Urribarri irá a la Corte para voltear su condena y promoverá la destitución del procurador de la provincia

El mediático abogado porteño, Fernando Burlando, realizó su aterrizaje formal en Entre Ríos. Fue en una conferencia de prensa que se realizó este martes en un hotel ubicado en la parte alta del Parque Urquiza, en Paraná. Tal como se esperaba, el defensor y su equipo de abogados realizaron fuertes declaraciones haciendo hincapié en las relaciones familiares de los jueces que condenaron al ex gobernador, Sergio Urribarri; se hicieron eco de la denuncia de la existencia de una mesa judicial en Paraná que direccionaría causas; pusieron el ojo en medios de comunicación y periodistas que han denunciado a Urribarri y su entorno; y precisaron que acudirán a la Corte Suprema de Justicia para dar vuelta el fallo que condenó a Urribarri a ocho años de prisión en la denominada Causa Compleja, que adquirió firmeza en suelo entrerriano y puso a Urribarri y sus consortes de causa, a un paso de ser encarcelados.

Denuncias

Otro punto alto de la conferencia de prensa consistió en el anuncio de que promoverá, a instancias de Urribarri y atento a que se consideró que en el juicio por la denominada Causa Compleja hubo “casos paradigmáticos de arbitrariedad judicial…, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 14 de la ley 48… y que “se radiquen las denuncias correspondientes contra todos los funcionarios involucrados y que se inicie el proceso constitucional para requerir la eventual suspensión y posterior destitución del señor procurador Jorge Amílcar Luciano García”.

Estoico

Javier Baños, abogado del equipo de Burlando, inició la conferencia con la lectura de un documento en el que se sintetizaron los agravios más importantes. En este sentido, Baños sostuvo que “no se trata del Poder Judicial, como hombres, como personas del Derecho, sentimos el mayor de los respetos por las instituciones del Poder Judicial. Son algunos votos, algunos dictámenes los que nos llaman la atención de muy puntuales funcionarios y muy puntuales miembros del Ministerio Público”.

El letrado también manifestó: “Creemos que se ha vulnerado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tres precedentes muy importantes. Creemos que no se han tenido en cuenta estos precedentes al rechazar las impugnaciones extraordinarias. Y creemos que el señor Sergio Daniel Urribarri ha soportado de manera estoica las ejecuciones judiciales dirigidas por funcionarios que en algunos de los casos no tenían idoneidad para llevar las investigaciones adelante y en otros casos ni siquiera tenían jurisdicción territorial”.

Denuncias II

Para Burlando y su equipo, “de manera inexplicable, el titular del Ministerio Público Fiscal sigue teniendo su oficina en el Palacio de Justicia de Entre Ríos” y se preguntaron “¿qué igualdad de armas puede haber entre las partes si una de ellas comparte el despacho en el mismo edificio del Superior Tribunal?”.

También destacaron que “hay una denuncia pública, existe una denuncia pública del ex senador y diputado nacional y candidato a gobernador, que fuera candidato a gobernador, Héctor Maya, que señala que podría existir evidencia de un entramado ilegal que estaría poniendo en crisis la legitimidad de las actuaciones que se siguieron contra el ex gobernador Urribarri. El señor Procurador General ha decidido que solo dos fiscales investiguen entre comillas todas las causas más sensibles de la provincia. Es decir, los ha colocado en una unidad fiscal entre comillas también especializada sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de las competencias del resto de los colegas del Ministerio Público”.

Arbitrario

Para Burlando y su equipo, “bajo el rótulo de combatir la corrupción lo que se ha hecho es concentrado todo el poder de investigar los delitos políticamente más sensibles en unas muy pocas personas desplazando, como dije, al resto del Ministerio Público. En un proceso judicial sumamente arbitrario en donde una de las fiscales ha reconocido públicamente en el mismo alegato que no tenía pruebas, que no había testigos, que no había documentos, se ha impuesto una condena de 8 años de prisión al ex gobernador”.

Los defensores consideraron que aquello “es muy grave y es también sumamente grave que otra de las fiscales que participó de la acusación, no vamos a hacer nombres propios, (N de la R: la referencia aludió a la ex procuradora adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, destituida por mal desempeño de sus funciones en la causa Contratos en la Legislatura) haya sido desplazada de su cargo por graves irregularidades por serios actos de corrupción. En este contexto consideramos que la condena a 8 años de prisión del señor Urribarri es consecuencia de un proceso, de un juicio que se encuentra plagado de irregularidades”.

Relaciones

Baños, con Burlando asintiendo, resaltó que “se ha denunciado ante la Justicia Federal a un renombrado titular de un portal de comunicaciones, no vamos a dar el nombre para no entorpecer la investigación. Se ha denunciado concretamente que de este portal se publicaban notas o pseudonotas periodísticas contra ciertas personas a las que previamente se había decidido investigar”, y añadió que “la Fiscalía Anticorrupción, paradójicamente, ha levantado estas noticias criminales y se han instruido investigaciones, insisto, plagadas de arbitrariedades y plagadas de irregularidades”.

En aquella línea, la renovada defensa sostuvo que “la condena del ex gobernador Urribarri ha sido rubricada por el cuñado de la jueza que luego la confirma en segunda instancia. Las otras juezas que rubrican el fallo en la alzada, una es pareja del procurador, que discrecionalmente ha seleccionado a los fiscales que han actuado en el juicio, y la otra está casada con un enemigo declarado públicamente en multiplicidad de notas periodísticas en contra de Urribarri”.

Así, tras señalar que “pese al grave temor de parcialidad que esto implica, es decir, pese al grave temor de parcialidad que implica ser juzgado por la esposa de un enemigo público, las otras dos juezas, es decir, la cuñada del juez de primera instancia y la pareja del señor procurador general, dicen que no hay imparcialidad”, se cuestionó que se “rechazan las recusaciones y confirman el fallo”.

La defensa criticó que “hay un principio elemental de sentido común que dice que lo evidente no tiene que ser demostrado. Consideramos que es evidente que hay parcialidad si te juzga la esposa de tu enemigo. Es evidente que la Justicia no gana en imparcialidad ni en transparencia si confirma los fallos, la cuñada del juez de primera instancia. Es evidente que existe un temor fundado de parcialidad y que si este temor se da en la praxis, los jueces tienen obligación de excusarse”.

Medios

Baños reiteró en la conferencia una información que ya fue referida en entrevistas por otros integrantes del equipo de Burlando: “Hay un periodista que durante décadas ha sido socio de una persona que ha sido condenada por abuso sexual agravado. Hacían participar a niños de hechos sexuales aberrantes, ritos sexuales que involucraban a menores de edad. Este mismo periodista fue imputado por la unidad fiscal de Gualeguaychú mediante legajo 4.609 por reproducir imágenes pornográficas infantiles y revelación de información registrada en archivos de datos personales, artículos 128 y 157 bis, inciso 2 del Código Penal de la Nación Argentina”.  El defensor resaltó que “el Procurador Jorge Almícar Luciano García, mediante resolución 039 del 17 de mayo del 2018, ordenó a la Fiscalía que archive el expediente. Evidentemente podemos estar en presencia de un escándalo institucional con pocos precedentes”. (APFDigital)