Desde el STJ bajaron línea a todos los juzgados porque la Justicia recibió el 50% de lo que presupuestado y necesitan "reducir significativamente" los gastos.
Judiciales22/02/2024
Editor
Los efectos de la devaluación de más del 100% de diciembre, la estampida de la inflación encima del 50% en dos meses y los recortes fiscales del gobierno nacional de Javier Milei están haciendo mella en la Justicia de Entre Ríos. Desde la cúpula de Tribunales ordenaron a todos los jueces un plan de austeridad que va del cobro de todas las tasas judiciales posibles a la reducción del uso de aires acondicionados e impresoras.
En una nota firmada este miércoles, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela, se dirigió a todos los jueces de la provincia para informales "de manera clara y directa la dimensión del crítico estado de situación presupuestaria y financiera que atraviesa nuestro Poder Judicial".
El magistrado recordó que a mediados de 2023 la Contaduría de Tribunales proyectó un presupuesto 2024 en casi 130.000 millones de pesos, en base a una proyección de inflación de 120%. Pero al momento de aprobarse el presupuesto provincial de diciembre, los fondos asignados desde la Legislatura a la Justicia totalizaron unos 65.000 millones de pesos: alrededor de un 50% menos de lo que esperaban.
Además, pese a que el Poder Ejecutivo de la Nación informó un índice de inflación del 67% para los presupuestos de sus dependencias, que suele tomarse por las provincias como referencia, la Legislatura de Entre Ríos aplicó una inflación proyectada mayor -del 88%- para sus cuentas de 2024. Finalmente, el repaso de Portela advierte que el INDEC relevó una inflación total en 2023 fue del 211%.
En la nota, el titular del STJ añadió que sin tener en cuenta la inflación de enero 2024 (que marcó 20,6%), el Poder Judicial de la provincia necesita 335 millones de pesos por mes para afrontar "gastos de funcionamiento y de bienes de uso". No obstante, ha recibido $145.3 millones, alertó al juez superior.
Para evitar una confrontación con sus vecinos de enfrente de la Plaza Mansilla, Portela destacó en su misiva que "hay un diálogo fluido con el señor gobernador (Rogelio Frigerio) y el señor secretario de Justicia, quienes le explicaron que los fondos requeridos por Tribunales serían transferidos "a medida que se vayan recibiendo de Nación".
El presidente del máximo tribunal provincial señaló "enfáticamente" a sus colegas que "el cuadro de situación es crítico y no permite relajarse en ningún ámbito ni momento", por lo que "debemos extremar los gastos y procurar el cobro de cualquier suma que este Poder deba percibir", remarcó.
Y explicó que los costos de funcionamiento del Poder Judicial se vienen solventando con depósitos en plazo fijo.
"No me interesa indicar puntualmente gastos", aclaró Portela, pero sugirió hábitos y prácticas por las que direccionar el ajuste en Tribunales. "Todos sabemos que resulta posible reducirlos significativamente en rubros tales como tóner, papel, energía eléctrica, etc. Seamos conscientes de que no siempre es necesario imprimir y que, en ocasiones, olvidamos luces o algún aire acondicionado prendido".
"Cuidemos de incurrir en gastos fácilmente evitables", aconsejó el magistrado.
Por último, el titular del STJ le pidió a sus colegas de toda la provincia que transmitan "a todos los empleados del Poder Judicial la gravedad de la situación, para que estén al tanto de la realidad y ajusten su conducta de manera acorde".
Este martes se inicia el Juicio por Jurados contra los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, imputados por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018. El juicio es impulsado por la querella autónoma –que sostiene que se trató de un caso de gatillo fácil- porque Fiscalía desistió de la acusación por falta de evidencias. La defensa va por un accionar legítimo.
El acusado del crimen del remisero y del doble femicidio en Córdoba habría trazado un recorrido minucioso por caminos rurales y de ripio para evitar los puestos camineros. Según la investigación, su fuga fue planeada paso a paso.
Este miércoles 5 de noviembre, en la Sala N.º 4 de los Tribunales de Concordia, se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia en el juicio contra Pedro David Medina, quien fue hallado culpable por un jurado popular el pasado 23 de octubre por el homicidio agravado de Norma Alegre, ocurrido en mayo de 2024.
El uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39) fue procesado en Entre Ríos y Córdoba por tres crímenes. Antes de matar a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba, ejecutó y descuartizó al remisero Martín Palacio (49), cuyo cuerpo fue hallado en distintos puntos de Entre Ríos.
La medida fue ordenada por la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar de Córdoba. El hombre está acusado por los crímenes de su ex pareja y de la madre de la joven.
La plana mayor de la policía de Entre Ríos, se encuentra en Concordia, junto a funcionarios de primer nivel del gobierno provincial en el marco de un megaoperativo que tiene en ejecución desde ayer y seguían en la madrugada:54 allanamientos simultáneo, una cifra mayor a las ordenadas por los jueces brasileños en la lucha contra los carteles de las favelas del país vecino. Más tarde, en conferencia de prensa, presentarán los resultados del más grande de los operativos en procura de neutralizar a los vendedores de armas que proveen al narcotráfico de la región.
A pesar de que todo parece ser un extraordinario golpe al tráfico de armas del narcotráfico. Movilizar a media provincia hacia Concordia con docenas de efectivos y móviles para secuestrar una tumbera y armas de fuego de bajo calibre (salvo una 9 mm. que no se vio en las fotos) no parece adecuado y genera dudas. Realmente hubo 9 departamentales de Policía que enviaron un móvil cada una con una dotación de tres funcionarios ?, pues esto nos daria nada menos que 27, más los grupos GIA de varias otras, daría que hubo más de medio centenar de policías extras y no resulta congruente.
Hay 24 heridos. El chofer del ómnibus dio positivo de alcoholemia y está detenido.
