El juez de Garantía N° 3 de Paraná, Ricardo Bonazzola, aceptó la solicitud de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación de ser querellante en una causa donde se investiga una grave denuncia de violencia institucional, incluidas torturas, contra un joven por parte de miembros de la Policía de Entre Ríos.

La presentación había sido realizada ante la fiscalía a cargo de Éric Zenclusen, con la firma del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

En el escrito se explica que el interés de la Secretaría en este caso “está dirigido a velar por las responsabilidades del Estado nacional ante la comunidad internacional en la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, interés que no se encuentra representado por el Ministerio Público Fiscal”.

El hecho que motivó la denuncia tuvo lugar el 1° de junio de 2022, cuando un grupo de agentes pertenecientes a la División Robos y Hurtos de la Policía de la provincia de Entre Ríos ingresó de manera violenta a la vivienda de Aldana Abigail Simi Rodríguez y Jonatan Exequiel Framulari, en Paraná. En el interior de la casa maltrataron a la pareja y se llevaron por la fuerza al joven, quien en ese momento solo vestía ropa interior.

Posteriormente, Aldana, y en compañía de su padre, se dirigió a diferentes dependencias policiales donde no le brindaron información concreta sobre el paradero de su pareja. Finalmente, a las 6 de la mañana del día siguiente le informaron que Framulari estaba en el hospital San Martin porque, de acuerdo a la versión policial, había tenido un accidente con su moto, consignaron desde la Secretaría que conduce Pietragalla.

Sin embargo, una vez que Framulari recibió el alta del centro médico, pudo relatar lo sucedido ante la defensora pública, Antonella Manfredi. Allí declaró que los policías se lo llevaron a la orilla del río, en una zona descampada donde lo torturaron con golpes, ahorcamiento y lo sumergieron al río hasta que perdió la conciencia, agregaron.

En junio, desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia informaron que habían abierto una investigación interna ante la denuncia de Framulari. El caso mereció un fuerte repudio de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) que emitió un comunicado exigiendo que se tomen las medidas necesarias para el esclarecimiento de este caso, que se actúe con la "debida diligencia, celeridad e independencia" y se garantice la integridad física de la víctima y su grupo familiar, ya que "siguen siendo hostigados por personal de la fuerza de seguridad".