Tres aspirante a Jueces de Instrucción de Concordia recibirán examen en el Senado
Este martes y miércoles se realizarán cuatro audiencias públicas en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores.
El caso de dos funcionarios policiales de Entre Ríos que solicitaron la conmutación de pena: cambiar la baja de la cesantía por la pena de arresto.
Judiciales07/06/2023EditorEl 4 de agosto de 2016, y a través del decreto Nº 2.229 el Poder Ejecutivo dispuso la cesantía del oficial subinspector Jerónimo Lapera como conclusión de un sumario administrativo que se le había iniciado por no cumplir con su crédito laboral: había presentado una serie de certificados médicos que daban cuenta de un cuadro depresivo, aunque la Junta Médica Policial contabilizó un total de 174 días de ausentismo laboral injustificado.
Esa situación, a juicio de la fuerza, “revela una postura innegablemente irresponsable para con la institución policial y de profunda desidia, violentando los deberes y obligaciones que pesan sobre todos los integrantes de la fuerza policial”. Y por esa razón se le aplicó la destitución por cesantía de la Policía de Entre Ríos.
Al año siguiente, el 25 de enero de 2017, y a través del decreto Nº 43, le vuelven a aplicar la misma sanción: destitución por cesantía, aunque ahora por una causa más grave: el 18 de marzo de 2016 había sido condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional bajo los cargos de privación abusiva de la libertad, severidades, vejaciones y hurto calificado en concurso real.
El decreto señaló que “surge que la actitud desplegada por el subinspector Jerónimo Lapera demuestra un alto grado de desobediencia y vulnerabilidad de los estamentos legales y éticos exigibles a todo funcionario policial, revelando en la postura asumida un desinterés por el respeto a la integridad humana, eventualidad agravada por su situación de empleado público, lo cual sumado a las cargosas pruebas recopiladas en su contra hacen sustentable apartarlo definitivamente de la institución policial”.
El 10 de enero de 2020, Lapera hizo una presentación ante el jefe de Policía, Gustavo Maslein, y pidió conmutación de pena: que se cambie la baja por cesantía a la pena de arresto. En la condena judicial le impusieron la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero que esa situación cambió a partir del 2 de diciembre de 2019, cuando fue rehabilitado. No solo pidió la conmutación de la pena impuesta: también el reingreso a la Policía.
El jefe Maslein dio curso favorable a la petición y le conmutó la pena de cesantía por 45 días de arresto. Y así habilitó su reingreso a la fuerza. La decisión está contenida en el decreto Nº 4.668, del 21 de diciembre de 2022, publicado este lunes 5 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Otro decreto, Nº4.687, también del 21 de diciembre de 2022, que vio la luz en el Boletín Oficial de este lunes 5 de junio, hizo lugar a otro pedido de conmutación de pena.
El 7 de diciembre de 2017, y a través del decreto Nº 4.099, se aplicó la sanción de destitución por cesantía del oficial principal Ricardo Ramón Coronel. La norma dice que “de las pruebas recolectadas se pudo establecer que en fecha 11 y 12 de agosto de 2011 se llevó a cabo un procedimiento en un campo ubicado en el Séptimo Distrito de la ciudad de Gualeguay, en donde el oficial al mando era Ricardo Román Coronel, quien en el marco de la detención de tres ciudadanos perpetró acciones ilegales, las cuales fueron denunciadas por estas personas en sede policial y judicial”. El oficial cumplía funciones en la Brigada de Prevención de Abigeato.
En el marco de una causa penal, fue condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso con más la inhabilitación especial para el desempeño de todo cargo público por el doble de tiempo de la condena al hallárselo responsable de los delitos de severidades, vejaciones y apremios ilegales. El 25 de junio de 2020, y al haber transcurrido la mitad del tiempo de la pena de inhabilitación, la Justicia lo rehabilitó para ejercer cargos públicos.
Luego de la presentación que hiciera ante la fuerza, el jefe de Policía dispuso conmutarle la pena de cesantía por la de 45 días de arresto, y le permitió su reingreso a la fuerza. Lo hizo con el grado de oficial principal. (Entre Ríos Ahora)
Este martes y miércoles se realizarán cuatro audiencias públicas en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores.
El exgobernador Sergio Urribarri acudió con una impugnación extraordinaria para lograr llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y así revertir el fallo de la Cámara de Casación Penal, que revocó un fallo de primera instancia, hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó su detención y alojamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.
La causa inició tras allanamientos concretados en el mes de agosto, donde se constató que la pareja ahora condenada venía dosis de drogas a consumidores en presencia de menores de edad.
El tribunal de juicios y apelaciones hizo lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del ex ministro Pedro Báez, condenado por delitos de corrupción.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia tendrá dos instancias para revisar la prisión preventiva dictada por Casación contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Por un lado, analizará la decisión de la jueza Carola Bacaluzzo de rechazar el hábeas data, por otro, recibirá por recurso extraordinario o por queja el planteo contra la decisión de Casación de enviarlo a la Unidad Penal 1.
El acusado es un hombre de 44 años, oriundo de Lanús, que se dedica al rubor de la geriatría. Se le imputó que durante siete meses –entre agosto de 2015 y febrero de 2016- defraudó al Estado Nacional en 179.933 pesos, puesto que se sostuvo que como apoderado de un geriátrico de Concordia “habría presentado y cobrado en las facturas al INSSJ PAMI, prestaciones no brindadas a personas ya fallecidas al momento de la fecha de realización de los supuestos servicios”.
Juan Carlos Núñez, transportista, denunció que un chofer que contrató, luego de demandarlo por un despido injustificado, le ha generado el remate de sus camiones, a pesar de haber pagado parte de la deuda.
En total, fueron cuatro los procedimientos policiales realizados en los que se buscaban armas de fuego y cartuchería. Finalmente, dos de ellos dieron positivos para estupefacientes.
La Cámara de Casación concedió el recurso de Impugnación Extraordinario que presentaron las defensas del ex gobernador, Sergio Urribarri; y las de Juan Pablo Aguilera y Pedro Baez, permitiendo que lleguen al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia a discutir los fundamentos de la resolución que los envió a la cárcel. El Alto Cuerpo dispondrá la realización de una audiencia para tratar el recurso.
Con una foto que grafica la nota, los periodistas de AHORA en Concordia, realizaron una nota en la cual se muestra a un vecino pescando en un charco. Si bien parece una ironía, aquí desarrollamos el contenido de la nota publicada por el medio de Paraná.
La Policía de Corriente informó este lunes que una persona murió tras el choque de un camión y un automovil, en Santo Tomé.