Recortes y motosierra en Correo Argentino: echaron a 16 trabajadores entrerrianos
Denuncian que entre los despidos figuran agentes con más de 40 años en el sector. Pese a que fueron dados de baja, no se recortaron sus puestos de trabajo.
La confederación Catheda exigió la participación de las autoridades provinciales, gremios y trabajadores en decisiones concernientes a las adjudicaciones y administración de las represas
Economía 30/05/2023 EditorLos representantes integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda) manifestaron este lunes su “profunda preocupación sobre diferentes temas”, casi todos ellos planteados en la reunión que días pasados mantuvieron con el ministro de Economía, Sergio Massa.
A través de un comunicado, la entidad señaló que “en primer lugar, se resolvió una declaratoria de alerta sobre la decisión que estaría tomado el Estado Nacional con respecto al futuro de las concesiones hidroeléctricas próximas a vencer, dado que no contempla la participación ni de las autoridades provinciales ni de los representantes de los trabajadores del sector”. Entre esas concesiones están las centrales de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila.
Catheda subrayó su reclamo por la “participación de los trabajadores en las decisiones sobre el futuro de dichas concesiones, como así también en la gestión ejecutiva de cada una”.
“En caso de continuar, el Gobierno Nacional, con esa tesitura se evaluarán las próximas medidas a adoptar por parte de la Catheda”, añadió la entidad gremial.
En segundo lugar, los representantes de diferentes gremios remarcaron que “la falta de respuesta y soluciones sobre la eliminación del impuesto a las Ganancias, el cual sigue provocando y acelerando la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto económico en el cual la inflación no baja del 8% mensual, en consecuencia, profundizando los niveles de pobreza”.
Por otra parte Catheda reconoció su preocupación acerca de que la empresa YPF, cuyo accionista mayoritario es el propio estado nacional, “se desprenda de activos importantes de su cadena de comercialización, como lo recientemente ocurrido en la localidad de Uspallata de la Provincia de Mendoza, activos que son rentables para la compañía”.
Asimismo, se reiteró la preocupación por la falta de sustentabilidad económica del servicio de aguas y saneamiento para el correcto y seguro mantenimiento y operación de dicho establecimiento.
Además, fue parte del temario de la reunión el reclamo respecto a la “incorporación indiscriminada de tecnología”. Al respecto argumentaron que “la transición debe incorporar, entre otras perspectivas, la “defensa de los niveles de trabajo, discernimiento adecuado de la tecnología conveniente y la capacitación profesional en cada sector”.
Por último, se analizaron los “graves problemas de seguridad laboral y desinterés, de las autoridades correspondientes, por la falta de inversión y por la sobre exigencia de los trabajadores de las actividades” que afectan a la Catheda .
“Sin perjuicio de todo lo expuesto la Catheda se encuentra dispuesta al dialogo, con interlocutores válidos, a los fines de encontrar alternativas a las delicadas situaciones aquí planteadas”, expresaron desde la entidad sindical que nuclea a la Asociación del Personal Superior Profesionales Técnicos de Yacimientos Carboníferos Fiscales (APS), la Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio, Garages, Playas, Lubricentros y Agroservicios (Fitesgra), la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf), la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (Fetignra), la Federación de Trabajadores de la Industria Química u Petroquímica (Fatiqyp), la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas (Fedcam), el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa (SPJ), el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el Sindicato del Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos), la Unión del Personal Superior del Gas y la Unión Ferroviaria (UF).
Denuncian que entre los despidos figuran agentes con más de 40 años en el sector. Pese a que fueron dados de baja, no se recortaron sus puestos de trabajo.
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