El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos efectivizó la sanción de exclusión del ejercicio profesional a dos abogados de San José, en el departamento Colón.
Judiciales10/02/2023
Editor
Se trata de los hermanos Juan Manuel y José Luis Franquelli, involucrados en una causa por estafa procesal al truchar juicios laborales. La medida está contenida en la resolución Nº 30.328, del 4 de enero, aunque se relaciona con hechos que se ventilaron en Tribunales en 2018.
Los letrados fueron condenados en un juicio abreviado en 2018 por promover 17 juicios laborales truchos contra Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) en base a documentación que, después, se probó que era apócrifa y fingiendo accidentes laborales que nunca ocurrieron. Las aseguradoras involucradas en esas maniobras fueron Liberty y Mapfre. En los juicios laborales que promovían los hermanos Franquelli, el abogado defensor de los supuestos damnificados en juicios laborales siempre era el mismo: Carlos Almeyra.
La primera sanción, en 2019, fue aplicada por el Tribunal de Disciplina de Disciplina del Colegio de la Abogacía a partir de la apertura de la investigación penal preparatoria por parte de la Unidad Fiscal de Colón que devino en la apertura de la causa «Baez Adrián Edgardo y ots. s/Estafa procesal» y su acumulado «Almeyra Carlos Osvaldo y ots. s/Prevaricato», que concluyó con el dictado de una condena en juicio abreviado, que dictó la jueza de Garantías subrogante Melia María Rios, a los hermanos Franquelli.
A Juan Manuel Franquelli lo hallaron culpable “coautor materialmente responsable de los delitos de estafa procesal y prevaricato en grado de tentativa y lo condenaron a dos años de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer la abogacía en el territorio nacional.
En tanto, José Luis Franquelli fue hallado culpable del delito de estafa procesal en grado de tentativa reiterada y prevaricato en grado de tentativa, y recibió la condena a seis meses de prisión condicional y ocho meses de inhabilitación especial para ejercer la abogacía en el territorio nacional.
El caso llegó con un recurso de nulidad y apelación a la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que rechazó los reproches de los dos abogados, que en su defensa dijeron que la resolución del Colegio de la Abogacía “es nula por incurrir en violación de los principios de legalidad y reserva, reiterando su alegación sobre inconstitucionalidad las normas disciplinarias, regulatorias y Código de Ética; la garantía de juez imparcial descalificando el funcionamiento del Colegio al que considera como un club de amigos,en el que sólo algunas voces son escuchadas, y señalando que el Tribunal de Disciplina es `juez y parte`, por lo que no se garantiza el Juez imparcial, lo que conlleva la violación de la garantía del debido proceso”, publicó Entre Ríos Ahora.
Pero la Sala Laboral del STJ, con el voto de los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio –integrantes de la Sala Penal que subrogaron a sus colegas Germán Carlomagno, Bernardo Salduna y Susana Medina por excusación- rechazó el recurso, En su voto, el vocal Carubia entendió que no pudo acreditarse “la imaginaria conculcación de derechos humanos que amerite un apartamiento de la normativa conocida y aceptada por los profesionales, sin que el carácter de noveles abogados al momento de acaecimiento de los hechos por los resultaron en sendos procesos penales, pueda eximirlos de asumir las responsabilidades disciplinarias que conlleva su actuación completamente divorciada del plexo normativo y del reglamento ético que juraron respetar y, más allá, de los defectos que es dable advertir en el discurso motivacional de la decisión atacada, lo cierto y concreto es que asienta su conclusión en la existencia de la condena penal firme recaída contra los abogados aquí impugnantes, en la causa origen de esas actuaciones administrativas, cuyos hechos y responsabilidades emergentes han sido expresamente reconocidos en su autoría por ellos mismos, lo cual conduce inexorablemente a la sanción administrativa finalmente adoptada, desde que aquella condena importa una incompatibilidad para formar parte del Colegio de Abogados de Entre Ríos”.
El 4 de marzo de 2021, la misma Sala Laboral del STJ rechazó el recurso extraordinario federal para llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, los abogados sancionados fueron en queja a la Corte, que el 6 de septiembre de 2022 lo declaró “inadmisible”. (Entre Ríos Ahora)
En un análisis jurídico reciente, el abogado y docente Rubén Pagliotto afirmó que el artículo 2 de la Ley 11.222 —que restringe la competencia del juicio por jurados en la provincia— es abiertamente inconstitucional y supone un retroceso en materia de derechos.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
Fue en un juicio abreviado. Los sospechosos reconocieron que el 28 de mayo de 2021 fueron sorprendidos en el margen argentino del río Uruguay, a la altura de Colón. Dos fueron detenidos en inmediaciones de una embarcación en la que intentaron despojarse de 2.300 dólares, y el otro cuando, en la zona, intentaba eludir a los prefectos en una motocross nueva que incluso no le habían retirado los plásticos.
La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
La organización trasportó desde Salta hacia Buenos Aires 493 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2021. Tenían pistas de aterrizaje en Entre Ríos. Cinco integrantes fueron condenados con penas altas y millonarias sumas de multa. No se hizo lugar al pedido de reparación del daño que hizo un productor agropecuario de un campo en Colonia Sagastume, que llamó a la Policía Entre Ríos para denunciar la presencia de camionetas dentro de su campo. Perdió 290 toneladas de soja.
En la nómina del material secuestrado sobresale que se visualizaron y llevaron como prueba dos uniformes del Grupo Especial de la Policía. No hay información sobre si hay algún integrante de la fuerza que estuviera implicado en el narcomenudeo, o si, por el contrario, los narcos, copian las ropas del Grupo Especial de la Policía de Entre Ríos para fines non sanctos.
La familia llamó desesperada a la Policía, que rápidamente lo trasladó hasta el Hospital San Roque. Sin embargo, no pudieron reanimarlo.
La víctima contó que le llegaron mensajes pidiéndole la firma del 08. El ladrón admitió que la cambió por una camioneta. Prefirió no decir quiénes eran los integrantes de la comunidad gitana.
.
