Amnistía Internacional (AI) alertó sobre la “estigmatización, discriminación y persecución” al pueblo mapuche.
Internacionales08/11/2021
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El Gobierno chileno se querelló contra quienes “resulten responsables” del delito de porte ilegal de armas y paramilitarismo tras difundirse un video con hombres encapuchados portando rifles automáticos de guerra en la zona sur, sacudida por el conflicto indígena y la violencia rural. El registro, que circula hace varios días en redes sociales, muestra a un grupo de cerca de medio centenar hombres fuertemente armados bajo el nombre de Weichan Auka Mapu (WAM), una organización radical autonomista mapuche que reivindica acciones de sabotaje contra grandes empresas forestales en la región de La Araucanía, más de 700 kilómetros al sur de Santiago.
En el video se vierte la amenaza de combatir “con armas” a las fuerzas de seguridad del Estado chileno si estas no abandonan el territorio, dada la militarización de la zona que decretó el Gobierno con el objetivo de contener una escalada de violencia, donde han sido frecuentes los ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras y tiroteos con víctimas mortalesFinal del formulario
“Primero, como iniciativa populista frente a las elecciones de noviembre y maniobra distractora ante la acusación constitucional del imputado Piñera”, explica en el video el líder, con la cara cubierta, en referencia al presidente chileno.
El vocero sigue: “Segundo, ante el fortalecimiento de una ultraderecha golpista, y la debilidad de una centroizquierda servil y amarilla, los cuales con sus acciones de traición y de no responder a las dignas demandas del pueblo, una vez más se ponen al servicio de los reales dueños de Chile, que al ver amenazados sus intereses han presionado al gobierno para que instale a los militares en el Wallmapu “.
Según la querella presentada por el Ejecutivo, lo mostrado en el video permite sostener que se está en presencia de un “grupo armado organizado dispuesto a utilizar las armas para el logro de sus objetivos”.
El sur de Chile ha experimentado en el último tiempo una ola de violencia y muchos de esos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país por las tierras que estos últimos habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó a mediados del pasado octubre el estado de excepción constitucional en la zona, que en la práctica supone una militarización y emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, para combatir esta violencia así como el narcotráfico y el crimen organizado.
La situación actual ha despertado diversas reacciones, como la de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), con sede en Santiago de Chile, que lamentó la reciente muerte de un comunero mapuche en un operativo de seguridad y expresó su preocupación por la militarización decretada por el Gobierno y la escalada de violencia que se está produciendo.
Del lado argentino
Amnistía Internacional (AI) alertó sobre la “estigmatización, discriminación y persecución” al pueblo mapuche en Argentina, después de una serie de ataques incendiarios en la sureña provincia de Río Negro provocados presuntamente por grupos mapuches en octubre.
En un comunicado, la organización de derechos humanos advirtió acerca de la existencia de un “discurso alarmante” en torno a los “reclamos territoriales” de los mapuches, reproduciendo las “mismas estrategias de persecución” que se producen en Chile.
“La violencia y estigmatización no puede ser la respuesta a una cuestión de derechos humanos como es el reclamo por los territorios indígenas”, aseveró Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Por ese motivo, Amnistía Internacional convocó a las autoridades nacionales y provinciales para instaurar “políticas integrales” que garanticen los derechos de los pueblos originarios y ha solicitado al Congreso argentino la prórroga “urgente” de la Ley 26.160, sancionada a finales del 2006 y que suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas.
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