Rechazan la provincialización de rutas nacionales y advierten que es “ilegal e inconstitucional”

A través de un comunicado, la entidad cuestionó el Decreto 253/2026, recientemente publicado en el Boletín Oficial, al sostener que “carece de una ley formal que lo respalde”, lo que —afirman— contradice lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional.

Además, señalaron que la iniciativa “viola principios de legalidad, razonabilidad y federalismo”, y advirtieron que no contempla una transferencia presupuestaria a las provincias, requisito que también consideran indispensable.

Desde Conaduv criticaron que el Estado nacional “abandone su obligación de mantener en buen estado la red vial”, al tiempo que denunciaron una “mala administración” de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.

En ese marco, alertaron que la transferencia de rutas a las provincias o al sector privado podría generar “graves consecuencias” en materia de seguridad vial, economías regionales y logística productiva.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento es el sistema de peaje. Según indicaron, el decreto implicaría la imposición de una “carga económica obligatoria sin respaldo legal”, lo que configuraría un “impuesto encubierto”. En ese sentido, remarcaron que la Constitución establece que solo el Congreso puede crear tributos.

También plantearon que la medida vulnera el sistema federal, al trasladar responsabilidades a las provincias sin garantizar los recursos necesarios, y que afecta derechos constitucionales como la libre circulación y la propiedad.

El organismo advirtió además sobre una posible “doble imposición”, al superponerse el cobro de peajes con el impuesto a los combustibles, sin que exista una contraprestación adecuada en términos de servicios.

Por último, Conaduv reclamó la elaboración de un plan vial integral a nivel nacional, que contemple toda la red caminera y garantice el uso de los fondos específicos para su mantenimiento, “sin peajes y sin barreras”.

Asimismo, propuso fortalecer el rol de la Dirección Nacional de Vialidad y avanzar hacia un sistema de transporte multimodal que incluya infraestructura vial, ferroviaria y fluvial.

“El derecho a transitar libremente por el territorio argentino debe ser garantizado. Con peajes en rutas sin alternativas libres de pago, no hay libertad”, concluye el comunicado.

(APFDigital)