Declararon nulo el decreto que disponía que el Gobierno se quede con los bienes secuestrados en causas penales

El fallo consideró que el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias y recalcó que el Congreso no estaba imposibilitado de tratar este tema.

 
"El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo", manifestó el tribunal que aludió al artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional.

 
“Ninguna de las circunstancias que se invocaron por los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025 resultaban de surgimiento repentino y/o sorpresivo”, consideró la cámara, que indicó no se demostró “una situación de crisis o de gravedad que sólo podría conjurarse mediante un cambio inmediato en la normativa vigente”.

 
Los jueces señalaron que “la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio” de un decreto.

 
También comunicaron que el decreto podría vulnerar facultades propias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas, lo que comprometería la independencia del Poder Judicial, pilar del sistema republicano.

 
Finalmente, la Cámara desestimó los agravios del Estado vinculados a la caución y al plazo de vigencia de la cautelar, y dispuso distribuir las costas de la instancia en el orden causado, manteniendo la suspensión del decreto hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso principal.

 
En octubre, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) y dispuso la suspensión de la cautelar del DNU 575/2025, que fue dictado en agosto. En ese momento, el Gobierno aprobó el "Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio". En paralelo, se creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia.