La madre de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en la capital de La Pampa, y su pareja comenzaron a ser juzgadas como coautoras del crimen, en un debate oral que se realiza en los tribunales de Santa Rosa y que tendrá como primer testigo al padre de la víctima, que es querellante en la causa.

El juicio, que se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, comenzó a las 9 en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, que desde la noche del miércoles se encuentra fuertemente custodiada, en el marco de un operativo desplegado con 60 efectivos policiales.

Las acusadas Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, y Abigail Páez, su pareja, fueron trasladadas este jueves a la madrugada desde el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis, donde cumplen su prisión preventiva, hasta la Ciudad Judicial, donde quedaron alojadas en la alcaidía hasta ser llevadas a la sala del Tribunal de Audiencias integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

Declara el padre como testigo

Vestida con un buzo a rayas blanco y rojo, la mamá de Lucio se sentó en un extremo de la mesa asignada a las defensas, mientras que su pareja se ubicó en el sector contrario.

El juicio arrancó con los alegatos de apertura y se espera que luego declare como primer testigo Cristian Dupuy, padre de la víctima, quien, según su abogado, pedirá que las acusadas sean sacadas de la sala al momento de testimoniar.

También los jueces preguntarán a Valenti y Pérez si quieren declarar como imputadas, lo cual pueden hacer en cualquier momento del debate.

Para organizar el acceso al edificio judicial, se dispuso una puerta de ingreso para las imputadas y los testigos y otra para las partes y la prensa, que pudo entrar a la sala y tomar algunas imágenes en los primeros minutos.

El padre de Lucio llegó a los tribunales cerca de las 7.30 mientras que sus padres, abuelos del niño, lo hicieron una hora después debido a tuvieron un accidente de tránsito en su viaje a Santa Rosa, aunque sin consecuencias.

Mientras los involucrados en el juicio iban llegando al lugar, afuera unas 30 personas acompañaban con carteles en los que se leía "Justicia por Lucio".

Fuentes judiciales informaron a Télam que el debate se desarrollará hasta el 22 de diciembre y declararán cerca de 105 testigos.

Homicidio triplemente calificado

La acusación está encabezada por los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco, quienes consideran a la mamá de Lucio autora de "homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado".

Mientras que a Páez la acusan del mismo delito, pero con un agravante menos ya que no era familiar de Lucio, aunque, al igual que Espósito Valenti, también podría ser condenada a prisión perpetua.

El crimen de Lucio ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando el niño murió a raíz de los golpes recibidos.

Por la muerte del menor detuvieron a su madre y a la pareja de ésta, quienes en un primer momento estuvieron alojadas en la seccional 6ta. de Santa Rosa, donde recibieron duras agresiones, por lo que luego las derivaron a San Luis.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño "presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data" y que el deceso se produjo por una "hemorragia interna", producto de las agresiones.

"En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así", había dicho a Télam el forense Juan Carlos Toulouse.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.