Para poder establecer un sistema de narcotráfico exitoso, un cártel necesita tres cosas: mercaderías para transportar, dinero para corromper a funcionarios públicos y armas para proteger sus intereses. Las primeras dos son fáciles de obtener en México, donde el narcotráfico se ha convertido en uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el gobierno nacional. Las armas son un tema a parte.

Dentro de México, obtener un arma de fuego es una labor casi imposible, pues el país cuenta con una sola tienda oficial en la Ciudad de México para su adquisición legal. Aún así, los capos de la droga han logrado obtener armas sin mayor dificultad.

¿El truco? Cruzar la frontera con Estados Unidos, donde las leyes de distribución son menos exigentes y las compañías proveen miles de armas de fuego al año.

A manera de respuesta, el gobierno mexicano impuso una demanda contra las mayores empresas productoras de armas en los Estados Unidos, buscando remediar la situación a la que se enfrenta el país.

En lugar de perseguir un proceso legal internacional, el gobierno mexicano optó por usar el poder judicial estadounidense, presentando la demanda a la Corte de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito de Massachusetts. Entre las empresas acusadas se encuentran Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta U.S.A. Corps y Glock Inc.

La demanda fue anunciada por el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en un evento junto a otros altos funcionarios mexicanos este miércoles. Entre los presentes destacaron Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados y el Senador Ricardo Monreal, una de las figuras prominentes en el mismo partido.

Dentro de la demanda, el gobierno mexicano argumenta que entre el 70% y 90% de las armas recuperadas en su territorio provinieron de los Estados Unidos, de las cuales un 68% fueron producidas por las empresas demandadas. Esto equivale a más de 340,000 armas de fuego por año a la disposición del crimen organizado.

 “Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una avalancha mortal de armas de estilo militar y otras armas particularmente letales que fluyen desde los Estados Unidos a través de la frontera hasta manos criminales en México” lee la demanda. “Esta inundación no es un fenómeno natural ni una consecuencia inevitable del negocio de las armas o de las leyes de armas de Estados Unidos. Es el resultado previsible de las acciones deliberadas y las prácticas comerciales de los Demandados “.

Así mismo, el gobierno mexicano destacó que en años recientes su contraparte estadounidense ha aminorado las restricciones sobre la venta de armas de fuego, las cuales han sido utilizadas por los Demandados para aumentar su producción. Particularmente, la demanda menciona la prohibición de venta de rifles de asalto en los Estados Unidos que expiró en 2004, resultando en un claro aumento en el número de armas producidas dentro del país.

En la introducción del documento, el gobierno mexicano declaró que “el fuerte aumento en las ventas de armas en los EEUU resultó en un aumento de 10 veces en los homicidios relacionados con armas en México, llegando a alrededor de 23,000 en 2019” agregando que “en 1997, solo el 15% de los homicidios se cometieron con una pistola” pero en 2021 “esa cifra había aumentado al 69%”.

La violencia se ha convertido en uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta México, registrando un total de 36,579 homicidios en el país el año pasado de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que equivale a 29 homicidios por cada 100 mil habitantes. La demanda resalta que el Consejo de Relaciones Exteriores estima que un 50% de los homicidios en México podrían ser atribuidos al crimen organizado.

 Para sorpresa de expertos jurídicos, el gobierno mexicano optó por evitar debates de legislación estadounidense, declarando que su demanda “no desafía o cuestiona la ley, política, o acciones de los Estados Unidos” pues lo que busca el gobierno de México es “responsabilizar y detener las acciones imprudentes de empresas privadas que previsiblemente envían sus armas a México”.

Así mismo, la demanda explícitamente evita la segunda enmienda de la constitución estadounidense, la cual otorga a los ciudadanos el derecho a poseer armas. En lugar de criticar dicho principio, el gobierno mexicano declaró que el caso “involucra a los Demandados por suministrar armas a nacionales mexicanos quebrantando la ley y otros individuos en México”, agregando que los cárteles “no tienen derechos bajo la Segunda Enmienda y los Demandados no tienen derecho” a suministrarles armas de fuego.

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