Crece la tensión en Villa Mascardi: la Policía fue a un terreno tomado, pero los mapuches se resisten a dejar el lugar

Sociedad 01/10/2022 Por Editor
En el operativo policial certificaron la presencia de integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu en la propiedad privada
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Mientras que efectivos de la Policía de Río Negro ingresaban al último predio privado de Villa Mascardi que fue usurpado por quienes se autodefinen como mapuches, la comunidad distribuía un comunicado en el que reafirmaba su control sobre ese “territorio recuperado”.

La orden de inspección que autorizó el Ministerio Público Fiscal de la provincia tenía como objetivo certificar la presencia en el lugar de integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu en la propiedad que pertenece al presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos.

Una veintena de efectivos de distintas unidades de orden público y la fuerza especial COER, de la Policía de Río Negro, ingresó a la propiedad y certificó indicios sobre la existencia de los encapuchados en el lugar.

De acuerdo a la información que confirmó el abogado defensor del damnificado, Ernesto Saavedra, la existencia de un árbol derribado en el acceso a la propiedad, chimeneas humeantes, bolsas con piedras y un arroyo cuyo curso fue desviado presuntamente por los usurpadores, fueron útiles para certificar la presencia de integrantes de esa comunidad en la propiedad privada.

“La diligencia fue exitosa”, resumió el defensor de Frutos. En simultáneo, integrantes de la violenta agrupación emitieron un comunicado en el que reafirmaban el “control territorial” en el terreno privado, luego de “ser recuperado por la comunidad Lafken Winkul Mapu”.

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El trámite se extendió por 20 minutos, tiempo en el que los efectivos, Frutos y su abogado ingresaron al terreno a través de Los Radales, otra de las viviendas vandalizadas por los mismos autores, recorrieron la totalidad de la superficie y tomaron registro de esos indicios.

Una vez que finalizó la diligencia, el mensaje de los encapuchados se hizo viral y ratificaron la posesión del terreno.

Horas antes de que se ejecute la orden que había impartido la fiscal jefe Betiana Cendón, Frutos había anunciado que su intención era recuperar la propiedad y pernoctar allí “en carpa”.

Sin embargo, luego de realizar la inspección ocular, la comitiva se retiró de La Cristalina y los mapuches – que durante esa labor se ocultaron en la parte alta de la montaña – volvieron al edificio principal de La Cristalina.

“Estamos recuperando territorio mapuche, donde vivieron nuestros antepasados, y recuperando nuestra vida mapuche”, afirmaron los encapuchados.

Dijeron además que “nos encontramos en una situación de represión” y denunciaron que fueron “reprimidos a tiros, sin importar” la existencia de familias con niños en el territorio usurpado.

Sin embargo, los dichos de los encapuchados fueron contrastados, no sólo por los efectivos policiales, sino también por testigos que participaron de la diligencia. “No hubo un solo disparo ni gritos. Sólo se escuchó un sonido, emitido con instrumento de viento, que sería utilizado por los mapuches para comunicarse entre sí”, aseguraron.

La Policía de Río Negro tomó la precaución de registrar con filmaciones y fotos la secuencia completa, en la que tampoco se advirtieron momentos de tensión.

“Vamos a seguir resguardado el territorio y a todas las familias que viven aquí”, sentenciaron los dos integrantes de la agrupación quienes, encapuchados, se presentaron como integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu.

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Otra constatación, más hostil

En la última diligencia de constatación que la Justicia – Federal en ese caso – se realizó en Villa Mascardi, hubo un crudo enfrentamiento entre integrantes de la violenta agrupación y uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA) que arribaron a Bariloche munidos de un potente equipamiento, tanquetas y equipos de comunicación.

El operativo –que también contó con la presencia de uniformados de Gendarmería Nacional– fue solicitado por el entonces Juez Federal subrogante, Gustavo Zapata, y se realizó en diciembre de 2020.

Más de 200 efectivos se trasladaron desde distintos puntos del país para cumplir con el requerimiento judicial. Sin embargo, durante el desarrollo del mismo, se produjo un violento enfrentamiento entre los efectivos y los integrantes de la comunidad, a pesar del cual “se pudo confirmar que la propiedad había sido usurpada”.

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