El derrame de un millón de litros de soda cáustica que provocó la multinacional finlandesa UPM (ubicada frente al departamento de Gualeguaychú) y acabó con la fauna acuática del arroyo Sauce, además de dañar el río Negro en Uruguay, sigue generando repercusiones.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) emitió un comunicado en el que afirma que el hecho no fue un “incidente en el sector de descarga de insumos”, tal como alegó la empresa en un comunicado, sino que se “relaciona directamente con el proceso de producción de celulosa”.

Movus entiende que la compañía “mintió” y “ocultó información” en la comunicación que realizó el día después de detectado el vertido. Al mismo tiempo, sostiene que la respuesta del Ministerio de Ambiente uruguayo, que concurrió al sitio cuatro días después de ser notificado, “no fue adecuada ni efectiva para constatar el daño producido”.

“El Ministerio de Ambiente actúa en este caso con injustificada liviandad, acompañando en sus declaraciones las de la empresa, que pretende que esto sea considerado como un ‘incidente’ que se ‘soluciona’ con una multa. Esto es en realidad el resultado de un procedimiento inadecuado, erróneo y negligente en el manejo de efluentes altamente contaminantes, agravado por la falta de control interno que llevó a desconocer el derrame durante varios días”, remarca la agrupación. Sosteniéndose en el principio de precaución, Movus pide a las autoridades “suspender la operativa de la planta hasta determinar fehacientemente el origen del desastre y [que] se hayan tomado las medidas para evitar su repetición”. Finaliza diciendo que la cartera ambiental “tiene la palabra” final.

Por otra parte, la organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) también publicó una misiva en la que cataloga el hecho como “de enorme gravedad ambiental”.

“Nos muestra una vez más que los gobiernos ocultan información y de esta forma logran que la sociedad se mantenga creyente y sumisa. Estos proyectos, rechazados en otros países, son una bomba de tiempo en cuanto a la destrucción de los pocos vestigios que quedan de lo que fue el Uruguay Natural de hace un siglo”, continúa.

Reafirma que es “triste” saber que “no hay cifra capaz de devolver toda la vida destruida” por la acción de la empresa. “Es momento de que todos quienes apoyaron este proyecto asuman su cuota de responsabilidad: partidos políticos, gobernantes de turno, Poder Ejecutivo y Legislativo, así como los técnicos responsables de las autorizaciones, que dejan en evidencia que la frase ‘no contamina’ que muchos supieron afirmar es una mentira”, resalta.