La izquierda se sumó al rechazo de la intervención del Iosper

Este martes el Ejecutivo provincial dio a conocer el Decreto 3675 que inicia la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), nombrando a Mariano Gallegos como interventor, un abogado oriundo de Buenos Aires y alfil del PRO, y a Marina Alegre, en carácter de subinterventora, ex funcionaria del Ministerio de Salud y asociada a UPCN.

En este marco el MST manifestó su posición a través del siguiente comunicado:

“Tras años de una obra social en crisis, con corte de prestaciones, demoras de pago a profesionales de la salud y trabas burocráticas para acceder a las practicas ahora el gobierno decide impulsar esta intervención que tiene como objetivo según las declaraciones del gobernador: “La intervención del Iosper no es solo una medida administrativa; es una respuesta a meses de incremento en el déficit mensual y una caída alarmante en la calidad de las prestaciones”. Esta intervención busca auditar los aspectos financieros, administrativos, contables, presupuestarios y legales en un plazo de 30 días hábiles y faculta a contratar a Universidades Públicas para realizar las auditorias si fuese necesario”.

“El Iosper brinda cobertura a todos los empleados estatales de la provincial, es decir a más de 300.000 afiliadas y afiliados, y desde 1998 su administración le fue delegada a representantes de los trabajadores. El directorio se define por votación directa de los afiliados, donde se eligen 7 representantes: uno por los activos del Poder Judicial y Legislativo, por empleados de la obra social, por activos del Poder Ejecutivo, por docentes, por municipales, por jubilados y por retirados de la policía, respectivamente. Todo control social, ya limitado, queda anulado con esta intervención”.

“Desde el MST en el FITU rechazamos toda intervención del gobierno porque Frigerio no la piensa para garantizar el derecho a la salud, sino para sostener la privatizaciones y precarizaciones de nuestro sistema de salud. Es inaceptable que frente a la crisis de Iosper, que se arrastra hace años, gobierno tras gobierno ensayen medidas que profundizan el desfinanciamiento mediante el incentivo a la privatización y la precarización que se da por dos mecanismos claros: el insuficiente aporte patronal, siendo el más bajo del país y el estancamiento de los salarios de trabajadores estatales, con salarios que nunca logran superar las crisis inflacionarias”.

“Esto no solo se traduce en el achicamiento de las coberturas, sino que arroja a los trabajadores a recurrir a recursos de amparo para cubrir prestaciones, como tratamientos oncológicos, y en la precarización de trabajadores de la salud como los acompañantes terapéuticos y del sector de discapacidad”.

“Hoy frente a esta intervención tenemos que volver alertar lo evidente: la salud es un derecho y esta acción del gobierno genera muchísima preocupación. Mientras somos rehenes de los negociados que implican un sistema de salud tripartito y descentralizado, con salud pública desfinanciada, obras sociales en crisis y las privadas que solo piensan en las ganancias, lo único que se profundiza año tras año en nuestra provincia, al igual que en el país, es que el sistema de obras sociales y la salud privada existen gracias al permanente saqueo de recursos de la salud pública”.

“Así los intereses privatistas socavan nuestros derechos, provocando que hoy estemos en esta extrema situación donde es nuestra salud la que se pone en juego. Para resolver esta situación es fundamental democratizar el funcionamiento y la conducción de la obra social, los sindicatos como UPCN también son responsables de esta situación, porque el Iosper no está en manos de los propios trabajadores que la solventan, y estas “representaciones” no estuvieron nunca a la altura de defendernos, y la intervención festejada por estos sectores demuestra que solo va a servir para que el Iosper siga funcionando como el motín de un par de funcionarios de turno”.

“La democratización real es la salida necesaria, que la obra social sea efectivamente de los trabajadores con auditorías públicas e independientes. Pero fundamentalmente tiene que ir acompañada a un cambio radical del sistema de salud. Hay que avanzar en un sistema de salud único con financiamiento 100% estatal, esto resolvería el problema presupuestario porque toda la masa de ingresos y la infraestructura fragmentada estaría al servicio de la salud de las poblaciones, en el camino de romper con el paradigma que considera a la salud como un privilegio y un negocio”. (APFDigital)