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Investigadores del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina desbarataron una red de tráfico de fauna silvestre, logrando la detención de 15 personas de ambos sexos, el rescate de más de 1.000 ejemplares de distintas especies, entre ellas aves como el cardenal amarillo -casi extinto-, tortugas, víboras e iguanas, las cuales se hallaban cautivas en un estado deplorable y de abandono en jaulas diminutas.
Los allanamientos se efectuaron en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos (en Paraná), Gran Buenos Aires y Capital Federal, en lugares que se destinaban a la recepción de estas especies producto de su caza furtiva, el cautiverio, procreación y posterior distribución para su venta ilícita en todo el país, e incluso también al exterior.
Además, se secuestraron armas largas y cortas, así como gran cantidad de elementos de arte para la caza, pieles de felinos y taxidermia todo ello producto también de la caza furtiva.
La investigación se inició en 2021 en dicho Departamento, a partir de una denuncia de venta irregular de animales exóticos, en la que tomó intervención la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA), a cargo de Ramiro González.
Se pudo corroborar la veracidad de lo denunciado, y se derivó el trámite al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak. Se encomendó la continuación de la investigación a la Unidad Policial mencionada, que consistió en diferentes tareas de campo, escuchas telefónicas y seguimientos. Se pudo establecer la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de especies protegidas, entre las que se destacaban el cardenal amarillo en eminente peligro de extinción, tortugas y reptiles con un alto valor en el mercado negro.
Según se informó desde la Policía Federal, esta red criminal contaba con una cadena de comercialización entre distintas provincias, en la que los animales, luego de ser capturados en forma masiva en las zonas de montes y bosques de las Tucumán, Santiago del Estero y Entre Ríos, eran transportados y acopiados en cautiverio en distintos domicilios particulares y comercios de “Pet Shop”.
Luego, con una variada logística entre vehículos particulares, micros de larga distancia y camiones, eran ocultados entre equipajes y cargas para no ser detectados en controles, llegando así a proveer a otros intermediarios, que abastecían a quienes comercializaban por redes sociales y otros métodos subrepticios, a nivel regional en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Llegaban de este modo al consumidor de “mascotismo”.
En este tramo de la cadena de comercio ilegal, se sumaban hechos de maltrato y crueldad animal que en muchos casos termina con la muerte de innumerables especies. Se estima que llegan a sobrevivir solo un 30% de los animales transportados, como consecuencia de la falta de agua, comida y de las condiciones y lugares donde son ubicados para el transporte para no ser detectados.
A través de la investigación se pudo establecer que los proveedores principales operaban en las Provincias de Santiago del Estero, Entre Ríos y Tucumán, hallándose en Buenos Aires una familia que se dedicaba a la venta de especies a través de redes sociales, concordando las entregas en cercanías de los domicilios, donde se manejaban impunemente.
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