SILENCIO DE RADIO Por Ordenanza, el Concejo sepultó la Radio Urbana Municipal a instancias de Sastre.

La derogación de la ordenanza que había dado origen a la Radio Pública Municipal generó una inmediata fractura de opiniones. Mientras sectores opositores y actores vinculados a la comunicación comunitaria expresaron su rechazo, desde el oficialismo se defendió la medida apelando a criterios de ahorro fiscal y redistribución presupuestaria.

Concordia25/07/2025TABANO SCTABANO SC
SASTRE
Felipe “Gorila” Sastre, sostuvo la decisión de Azcué de cerrar la radio pública.

En declaraciones a El Sol–Tele5, el concejal Felipe Sastre (PRO) justificó el cierre argumentando que “el intendente Azcué ha decidido optimizar el gasto público” y que, en ese marco, “la Radio Municipal implica un costo estimado de 150 millones de pesos anuales para la ciudad”. Según sostuvo, ese monto equivale al 10% del plan de pavimentación próximo a ejecutarse, por lo que consideró “desproporcionado financiar con impuestos un medio oficial cuando existen numerosos medios independientes que se sostienen con esfuerzo propio”.

 ¿Aparato de propaganda o servicio público?

Sastre fue más allá al calificar a la Radio Urbana como “un aparato de propaganda oficial impropio de una democracia moderna del Siglo XXI”. Al reconstruir su origen, atribuyó su creación a una maniobra del exintendente Gustavo Bordet, “con el objetivo de acallar a periodistas críticos de su gestión”. La afirmación, sin prueba documentada, instala una narrativa que desvirtúa la función pública de los medios estatales como espacios de pluralismo y acceso ciudadano a la información.

Activos, pasivos y silencios presupuestarios

Respecto al futuro del personal, el edil indicó que se realizará una “reasignación” dentro de la estructura municipal. También aseguró que se transferirán los activos de la emisora y se asumirá el pasivo correspondiente. Sin embargo, no se precisó cómo se garantizará la continuidad laboral ni qué criterios se aplicarán para redistribuir funciones. Tampoco se presentó un estudio técnico sobre el impacto comunicacional del cierre ni se convocó a audiencias públicas, lo que limita el debate democrático sobre el destino de los medios estatales.

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