
Agmer rechazó la oferta y la jueza dio por cerrada la conciliación
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) rechazó la oferta salarial que presentó el Gobierno en la quinta audiencia de conciliación rehusó una petición para convocar a congreso y debatir lo ofrecido.
Editorial20/09/2024

Tampoco la jueza laboral María Alejandra Abud, que dictó la conciliación el 22 de agosto a pedido del Gobierno y por un plazo de 20 días hábiles. Esa conciliación judicial concluyó este viernes y a pesar del pedido del Ejecutivo de prorrogar la medida, la magistrado dispuso el cierre del proceso, y así quedan firmes los cinco días de huelga aprobados por Agmer: miércoles 25 y jueves 26, y martes 1º, miércoles 2 y jueves 3 de octubre.
La oferta que llevó el Gobierno fue:
– El pago de $32.000 no remunerativo no bonificable para octubre, noviembre y diciembre. en concepto de compensación de pérdida por Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad
– Aumento para los meses de septiembre a diciembre 2024 igual al IPC – Indec nivel general – del mes inmediato anterior.
– Dos pagos de 3,275% con los salarios de septiembre y octubre 2024 respectivamente a los efectos de mitigar el desfasaje ante la caída de Fonid y la diferencia por inflación.
– Una cláusula que garantiza, al final del semestre, una evaluación del IPC del período, a ser aplicada con los salarios de enero de 2025.
– Una cláusula que garantiza un salario mínimo de bolsillo para un cargo docente de un 10% por encima de la canasta básica para un hogar de 4 integrantes, según datos del Indec.
– Aumento del tope del código 029 para cubrir hasta 80 km.
Pagar esa suma fija de $38 mil durante tres meses equivale a $ 5.155 millones.
Ese monto equivale, según los cálculos oficiales a :
– Lo invertido por el gobierno provincial en el funcionamiento de dos meses de los 1800 comedores que son asistidos en Entre Ríos. Son dos meses de darle un plato de comida a 180.000 alumnos.
– Son siete meses de cobertura de recorridos del Instituto Becario.
– Son seis meses de bacheo en rutas entrerrianas
– Son las 50 escuelas en estado crítico que se están reparando y poniendo en condiciones.
Pasos
La última audiencia de conciliación judicial se realizó este viernes, desde las 17, ante la jueza laboral María Alejandra Abud, la magistrada que el último 22 de agosto acogió favorablemente un pedido del Gobierno y dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los docentes por una actualización salarial para el segundo semestre.
La negociación paritaria transitó varias instancias, desde el 19 de julio, y después de tres sucesivas propuestas salariales rechazadas -el 22 de julio, el 30 de julio, el 9 de agosto- el Gobierno decidió pagar el aumento por decreto, anuncio que se concretó el martes 13 de agosto. Pero como el malestar docente siguió con sucesivas medidas de fuerza -a lo largo del último mes se concretaron siete huelgas- decidió acudir a la Justicia para zanjar el entredicho.
La juega Abud dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 20 días hábiles, que concluyéron este v ier5nes 20 de septiembre.
Hubo cuatro audiencias de conciliación. La cuarta, el miércoles 17, sirvió para que el Gobierno presentara una oferta de recomposición salarial, pero fue rechazada por el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que el jueves 19 se sesionó en Villaguay.
El congreso dispuso cinco días de paro: miércoles 25 y jueves 26, y para los días martes 1º, martes 2 y jueves 3 de octubre.
Agmer rechazó la propuesta salarial presentada el pasado miércoles 17 de septiembre por el Gobierno, declarándola insuficiente y distorsiva.
Además, dispuso ejecutar un paro de 48 horas los días 25 y 26 de septiembre con acciones departamentales, que denuncien a la comunidad entrerriana las condiciones laborales y salariales en las cuales desarrollamos nuestro trabajo las y los educadores entrerrianos. Y un paro de 72 horas los días martes 1º, miércoles 2 y jueves 3 de octubre.
El gremio votó realizar una marcha provincial en uno de los días de paro con fecha a definir por comisión directiva central.
Y exigió al Gobierno una pauta salarial que «repare la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación».



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