La secretaría de Derechos Humanos fue aceptada como querellante en un caso de violencia institucional. Se investiga el secuestro y tortura a un joven de Paraná.
Judiciales25/08/2022
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El juez de Garantía N° 3 de Paraná, Ricardo Bonazzola, aceptó la solicitud de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación de ser querellante en una causa donde se investiga una grave denuncia de violencia institucional, incluidas torturas, contra un joven por parte de miembros de la Policía de Entre Ríos.
La presentación había sido realizada ante la fiscalía a cargo de Éric Zenclusen, con la firma del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
En el escrito se explica que el interés de la Secretaría en este caso “está dirigido a velar por las responsabilidades del Estado nacional ante la comunidad internacional en la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, interés que no se encuentra representado por el Ministerio Público Fiscal”.
El hecho que motivó la denuncia tuvo lugar el 1° de junio de 2022, cuando un grupo de agentes pertenecientes a la División Robos y Hurtos de la Policía de la provincia de Entre Ríos ingresó de manera violenta a la vivienda de Aldana Abigail Simi Rodríguez y Jonatan Exequiel Framulari, en Paraná. En el interior de la casa maltrataron a la pareja y se llevaron por la fuerza al joven, quien en ese momento solo vestía ropa interior.
Posteriormente, Aldana, y en compañía de su padre, se dirigió a diferentes dependencias policiales donde no le brindaron información concreta sobre el paradero de su pareja. Finalmente, a las 6 de la mañana del día siguiente le informaron que Framulari estaba en el hospital San Martin porque, de acuerdo a la versión policial, había tenido un accidente con su moto, consignaron desde la Secretaría que conduce Pietragalla.
Sin embargo, una vez que Framulari recibió el alta del centro médico, pudo relatar lo sucedido ante la defensora pública, Antonella Manfredi. Allí declaró que los policías se lo llevaron a la orilla del río, en una zona descampada donde lo torturaron con golpes, ahorcamiento y lo sumergieron al río hasta que perdió la conciencia, agregaron.
En junio, desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia informaron que habían abierto una investigación interna ante la denuncia de Framulari. El caso mereció un fuerte repudio de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) que emitió un comunicado exigiendo que se tomen las medidas necesarias para el esclarecimiento de este caso, que se actúe con la "debida diligencia, celeridad e independencia" y se garantice la integridad física de la víctima y su grupo familiar, ya que "siguen siendo hostigados por personal de la fuerza de seguridad".
En un análisis jurídico reciente, el abogado y docente Rubén Pagliotto afirmó que el artículo 2 de la Ley 11.222 —que restringe la competencia del juicio por jurados en la provincia— es abiertamente inconstitucional y supone un retroceso en materia de derechos.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
Fue en un juicio abreviado. Los sospechosos reconocieron que el 28 de mayo de 2021 fueron sorprendidos en el margen argentino del río Uruguay, a la altura de Colón. Dos fueron detenidos en inmediaciones de una embarcación en la que intentaron despojarse de 2.300 dólares, y el otro cuando, en la zona, intentaba eludir a los prefectos en una motocross nueva que incluso no le habían retirado los plásticos.
La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
La organización trasportó desde Salta hacia Buenos Aires 493 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2021. Tenían pistas de aterrizaje en Entre Ríos. Cinco integrantes fueron condenados con penas altas y millonarias sumas de multa. No se hizo lugar al pedido de reparación del daño que hizo un productor agropecuario de un campo en Colonia Sagastume, que llamó a la Policía Entre Ríos para denunciar la presencia de camionetas dentro de su campo. Perdió 290 toneladas de soja.
- Perfil del médico: Daniel Ojeda era cirujano oriundo de Concordia, Entre Ríos. Su nombre se hizo conocido por haber realizado prácticas estéticas clandestinas que derivaron en la muerte de dos pacientes y en lesiones graves a otras. Daniel se había hecho conocido por ser un cirujano especializado en infantes, antes que accediera a la práctica de la cirugía estética y liposucción.
En la nómina del material secuestrado sobresale que se visualizaron y llevaron como prueba dos uniformes del Grupo Especial de la Policía. No hay información sobre si hay algún integrante de la fuerza que estuviera implicado en el narcomenudeo, o si, por el contrario, los narcos, copian las ropas del Grupo Especial de la Policía de Entre Ríos para fines non sanctos.
La familia llamó desesperada a la Policía, que rápidamente lo trasladó hasta el Hospital San Roque. Sin embargo, no pudieron reanimarlo.
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