Un posteo y otro caso de censura y persecución contra periodistas en la gestión de Azcué

Poe Federico Odorisio periodista de Diario Junio.

El “pecado” de Gularte fue recordar, en el marco de lo que hubiera sido el décimo aniversario de Radio Ciudadana, que el cierre de la emisora se justificó oficialmente en supuestas razones económicas. Una afirmación que, como ya documentó DiarioJunio en reiteradas oportunidades, no resiste el menor análisis porque la radio nunca dejó de transmitir, el gasto estructural persiste y la mayoría del personal fue relocalizado dentro del propio municipio. Además, varias fuentes indican que la radio sería cedida a un privado y apuntan a que la persona «con altas chances de arribar» sería un empresario multirubros oriundo de Gualeguaychú.

Tras el cierre formal de la radio pública, Federico Gularte (Técnico Superior en Periodismo Deportivo recibido en Paraná, que en radio Ciudadana se desempeño durante 8 años como movilero, periodista, productor y  fue el conductor de la última transmisión oficial que la emisora hizo del Carnaval de Concordia) pasó a cumplir tareas de prensa en la Secretaría de Salud. Sin embargo, su publicación —que fue eliminada pocas horas después— habría sido suficiente para activar un mecanismo ya conocido: el aviso informal de que sus servicios no sería considerados en el futuro inmediato y su incorporación a una suerte de “lista negra” interna.

El mensaje es claro y busca ser aleccionador: opinar de la gestión tiene consecuencias.

DiarioJunio ya había denunciado que Radio Ciudadana fue desmantelada bajo el argumento del “ahorro”, pero el gasto continuaba porque la radio sigue al aire con música y publicidad oficial; la electricidad y los servicios se consumen igual; y Darío Buffet —el interventor que ejecutó el cierre— continuaba cobrando más de 2,5 millones de pesos mensuales como director de una radio que ya no transmitía programación, además de movilizarse con chofer  particular en la camioneta que era el móvil de la radio. En la actualidad, Buffet dejó de ostentar ese cargo por el que cobró un par de meses sin ejercer y volvió a ser un funcionario de segundo rango de la subsecretaria de Comunicación y Prensa con un salario de $1.9 millones de pesos.

En definitiva, lo importante no era cuidar las finanzas -a pesar que el presupuesto de la radio era irrisorio, sobre todo en lo que se destinaba a pagos del personal-, el objetivo era apagar una radio que informaba más allá de las conveniencias o no de la gestión en curso y que hacía periodismo crítico.

Lo ocurrido con Gularte también se engloba con otro rasgo distintivo de la gestión Azcué que es el uso de los recursos del Estado como herramienta de premio y castigo. Lo admitió el propio intendente cuando reconoció públicamente haber retirado la pauta oficial a DiarioJunio. Lo reafirmó horas después uno de sus concejales en el Concejo Deliberante.

En ese contexto, la no renovación de un contrato por un posteo no es un exceso aislado sino parte de una lógica del miedo, del silencio forzado, de la autocensura.

El mensaje del Ejecutivo municipal es cada vez más evidente y peligroso: no se castigan incumplimientos laborales o contractuales; se castigan opiniones, se castiga por decir eso que incomoda, la libertad de expresión. Con estos autoritarios, el derecho a informarse y la salud democrática de la ciudad están en juego.