La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires salió al cruce de los sucesivos pronunciamientos del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, que había considerado «ilegal» el desplazamiento de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, sometida ahora a un proceso de jury por supuesto mal desempeño en su función a partir de la tramitación de la causa de los contratos truchos en la Legislatura.
Judiciales 15/12/2021
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En efecto, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Legales sostuvo en su último pronunciamiento que «la pretensión del desplazamiento es de una ilegalidad manifiesta por ausencia de legitimación, ya que, como es sabido, el Jury no es un órgano jurisdiccional y su función sólo se limita a acoger o rechazar la acusación final una vez abierta la instancia. El Tribunal carece de toda potestad para desplazar a un órgano esencial de la estructura de enjuiciamiento Constitucional. Tampoco posee facultades para declarar inconstitucionalidades o tomar decisiones legislativas, so riesgo de incurrir en los parámetros típicos del art.248 y conc. del Código Penal. Lo mismo sucedería en la hipótesis de efectuar nombramientos, consentir o aceptar funciones para las que se carece de legitimidad formal y sustancial (arts.246 y conctes. del Código Penal)».
Además, reprochó con severidad la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos que, en votación 6 a 1, decidió abrir causa a la Procurador Adjunta y Fiscal Anticorrupción, denunciada por tres abogados locales por supuesto mal desempeño en el manejo de la espinosa causa de los contratos truchos en la Legislatura, un agujero negro por el cual se succionaron cuantiosas cifras de dinero del Estado sin que de momento se sepa a manos de quién fueron.
El Jurado de Enjuiciamiento receptó las denuncias de los abogados Carlos Reggiardo y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet contra la Procuradora Adjunta y también el Procurador, Jorge García, cuyo caso fue derivado a la Legislatura para la apertura de un proceso de juicio político, que finalmente no prosperó. Pero además, por 5 votos a 2, el Jurado decidió apartar del rol acusador en el proceso de jury al Ministerio Público Fiscal, y designar acusadores «ad hoc», la decisión más fuertemente reprochada por el Procurador al pedir la recusación de 4 de los 7 integrantes del organismo: los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Martín Carbonell, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, y la representante del Colegio de la Abogacía, Sonia Rondoni.
A la recusación del Procurador, se sumó luego la Procuradora Adjunta, que recusó a 5 de los 7 miembros del Jurado de Enjuiciamiento.
En medio de las críticas de procuradores y de fiscales de todo el país al proceso de jury, ahora se conoció un pronunciamiento que busca poner freno a esas expresiones.
La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jueza María del Carmen Battaini, ministra del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, envió una nota al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal «a fin de transmitir la preocupación de los miembros de nuestra institución con motivo del cuestionamiento a la actuación del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos».
En un breve pronunciamiento, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia planteó: «En razón del tenor de las declaraciones sucedidas en estos días, exhortamos a actuar con prudencia y responsabilidad, procurando el respeto de las instituciones en el marco constitucional, en función del rol que nos ha sido asignado, para garantizar su normal desenvolvimiento y el estado de derecho».
Precisamente, este martes se inició una reunión en Paraná el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y del Consejo Federal de Política Criminal.
La convocatoria fue realizada con el objetivo de tratar «la grave situación institucional generada en la provincia de Entre Ríos, como derivación de los pedidos de Jury de enjuiciamiento a la Procuradora Adjunta y el ya desestimado al Procurador General, y la decisión ilegal de desplazar al Ministerio Publico Fiscal de ese trámite», según indicaron desde la Procuración General de la Provincia.
Al término del encuentro, se espera un nuevo pronunciamiento.
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