El país que no votamos: el gobierno paralelo de los poderes fácticos en Argentina

 
Los medios y su monopolio del relato
En Argentina, los grandes medios de comunicación no solo informan, sino que moldean la opinión pública para defender intereses concentrados. El Grupo Clarín, con una facturación superior a $150.000 millones, controla canales de televisión, radios, diarios y plataformas digitales, convirtiéndose en un “cuarto poder” capaz de influir en elecciones y políticas públicas.

Su alianza con sectores judiciales y políticos de derecha transformó la narrativa dominante en una persecución sistemática contra Cristina Kirchner y el kirchnerismo, impulsando campañas mediáticas que preceden y condicionan procesos judiciales. Otros medios, como La Nación o Infobae, cumplen el rol de voceros del poder económico, con periodistas que reproducen discursos conservadores y fomentan el discurso de odio político.

En las redes sociales, trolls y cuentas financiadas por grupos vinculados al PRO y Milei multiplican la desinformación y amplifican operaciones de desprestigio, formando un ecosistema mediático que promueve la fragmentación social y la polarización extrema.

 
Justicia selectiva: cuando los jueces dictan sentencia antes del juicio
El Poder Judicial argentino se ha convertido en un actor político central, alineado con sectores del poder económico y mediático. Los tribunales de Comodoro Py son la base desde donde se orquestan causas judiciales emblemáticas contra dirigentes populares, mientras otros actores quedan impunes.

Jueces y fiscales como Claudio Bonadio, Julián Ercolini y Carlos Stornelli fueron claves en la persecución judicial a Cristina Kirchner, muchas veces en procesos plagados de irregularidades y filtraciones a los medios antes de la instancia formal. La Corte Suprema, dominada por magistrados designados bajo gobiernos conservadores, actúa más como garante del statu quo que como garante de la justicia.

La existencia de una mesa judicial en el gobierno de Macri, revelada en causas por espionaje ilegal, mostró la íntima relación entre el poder político, judicial y mediático para manipular causas y disciplinar opositores, erosionando la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.

 
El empresariado: poder sin urnas que condiciona al país
Los grandes grupos empresariales argentinos no necesitan gobernar para imponer su agenda. Empresas como Techint, Arcor, IRSA y Pampa Energía, organizadas en asociaciones como AEA, IDEA y la UIA, ejercen presión mediante el control de precios, la huelga de inversiones, la fuga de capitales y el financiamiento indirecto de campañas electorales.

Este poder económico condiciona las políticas públicas, provoca inflación autogenerada, empuja devaluaciones y genera un escenario donde el consumo interno se desploma mientras las ganancias empresariales se disparan. El caso del gobierno de Javier Milei ejemplifica esta dinámica: medidas liberales que benefician a las grandes firmas, con un costo social elevado y un futuro productivo comprometido.

 
Deuda externa y FMI: la jaula que limita la soberanía
La deuda externa, en manos de acreedores internacionales y el Fondo Monetario Internacional, se usa como mecanismo para condicionar a los gobiernos populares. El acuerdo récord de 2018 con el FMI, diseñado para sostener la gestión de Macri, terminó en una fuga masiva de capitales y un ajuste severo que golpeó a la mayoría de la población.

Cristina Fernández se opuso desde el inicio a este modelo, denunciando que la deuda es una “estafa política contra la democracia”. Sin embargo, la dependencia del FMI persiste y el organismo internacional sigue imponiendo recetas que recortan gasto social, salarios y soberanía económica, debilitando el Estado y limitando cualquier proyecto de desarrollo autónomo.

 
Un futuro devastador si el poder real no se frena
Argentina enfrenta un sistema de poder paralelo que no responde a las urnas ni a las demandas populares. Medios concentrados, justicia parcial, empresarios sin control y un endeudamiento extranjero constituyen un entramado que condiciona y desarticula la democracia.

La persecución judicial a Cristina Kirchner simboliza esta batalla entre el poder real y la soberanía popular. Si el país continúa dominado por estos poderes fácticos, la profundización de la desigualdad, el vaciamiento institucional y la pérdida de autonomía marcarán un futuro devastador para millones de argentinos.

La democracia plena solo será posible cuando la política recupere su independencia, las instituciones se fortalezcan y el poder económico y mediático sean controlados para servir al interés común y no a una élite que gobierna desde las sombras.