
Guillermo Michel dice que, pese al anuncio de anoche, el Gobierno "no quiere presupuesto”
“Milei quiere seguir manejando de manera discrecional y arbitraria las partidas”, afirmó el ex titular de Aduanas y candidato de Fuerza Patria en Entre Ríos
El Senado rechazó esta tarde por amplia mayoría el decreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación de la economía y no sólo le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, sino que también agravó la crisis entre el jefe del Estado y Victoria Villarruel como consecuencia de la decisión de la vicepresidenta de haber permitido que el DNU se discutiera en el recinto de la Cámara alta.
El decreto fue rechazado por 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
El polémico decreto dividió aguas en los dos grandes conglomerados que integraron Juntos por el Cambio. En el caso de la UCR, sus senadores se repartieron entre las tres opciones posibles (a favor, en contra y abstención). El Pro, cerró filas y votó a favor.
Más allá del duro impacto político a la administración Milei que implica el pronunciamiento del Senado, el DNU se mantiene vigente. Tal como lo establece la ley de Trámite Legislativo que regula el control parlamentario de estos instrumentos, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas.
Así, ahora toda la presión se trasladará a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem (La Rioja), que tendrá la última palabra para definir la vigencia del DNU, un instrumento de 366 artículos que se encuentra impugnada ante la Justicia y que fue la primera gran medida de gobierno tomada por Javier Milei, el 21 de diciembre último.
El amplio rechazo que cosechaba el DNU en el Senado no era ningún secreto. De hecho, fue Villarruel y su política de negociación con la oposición dialoguista lo que permitió demorar el tratamiento en el recinto por más de un mes y medio.
El primero de tres pedidos de sesión especial para rechazarlo lo presentó el kirchnerismo en la última semana de enero. Todos fueron ignorados por Villarruel. Dos semanas atrás, un grupo heterogéneo de nueve senadores de diferentes bloques sumó presión al también reclamar su debate en el recinto. Fue la señal que le indicó a la vicepresidenta que no tenía margen para más dilaciones. Ya eran 42 los legisladores que exigían discutir el DNU.
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Se destacó que “el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), creado por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, fue concebido como una herramienta para que las provincias pudieran afrontar situaciones de emergencia y desequilibrios financieros”. Se trata de 1% de impuestos coparticipables que “aunque pequeño en proporción, resulta vital en momentos de crisis para sostener servicios básicos que son responsabilidad de las provincias, como la salud, la educación, la seguridad y la justicia”.
Tras la cadena nacional del Presidente, las figuras de distintos espacios se manifestaron en redes sociales para mostrar su postura.
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