entregando aportes a Carlos Anselmi”, que tenía a su cargo la administración.

“Siendo yo el encargado de la obra, le solicitaba enviara los pagos para cumplimentar con los avances de obra. Un día, ante mi requerimiento, me dijo que no había plata. Le dije que sí había, me dijo que no porque ellos no habían hecho sus aportes. Les pedí que los hagan y me respondió que no, porque no tenían dinero. Nos encontramos con mucho dinero invertido en un terreno que no era de la empresa porque todavía, gracias a la dilación provocada intencionalmente por ellos como administradores a cargo de la inscripción de la SRL, no había sido escriturado”, contó y agregó: “Para conseguir la escritura tuvimos que aceptar que ellos dejaran la sociedad y asumir, sólo nosotros dos (o sea Li y Aguirre), compromisos no programados”.

¿CÓMO SE LLEGA AL REMATE?

Estas no fueron las únicas páginas que escribió el empresario sobre el hotel Ytakú de Villa Zorraquín. En el ámbito judicial ahora hay una causa penal que investiga las circunstancias en las que murió el empresario. Pero también hay una causa en el ámbito de competencia Civil y Comercial, en el Juzgado 5 de Concursos y Quiebras que está a cargo de Agustín González, donde antes estuvo la jueza Flavia Pasqualini.

En el marco de ese legajo judicial, se había pedido la quiebra del hotel Ytakú y estaba próximo a subastarse. De hecho la fecha para esa instancia era esta semana.

“Personalmente me tocó asumir en el Juzgado hace 4 meses y la subasta del inmueble había sido decretada por la Sala Civil de Concordia. Por lo tanto, el trámite de remate estaba ordenado hace más de 6 meses. En el trámite se procedió a realizar medidas previas y fijar fechas de acuerdo a los protocolos que establecía el Superior Tribunal de Justicia (STJ), atento a los protocolos de pandemia, con plataforma digital y proceder a preinscripción de oferentes. se adecuó la modalidad de subasta, según disposición de la Sala Civil”, contó González.

De inmediato señaló que la discusión estuvo dada sobre “la base” de la subasta. “La subasta del inmueble había sido ordenada en primera instancia por la doctora Pasqualini, se recurrió por parte de la sindicatura en algunos términos, por la modalidad de la subasta y resolvió la Sala, en marzo de este año, proceder de determinada forma. Llevamos adelante, adecuándolo al procedimiento establecido por el STJ, adecuándolo a plataforma digital donde los oferentes se preinscriben antes de la subasta”, manifestó González.

Más adelante subrayó que no le tocó entender en las cuestiones que determinaron la quiebra. “La misma ley de procedimiento permite tanto al juez que es el director del proceso así como siempre con intervención de sindicatura en representación de acreedores, llegar a la realización de bienes por diferentes medios. En una primera instancia siempre la subasta pública de bienes es la recomendada por el proceso concursal a los fines de la publicidad. Ahora bien, la publicidad puede tomarla el resto de la masa de acreedores que entiende beneficioso para la masa concursal, otros medios que no son la subasta. En este caso, en otro momento hubo un interesado en la compra directa y se puso de manifiesto y había una base o precio en conjunto por una masa de bienes inmuebles como muebles. En ese caso se puso de manifiesto. Hubo objeciones de la sindicatura, se impugnó y llevó a que resuelva la Sala que confirma la resolución de doctora Pasqualini que había mandado una subasta pública con una determinada base. La sala mandó a modificar la base, en tanto ya había un postor por una determinada suma. Se tomó como base esa suma en la que ya se tenía certeza respecto de una posición de oferentes. Se lo toma como base y se manda a llevar adelante la subasta con esa base”, relató González.

“La impugnación de la sindicatura fue respecto de la modalidad”, subrayó. “Si era por subasta pública o compra y adjudicación directa de los oferentes que se presentaron al concurso realizando ofertas. En ese caso, Pasqualini ordena la subasta y la sala confirma la modalidad mandado a rectificar la base, entendiendo que la subasta es el medio de mayor publicidad”, acotó.

La base de la subasta se fijó de acuerdo a la oferta de ese postor. “Se toma como base la oferta y el resto de los oferentes se podrán inscribir para mejorar esa oferta y en caso que ese postor decline su inicial intención de adquirir el inmueble por esa suma o una suma superior, teníamos fijada la posibilidad de una segunda subasta con reducción de base o pasado un plazo sin que haya oferta, una tercer subasta sin base”.

DENUNCIA PENAL POR FALSIFICACIÓN DE CHEQUE Y ESTAFA PROCESAL

El abogado Antonio Mianez, representante de Jorge Aguirre, contó a Cuestión de Fondo que la denuncia por falsificación de documento privado y estafa procesal fue un desprendimiento del proceso en el fuero civil, a raíz del pedido de Anselmi para llevar el hotel a un concurso de acreedores y/o la quiebra. Mainez dijo que presentaron tres veces la denuncia en el Ministerio Público Fiscal pero no consiguieron que prospere.

“A la denuncia la hicimos con Aguirre por él y por Ytakú, porque a pesar de estar en quiebra es gerente de la SRL”, marcó. “Cuando Anselmi presenta el pagaré para demandar a Aguirre, además de la falsificación porque le agregan la palabra ‘Ytakú’ al pagaré le pusieron fecha de 2012”, señaló el abogado.

Agregó que se hizo la denuncia “porque al inicio eran tres socios Anselmi, Li y Aguirre. Anselmi se desvinculó cuando estaba en construcción del hotel. Los otros dos socios decidieron seguir adelante y acordaron pagarle una suma importante de dinero. Esa cifra, más de 381.500 dólares estaba en un convenio firmado por la escribana. Li y Aguirre constituyen ese mismo día Ytakú y acuerdan que a la indemnización de Aguirre la pagaría Ytakú y que ellos serían los garantes. El acuerdo establece que la deuda se pagaría en tres cuotas: una de 76.300 dólares y otras dos de 152.600 dólares para llegar a los más de 381.500 dólares. Los tres pagarés fueron creados y entregados a la escribana. Esos tres pagarés quedaron guardados por 5 años porque en el convenio de desvinculación acordaron que si en 5 años el avance de obra no llegaba para cubrir los documentos, se tenía que pagar el monto acordado. A los 5 años, cuando Anselmi ya había muerto, su hijo retiró de la Escribanía los tres pagarés, firmó un recibo y se los llevó”, detalló.

Contó después que “al mes, en septiembre promovieron el juicio por el pagaré de más de 76.000 dólares que estaba creado en blanco, con fecha y monto. Le agregaron en la parte izquierda, donde firmaron Aguirre y Li por sí ‘y por Ytakú’. Eso permitió que Prodinta pueda hacer el juicio ejecutivo. Se presentó la sociedad, Aguirre y Li plantearon que ese documento no es hábil para la sociedad porque no estaba firmado por la sociedad, sino que fue agregado en contra de convenios acordados. La sociedad no podía ser sujeto de una demanda ejecutiva. Esa defensa no prosperó en primera ni segunda instancia, a punto tal que llevaron el hotel a remate. Cuando eso pasó, un acreedor pidió la quiebra porque el único activo de la sociedad es el hotel”.

Entonces hicieron la denuncia. “Decimos que hay un documento privado adulterado. A su vez que esa adulteración causa perjuicios y al ser utilizado ese documento en un juicio ejecutivo, entendemos hay concurso real de delitos y por eso hacemos esta denuncia”, apuntó Mainez.

Agregó que se trata de la “tercera vez que hacemos esta denuncia”. “La primera el fiscal la desistió por entender que es una deuda comercial. Pedimos al coordinador que nombre un nuevo fiscal y volvió a pasar lo mismo. Cuando desestimó el segundo fiscal ya éramos querellantes, pedimos que se convierta la acción pública en privada y seguimos adelante. Generamos prueba pero luego hubo caducidad de la instancia en sede penal y la causa se cayó porque se declaró caduco el proceso, pero no que están sobreseídos, ni prescripta la acción”.

Cuando eso ocurrió, la justicia penal ya no abrió la puerta a la demanda de Aguirre. “Es un incordio importante -consideró el abogado Mainez-, si no hay una causa abierta, no te permiten ser querellante”.

Más adelante subrayó: “Nos presentamos para ser querellantes. La justicia nos dijo que no podemos ser querellantes porque la Fiscalía no nos abre la causa. Esto es importante porque es un vacío legal. Si el fiscal decide no hacer nada, no tengo poder. Es si el fiscal decide o no abrirme la puerta. Me presenté y expliqué y aporté lo que puede interpretarse como nueva prueba. Conseguimos todos los libros contables y sociales de Prodinta, que no tiene ningún registro de la deuda. Y conseguimos los otros dos pagarés que están como dice el convenio, firmados por Li y Aguirre, el monto y nada más. Tienen fecha de creación y no tienen fecha de vencimiento ni nada”, subrayó. Marcó después que “hay otro elemento en el pagaré que fue adulterado”. “Además de agregarle Ytakú le cambiaron la fecha, algo que difiere a lo que está acordado. Se le colocó como fecha de vencimiento 2 años antes de los 5”.

“Queremos que por favor nos abran la causa, no importa si la sigue o no porque puedo seguir solo como querellante. Me quiero presentar ante la quiebra para pedir que se suspenda la subasta. La estafa procesal que se realiza mediante juicio ejecutivo –que el juez no advierte el documento adulterado y le da trámite-, coloca como víctima al juez y como perjudicado a Ytakú y Aguirre. Como ellos no cobraron, la estafa no está consumada, está en grado de tentativa. El cobro va a consumar el delito de estafa. Ellos sólo pueden cobrar si la quiebra se realiza y hay plata para distribuir sea a prorateo o crédito total. El proceso civil viene siendo un vehículo para consumar la estafa”, acotó.

El abogado consideró que “las expectativas son escasas porque se puede plantear quiebra independiente de aquel acto por más que se haya pedido subasta en juicio ejecutivo. Pero ese es el planteo de fondo que vamos a hacer, teniendo no la denuncia presentada caratulada, sino que tenemos que esperar que Fiscalía nos abra la IPP y con eso ir a sede civil con suerte escasa de que justicia advierta que no puede ser usada como tal para consumar un delito”.

MUERTE VIOLENTA Y CAUSA PENAL

Agobiado por la situación y sin respuestas, Jorge Aguirre fue encontrado muerto el domingo de mañana.

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