Señales: avanza el caso por coimas en el Senado y crecen las causas contra el Gobierno

La abogada Valeria Carreras recibió esta semana una notificación que no esperaba: fue citada por la fiscalía de Carlos Stornelli para prestar declaración testimonial el próximo jueves 7 de agosto, en el marco de una causa por presunto cohecho en el Senado de la Nación.

La denuncia fue presentada en 2024 con el objetivo de que se investigue si hubo pago de coimas para aprobar la controvertida Ley Bases. Luego de varios meses sin avances, la causa —caratulada como “Kueider Edgardo s/ cohecho”— comenzó a moverse.

Carreras amplió su denuncia en diciembre, cuando estalló el escándalo de Edgardo Kueider: el exsenador fue hallado en la frontera entre Paraguay y Brasil con una mochila repleta de dólares. Poco después, la abogada volvió a ampliar su presentación luego de que un reconocido desarrollador inmobiliario revelara en el programa radial Mañana Sylvestre que la secretaria de Kueider, Iara Guinsel Costa, había intentado comprar cinco departamentos en Paraguay.

¿Señal de época? ¿Comodoro Py empezó a olfatear que algo huele mal en Mileilandia? Son preguntas que, por ahora, solo el tiempo, los jueces y los fiscales podrán responder.

Milei, Karina y $LIBRA: otra causa caliente
Mientras tanto, en otro expediente que toca lateralmente al caso $LIBRA, el periodista Ariel Stemphelet reveló en Tiempo Argentino que el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó a favor del niño Ian Moche, representado por el abogado Andrés Gil Domínguez, quien presentó una demanda contra Javier Milei.

El reclamo fue por los posteos que el presidente compartió en su cuenta oficial de X (con tilde gris), donde sugería que las apariciones públicas de Ian —quien tiene autismo y milita por la visibilidad de la condición— tenían fines políticos.

El fiscal consideró que se trata de un caso de competencia federal, ya que el demandado es el presidente en ejercicio. Esta posición choca de frente con la que adoptó la Oficina Anticorrupción en el expediente de $LIBRA, donde presentó un dictamen más parecido a una defensa que a un control institucional.

Ahora, será tarea de la jueza María Servini y del fiscal Eduardo Taiano decidir cómo se interpretan legalmente los posteos del mandatario, en una causa que se originó con la publicación del presidente del 14 de febrero, donde dio a conocer el lanzamiento de la polémica criptomoneda $LIBRA.

Casi todos los funcionarios del Gobierno nacional enfrentan investigaciones judiciales. Un dato que pasó desapercibido surgió en el fallo con el que el juez Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández por el caso de los Seguros.

En la nota al pie número 329, Casanello citó un antecedente clave: el procesamiento de Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, por su rol durante el gobierno de Mauricio Macri como secretario de Finanzas. Se lo investiga por haber facilitado la colocación de deuda pública a través de un banco privado para el que había trabajado, en un posible caso de conflicto de intereses.

Además, el Gobierno sufrió un duro revés en la justicia laboral. Esta semana, la Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió de forma definitiva el DNU que restringía el derecho a huelga y ampliaba el listado de actividades “esenciales”. El tribunal determinó que no estaban dadas las condiciones de necesidad y urgencia para justificar su aplicación.

La justicia le pone freno al “método Bullrich”
En las últimas horas, dos fallos dejaron en evidencia el hartazgo del Poder Judicial con la política represiva de Patricia Bullrich. La Cámara Federal de San Martín excarceló a la concejala Eva Mieri, luego de haber hecho lo mismo con la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar.

Ambas habían sido detenidas por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa por el escrache con estiércol a la casa del diputado José Luis Espert, un hecho que fue ampliamente difundido por el Ministerio de Seguridad. No obstante, el viernes, Arroyo Salgado igualmente decidió procesarlas.

Por otro lado, la jueza Servini sobreseyó a las últimas 16 personas que seguían imputadas por “intimidación pública” tras la protesta contra la Ley Bases frente al Congreso, el 12 de junio de 2024.

En su fallo, la magistrada afirmó que a los acusados “no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa —máscaras, ondas, piedras, palos, etc.— y no pudo obtenerse registro fílmico alguno que los vincule al accionar endilgado". En otras palabras, la intentona golpista solo existió en la imaginación de la ministra.