Reclusos identificados por las autoridades como miembros de pandillas están sentados en el piso de la prisión del Centro de Reclusión de Terrorismo en Tecoluca.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del miércoles (15.03.2023) la duodécima ampliación de un régimen de excepción, con lo que el país superará el año con esta medida pedida por el gobierno de Nayib Bukele y con la que se ha declarado una "guerra contra las pandillas".

El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

La solicitud de ampliación fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y fue aprobada por los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados con 67 votos de los 84 diputados.

La extensión de la medida, a la que el Gobierno de Bukele llama "guerra contra las pandillas", se aprobó sin estudio o debate legislativo.

Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.

Trasladan a 2.000 pandilleros a megacárcel

Antes de la aprobación, el presidente Bukele anunció en Twitter el traslado de 2.000 pandilleros a una nueva prisión de máxima seguridad, con lo que suman 4.000 reos en el recinto que, según el mandatario, es la "más grande de toda América".

"Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)", publicó el mandatario en Twitter.

De acuerdo con las cifras oficiales, son cerca de 66.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, y habrían sido puestas en libertad condicional unas 3.300.

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021. 

La mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción "no resolverá el problema" de las pandillas en El Salvador, aunque el 75,9 % de los ciudadanos aprueba la medida, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado en octubre de 2022.