Poder Judicial: las designaciones y una licencia que fue impugnada

Jorge Busti en su tercera gobernación creó el consejo, pero además se auto limitó a elegir al primero de la terna pudiendo, por ley, hacerlo con el segundo o tercero. Lo cumplió. 

Luego, Sergio Urribarri, inauguró la posibilidad de hurgar en la terna, pero no faltó mucho para caer en su especialidad: el escándalo. Fue en 2008 con el caso de Julio Humberto Albornoz, fiscal que había quedado a un paso de titularizar el cargo de juez de Instrucción en Diamante. El pliego fue rechazado por el Senado sin explicaciones (en estos casos no se exige). El eterno presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el veterinario Aldo Ballestena, se despachó con la respuesta automática con la que se manda a su casa a un aspirante: “No alcanzó convicción”. Albornoz había iniciado una investigación sobre el entonces senador justicialista y diamantino, Raúl Taleb, lo que generó un obvio manto de sospecha la bocha negra que tuvo su pliego. A Pablo Conti le sucedió algo similar, los senadores no aprobaron el pliego, pero la ciudadanía no tuvo acceso ni siquiera a la sospecha. 

El otro caso fue el de Ángel Moia, quien no pudo titularizar en el Juzgado de Quiebras de Paraná habiendo quedado primero en la terna. Este hecho fue más complejo, porque el ahora juez judicializó el proceso y obtuvo una sentencia favorable. Así y todo, el Ejecutivo la desolló. En la era urribarrista hubo otro caso, además de los señalados: Laura Cattáneo fue corrida y, en su lugar, ingresó Cecilia Bértora, que corría desde atrás. 

Gustavo Bordet también acudió a esa licencia que el propio Busti se encargó de colocar en un lugar oscuro y del que la oposición hizo uso para cuestionar al peronismo. 

El ex gobernador hizo lo propio con Francisco Márquez Chada, hijo de Luis “Chuni” Márquez, histórico empresario y dirigente del peronismo de Victoria, ex diputado y ex convencional constituyente. Estaba tercero en la terna.

Las veces que los mandatarios alteraron el orden de mérito, y algunos medios la pusieron en la esfera pública, merecieron críticas de la oposición. Inmerecidas, porque no se está actuando fuera de la ley, sino que se está aplicando un criterio que previó la norma para que el gobernador pueda elegir determinado perfil más allá de la evaluación en el Consejo de la Magistratura. Quienes ahora son oficialismo deberán cerrar la boca y esperar que la abran otros. Todo por algo que es legal. 

Rogelio Frigerio también apeló a esa posibilidad que, en el interior del Poder Judicial y en el Colegio de la Abogacía según supo Página Política, hace ruido. 

El concurso 254 para titularizar el cargo de juez de Garantía en Colón dejó el siguiente orden de mérito en la terna: Natalia Céspedes, Pelayo Amaya y Facundo Barbosa. El Gobernador envió el pliego de Amaya, que es de Concordia, lo que generó la reacción de integrantes del Colegio de la Abogacía Sección Colón, que enviaron una nota al Senado “con el objeto de manifestar el más enérgico apoyo a la nominación de Céspedes”, “conforme al orden de mérito, por haber obtenido el mayor puntaje” y porque “siempre ha administrado justicia en forma independiente e imparcial, contando con más de nueve años de experiencia en dicho cargo, juzgando con prudencia, con conocimiento de causa y del derecho, contando con conciencia social, y plausible idoneidad para realizar dicha tarea profesional”.

En la misiva- a la que tuvo acceso este medio- los letrados de Colón entienden que “no priorizar el resultado del concurso, la trayectoria en la jurisdicción y el desenvolvimiento de la magistrada en el cargo, conspira contra una buena administración de justicia”. 

Sucedió, también, para los juzgados de Garantías y Transición 1,3 y 4 de Concordia. Pero acá hay una anomalía: los cargos son tres, pero uno de ellos que podría cubrir Amaya, fue derivado a Colón. Quien asumirá en el 4 es María Gabriela Seró, que quedó séptima. Habrá que ver de qué manera se hicieron los corrimientos para que la doctora, en ese lugar, tenga una titularidad. Una voz del oficialismo citó la equidad de género, que es atendible. Las carambolas se producen cuando un aspirante se anota en cinco concursos y amplía la discrecionalidad del Gobernador. Todo lo demás es información oficial y se la puede encontrar en las páginas web del Senado y el organismo. 

En el concurso 255 para el Juzgado de Garantías y Transición de Nogoyá asumirá Fernando Martínez, que quedó tercero. Nada que reclamar. (Página Política)