Así lo afirmó Eduardo Asueta, defensor legal del emprendimiento inmobiliario Amarras, al destacar que “la empresa está en plan de cumplimiento de la sentencia, que manda a recomponer el ambiente.
Provinciales04/06/2024
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Para ello presentó un plan de recomposición que fue aprobado por la Secretaría de Ambiente, que es la máxima autoridad de aplicación en materia, y la única autoridad que reúne el saber técnico que se precisa para hacer una evaluación integral del proyecto, pero el Poder Judicial quiere hacer su propia evaluación”.
Asueta dio cuenta que “por cada mes de demoras la empresa está sufriendo un perjuicio de 30 millones de pesos y pierde la región que ve frenado uno de los desarrollos turísticos más importantes de Entre Ríos. Es una pena porque todo este perjuicio generado por la judicialización del caso, supuso enormes daños para la empresa que realizó una inversión de 12 millones de Dólares, sobre la base de una autorización provincial del proyecto en 2015, es el proyecto turístico más grande de la provincia, que luego fue truncado por el mismo estado entrerriano, a través de otras decisiones administrativas y judiciales.
Por esa razón es obvio que todo el cúmulo de daños y perjuicios sufridos a través de los años en definitiva caerán sobre las espaldas de la provincia, es decir de los entrerrianos, lo cual es una gran pena.”
El defensor legal manifestó, asimismo, que “estamos a la espera de que el plan se termine de aprobar, el cual ya cuenta con la aprobación de la Secretaría de Ambiente de la provincia, y la empresa ya invirtió unos 600 millones de pesos, pero el juez a cargo de la ejecución de sentencia volvió a dictaminar una medida de no innovar, frenando la ejecución del mismo, y designando un perito judicial, cuya designación ha sido impugnada por la empresa y también por la provincia, porque se trata de una persona con antecedentes de parcialidad sobre el caso, y sin la debida formación en la especialidad.
El transcurso del tiempo genera importantes perjuicios, y todo este dislate se produce por el proceder del estado entrerriano, que a pesar de haber aprobado el proyecto en 2015, luego tiene decisiones judiciales y administrativas antagónicas que retrasan la solución del problema, generando perjuicios para todos.”
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