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El comandante de la Policía Militar de Brasilia, Klepter Rosa Gonçalves, ha sido detenido este viernes junto a otros seis miembros de la cúpula del cuerpo acusados de incumplir a sabiendas su deber de impedir el asalto de miles de bolsonaristas a las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero. La Fiscalía sostiene en su denuncia que “había sintonía ideológica entre los denunciados y quienes abogaban por una intervención de las Fuerzas Armadas” para derrocar al recién electo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que venció en las urnas al ultraderechista Jair Bolsonaro.
Los siete jefes de la Policía Militar detenidos esta mañana por agentes federales están acusados de delitos tan graves como abolición violenta del Estado de derecho e intento de golpe, además de daño al patrimonio y omisión del deber. “Compartían entre sí mensajes de tenor golpista por lo menos desde las elecciones con cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral”, según la Fiscalía General del Estado.
Para Eduardo Heleno, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, esta operación “demuestra claramente la participación de sectores de la Policía Militar y de las Fuerzas Armadas en la conspiración para el intento de golpe, muestra hasta qué punto la acción política y el discurso bolsonarista erosionó la institucionalidad de las fuerzas de seguridad y la participación de Bolsonaro en toda la trama es cada vez más evidente”. El analista subraya que la investigación abre “una oportunidad única para reevaluar el papel de los militares y las funciones de las Fuerzas Armadas” y subraya que resolver este caso “es fundamental para recuperar la democracia y perfeccionarla”.
El cerco en torno a Bolsonaro se estrecha. Inhabilitado, no podrá presentarse a unas elecciones en ocho años. La policía ha anunciado que va a investigar sus movimientos financieros y los de su esposa, y cada día surgen revelaciones sobre sus supuestas maniobras, fuera para atacar el proceso electoral o para vender las joyas que le regaló Arabia Saudí en su calidad de presidente.
Desde el mismo día del asalto de Brasilia hubo sospechas de la complicidad de las fuerzas de seguridad, que incluso escoltaron a los bolsonaristas en su marcha, inicialmente pacífica, desde un campamento en el cuartel general del Ejército hasta la plaza de los Tres Poderes. Y cuando derivó en una invasión en toda regla, la mayoría de los agentes permaneció impasible. Aquel domingo, la primera decisión del presidente Lula, que llevaba siete días en el cargo, fue destituir temporalmente al gobernador del Distrito Federal y a su secretario de Seguridad Pública, un comisario de policía llamado Anderson Torres que venía de ocupar esa misma cartera en el Gobierno de Bolsonaro.
Torres, que el día del asalto estaba en Florida, como el expresidente Bolsonaro, fue detenido a su regreso y, tras varios meses encarcelado, está en arresto domiciliario.
Prácticamente toda la tropa bolsonarista que protagonizó el asalto ha sido ya formalmente acusada. Más de mil personas se sentarán en el banquillo en una fecha que aún no ha sido decidida. Una minoría sigue en prisión.
En Brasil, la Policía Militar es el cuerpo que se despliega en las calles y se encarga de la seguridad pública. Suman más de 400.000 agentes y dependen de los gobernadores de sus Estados. Y para Bolsonaro siempre han sido uno de sus caladeros de votos más importantes. Ya desde que era diputado se esmeró en defender los intereses corporativos de los soldados rasos de las Fuerzas Armadas y de los agentes de las policías militares.
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Taxistas y remiseros acusaron al país vecino de prohibirles el cruce con pasajeros a bordo en sus autos. La medida alcanza al servicio de Uber y se extiende a los tres puentes entre Argentina y Uruguay.
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