Fuerte carta pública de los comerciantes de Concordia contra la impunidad delictiva y la justicia de “puertas giratorias”

Desde la institución que nuclea a los empresarios y comerciantes locales, se hizo llegar a la redacción de Diario EL SOL el siguiente texto firmado por la Comisión Directiva del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia:

"Hace pocas semanas, la sociedad concordiense se vio conmocionada (una vez más…) ante un hecho trágico. Un joven comerciante fue asaltado por dos delincuentes en su lugar de trabajo repeliendo la agresión con disparos e hiriendo de muerte a uno de ellos.
 
Este hecho, seguramente extremo, es el resultado de una situación muchas veces silenciosa que sucede día a día en nuestra ciudad. Un silencio que tiene que ver más con la resignación e impotencia de los damnificados, quienes conocen de primera mano la falta de resolución de este tipo de hechos delictivos y la impunidad con la cual estos malhechores se pasean por la ciudad, a sabiendas que poco o nada pueda ocurrirles.

Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia seguimos esta situación de cerca desde hace demasiado tiempo, con respuestas a los reclamos que no siempre se traducen en hechos concretos.

En nuestra última encuesta de abril, ocupándonos exclusivamente de los sectores representados, ante la consulta sobre si ha sufrido hechos de inseguridad en su establecimiento durante el año 2022, el 79,2% de los encuestados respondió que no y el 20,8% restante que sí, mientras que la misma pregunta para el período de los primeros cuatro meses de 2023, el 78,2% ha respondido por la negativa y el restante 21,8% respondió que ha sufrido hechos de inseguridad en su establecimiento, lo cual nos indica un importante empeoramiento de la situación. Respecto del análisis de la situación de la seguridad por parte de los encuestados, el 47,5% afirmó que la situación es mala, el 41,5% que es regular y apenas el 10,9% la definió como buena.

Nuestra institución de forma constante recibe información acerca de hechos que suceden en toda la ciudad. Formamos parte del Consejo Municipal de Seguridad donde hemos presentando propuestas y acciones desde hace varios años. En el transcurso de 2022, por acotarnos al período post pandemia, hemos realizado además reuniones con los organismos de seguridad y con integrantes de la Justicia, acompañados de socios, llevando nuestras preocupaciones y las de nuestros representados.

Habitualmente brindamos recomendaciones de profesionales acerca de cómo actuar para resguardarse del accionar de arrebatadores, mecheras (que, habitualmente, usan niños como parte de su accionar), motochorros, ciberdelincuentes, etc. pero, lamentablemente, estas acciones son insuficientes.

Que la situación de la ciudad es complicada, no es una novedad, como tampoco la sensación de IMPUNIDAD e INJUSTICIA, sobre todo cuando se trata de robos.

Conocemos y destacamos el accionar de la Policía de Entre Ríos, muchas veces sin los elementos adecuados y contando con una cantidad de agentes muy por debajo de la necesaria para una ciudad con los habitantes de la nuestra y su complejidad. A esto se deben restar los agentes  destinados a tareas administrativas o a custodiar edificios públicos (en oportunidades haciendo las veces de “porteros”, brindando información, repartiendo números) o a custodiar viviendas de funcionarios. Sumado a esto, magros salarios, la necesidad de hacer “adicionales” para intentar llegar a fin de mes y la impotencia de ver como los detenidos son liberados antes de que las victimas terminen de realizar su denuncia.

La Justicia, tiene su responsabilidad. Integrantes de la misma más preocupados por proteger los derechos de los delincuentes que por los violentados derechos de las víctimas. Este “silencio” del que hablábamos al principio mucho tiene que ver con este accionar, dado que tenemos denuncias de nuestros asociados en las principales zonas comerciales de la ciudad, acerca de como los delincuentes detenidos por robo en sus locales se pasean a las pocas horas del hecho por frente a los mismos o les ponen “likes” en las publicaciones de las redes sociales a modo de burla. Mismos comerciantes que se niegan a hacer las denuncias por ser desde “una pérdida de tiempo” hasta la excusa para sufrir amenazas por parte de los liberados delincuentes.

Los miembros de la Justicia culpan a las Leyes y al Código de Procedimientos por este accionar. Y cuando hablamos de Leyes, debemos referirnos a los dos restantes poderes del Estado: el legislativo y el ejecutivo, muy poco preocupados por torcer esta realidad, salvo conductas espasmódicas cuando ocurre algún hecho puntual, casi siempre tapado por alguno peor y con exclusiva responsabilidad sobre la falta de recursos humanos y materiales de la Policía de Entre Ríos así como de un sistema carcelario a todas vistas anticuado y deficiente. Leyes ambiguas, permisivas, con centro en la comprensión y justificación del accionar delictivo y muy lejos del sufrimiento de las víctimas.

A esto podemos sumarle la responsabilidad del gobierno para con el Patronato de Liberados, ente que debería velar por el control de los reos que acceden a libertad condicional, no cumpliendo con sus objetivos que deberían ser, entre otros, la inclusión en la sociedad de los liberados y el control sobre éstos permitiendo, por acción u omisión, que sigan delinquiendo desde su libertad condicionada, tal el caso del delincuente abatido hace pocos días. El casi inexistente funcionamiento del Patronato de Liberados, permite que el delincuente, una vez que ha pasado por la “universidad carcelaria”, pase a realizar “prácticas de campo” donde poder aplicar todos sus nuevos conocimientos delictivos, sin ningún tipo de límite y control.

A diario recibimos denuncias sobre conocidas familias del hampa local, protegidos por "habeas corpus", que a pesar de sus frondosos prontuarios delictivos pasean impunemente con hijos y nietos menores por zonas comerciales, buscando la oportunidad y enseñando a su descendencia los secretos del "oficio".

Hoy por hoy la PYMES de Concordia no sólo debemos lidiar con una inflación creciente, un Estado que asfixia impositivamente favoreciendo a grupos concentrados y sectores empresariales cercanos al poder y una actualidad y futuro inciertos sino también con no poder trabajar con tranquilidad, teniendo que estar atentos a arrebatos, hurtos y asaltos a mano armada sin siquiera la expectativa de que los delincuentes paguen por su accionar. Un estado de indefensión que lleva, muchas veces, a cometer errores por cuidar lo propio.

Esperamos que la situación de nuestro joven colega, violentado en su sagrado lugar de trabajo, sea efectivamente JUSTA y no una víctima más del garantismo que corroe los cimientos de nuestra sociedad. De su lugar de VICTIMA, no se lo debe desplazar con tecnicismos abolicionistas".