La mujer se encuentra en un estado de hipervulnerabilidad dado que atraviesa una enfermedad crónica y terminal, sumado a su condición de indigente. La víctima de violencia de género demandó a la Caja de Jubilaciones para que se reconozca su derecho a la pensión.
Judiciales05/11/2022
Editor
En noviembre de 2014 mató a su marido violento. Fue acusada por homicidio calificado por el vínculo. Sin embargo, en 2016 la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, resolvió absolverla porque el tribunal entendió que actuó en ejercicio de la legítima defensa.
Pero la fiscalía y la querella se interpusieron y presentaron un recurso de casación para que la sentencia fuera revocada. El Tribunal Superior de Justicia intervino y confirmó que la mujer fue víctima de violencia de género y atravesaba una situación de pobreza. Por eso derivó la causa a otra Cámara del Crimen para que valore nuevamente los hechos.
Absolución
En ese contexto, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba exigió a la mujer que presente una sentencia absolutoria firme para comenzar a pagarle la pensión de quien fue su esposo (el hombre asesinado).
Por esta razón, la víctima de violencia de género demandó a la Caja de Jubilaciones y la Cámara Contencioso-Administrativa de 2º Nominación de la ciudad de Córdoba ordenó al organismo provincial que reconozca el derecho a la pensión.
Remarcaron que desde la actuación del TSJ hasta el nuevo pedido, pasaron más de tres años y cinco meses sin una condena firme, lo que no le permite acceder al beneficio. Esto, entendieron, la “somete a un nivel de indigencia incompatible con los derechos y garantías constitucionales”.
Fallo
Las vocales María Inés Ortiz de Gallardo y María Soledad Puigdellibol manifestaron que se respete el principio de inocencia y resaltaron el carácter alimentario del beneficio de pensión por fallecimiento.
Insistieron en que “entre las garantías mínimas que el Estado debe reconocer a todas las personas para asegurar el derecho a la defensa hay que mencionar necesariamente, el derecho a la presunción de inocencia que acompaña a la acusada durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”.
La mujer atraviesa un comprometido estado de salud luego de ser diagnosticada con una grave “enfermedad incapacitante” crónica y terminal en estado avanzado que la coloca en una situación de “hipervulnerabilidad”. Fue sometida a tratamientos oncológicos, que debe continuar pero no puede por falta de dinero: “Especifica que sus ingresos son escasos y derivan de una ayuda social del gobierno, extremo que también acreditó ante la demandada”.
La camarista Puigdellibol sostuvo que otra resolución “implicaría ejercer un tipo de violencia económica sobre la actora al privarla de los medios indispensables para una vida digna (…). Y concluye: “La aplicación de la causal de exclusión prevista en el artículo 37 inc. b) de la Ley N.° 8024 por la Caja, ha traído aparejada “una práctica lesiva de los derechos humanos fundamentales”.
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Este miércoles, familiares de Iñaki Medice, un joven de 18 años que perdió la vida en un accidente de tránsito en la esquina de avenida Presidente Illia y Diamante, se manifestaron frente a los tribunales de Concordia para exigir una condena ejemplar.
En el marco de la investigación por los presuntos pagos de coimas de la empresa Securitas y su subsidiaria local Tornell a exfuncionarios de Enersa, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, los peritos de Gendarmería Nacional lograron acceder a mensajes antiguos de la cuenta de WhatsApp de Claudio Tórtul. Allí encontraron evidencias que fundamentaron el allanamiento y la detención del expresidente de la empresa estatal entrerriana, Jorge González, en la mañana de este sábado.
Se trata Martín Poderti, actual miembro del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Las monedas habían sido secuestradas en una causa narco y estaba en la caja de seguridad de un banco, de donde el juez las habría "mejicaneado".
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Se trata de Daniel González y Javier Rubel, socios de Betail SA, una empresa pantalla con domicilio falso utilizada por el ex senador para la compra de departamentos en Paraná
Ocurre ahora con cada nuevo allanamiento, buscan bienes robados y se topan con kioscos de narcomenudeo, lo que demuestra la inserción de la droga en todos los barrios de Concordia.
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Bomberos Voluntarios de San José y Policía dependiente de la Departamental Colón, acudieron este jueves al kilómetro 156 de la Autovía Artigas, a raíz del incendio de un micro larga distancia.
