El desempeño de las fiscalías entrerrianas sigue siendo muy bajo

La investigación estuvo a cargo del Inecip (Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales). Se basó en datos oficiales que permitieron encontrar respuesta a una pregunta muy sencilla: ¿En cuántos casos penales que le ingresan, el Ministerio Público Fiscal logran obtener una salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima o potencial?

 
Como “salida con incidencia político – criminal” el estudio define a las respuestas de Fiscalía que impacten en el control de la criminalidad. Puede tratarse de condenas, suspensión del juicio a prueba o acuerdos reparatorios.

“En otras palabras, en cuántos casos las fiscalías logran el objetivo (ya que eso es la eficacia) político-criminal más básico. Se trata de una instancia mínima y elemental de evaluación”, detalla el informe de Inecip.

 
Al entrar en el detalle, el relevamiento hecho en base a datos de 2022, puntualiza que en el MPF entrerriano ingresaron 89.107 casos. De ese universo, hubo apenas 1.688 condenas, 1.596 suspensiones del juicio a prueba y 2.499 acuerdos reparatorios.

 
Otro punto donde hecha luz la investigación del Inecip es en la ausencia de una definición de política criminal, problema que aqueja a Entre Ríos y a otros distritos. Esto impide procesar de manera adecuada el caudal cada vez más importante de denuncias que llegan a las fiscalías.

 
“Esto no puede ser tratado como un problema coyuntural que pueda solucionarse con “parches” o con “más cargos” que nunca son suficientes. Tampoco pueden resignarse a criticar el fenómeno legislativo de la “inflación penal” sin tomar cartas en el asunto”, señala el estudio.

 
“Los MPF deben asumir que esto es un problema estructural, que probablemente sólo tienda a extenderse, y ante el cual debe tomarse una política institucional permanente de control de los ingresos, que permita delimitar un universo de casos a los cuales se les buscará dar algún tipo de respuesta”, consigna.

 
El Ministerio Fiscal de Entre Ríos está bajo la égida de Jorge Amilcar Luciano García. El funcionario judicial fue nombrado en el cargo, sin pasar por el Consejo de la Magistratura, en diciembre de 2007 a instancias del entonces gobernador Jorge Busti.

 
García había anunciado su jubilación para 2019 pero aún continúa en el cargo. Durante todos estos años, y a pesar de la vigencia del Consejo de la Magistratura como órgano para designar cargos en la justicia, el nivel de designaciones de fiscales en forma transitoria creció hasta llegar al 70% del total. Todos son hechos por la mera determinación de García, sin mediar ningún otro procedimiento. (APFDigital)