
La iniciativa oficial excluiría al sector estatal y busca reducir costos laborales para estimular el empleo formal, según afirmó el ministro de Desregulación.
El ataque a tiros se produjo en los últimos minutos del miércoles, cuando dos hombres a bordo de una moto abrieron fuego contra el frente del edificio situado en Sarmiento y Rued.
Nacionales20/08/2021
Editor
Dos hombres a bordo de una moto atacaron a balazos el frente de la sede del Centro de Justicia Penal de Rosario, donde este viernes comenzará un juicio a siete integrantes de la banda de "Los Monos", entre ellos a su líder, Ariel "Guille" Cantero, acusado de organizar otros diez atentados similares en 2018, informaron fuentes judiciales y policiales.
El ataque a tiros se produjo minutos antes de la medianoche del miércoles, cuando dos hombres a bordo de una moto dispararon sus armas contra la fachada del edificio judicial situado en Sarmiento y Rueda, del macrocentro de Rosario.
Tras ello, ambos agresores escaparon a alta velocidad en el rodado rumbo a la zona sur de Rosario.
Los voceros informaron que no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales.
Los peritos que trabajaron en el lugar detectaron al menos dos impactos de bala en los vidrios del edificio que dan a la calle Sarmiento, mientras que varias vainas servidas quedaron dispersas en la vereda.
La balacera se registró antes del inicio del juicio al que será sometido el jefe de la banda narcocriminal "Los Monos", "Guille" Cantero, quien está procesado, precisamente, como ideólogo de una serie de ataques similares contra edificios del Poder Judicial y viviendas de fiscales y funcionarios judiciales entre mayo y agosto de 2018.
La decisión de hacer el juicio de modo virtual
El fiscal general de Rosario, Jorge Baclini, reveló a Radio 2 Rosario que a través de un informe confidencial tomaron conocimiento sobre la posibilidad de un ataque como el ocurrido horas atrás, por lo que se decidió que el juicio sería virtual.
Además, vinculó la balacera "con la saga de hechos que se juzgan", para tratar de "condicionar a jueces, fiscales y testigos".
El debate comenzará virtualmente a las 8 y se extenderá durante varias jornadas.
El tribunal a cargo estará integrado por Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto y "Guille" Cantero será juzgado junto a otras seis personas por diez ataques registrados antes y después del histórico juicio a la banda, en diciembre de 2018.
Para la Justicia, al menos siete de esos diez ataques contra edificios del Poder Judicial y domicilios de funcionarios del área de Justicia fueron instigados desde prisión por "Guille" Cantero.
Según adelantaron los fiscales del caso, Matías Edery y Miguel Moreno, pedirán la pena de 24 años de prisión para Cantero por considerar que las balaceras "tuvieron como propósito intimidar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación en particular y del Poder Judicial en general, a fin de impedir el normal desarrollo de sus funciones".
Al respecto, la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Irribarren, en una conferencia de prensa, confirmó que los imputados participarán del debate de manera virtual desde sus lugares de detención, en el caso de Cantero, desde la cárcel bonaerense de Marcos Paz.
Tras sostener "que hay altísimas posibilidades" de que el ataque contra el Centro de Justicia Penal esté relacionado con la apertura del juicio, la funcionaria aseguró: "Estos hechos siempre generan un alarma, un alerta, pero nosotros no vamos a dejar de cumplir nuestras funciones".
"Seguimos reclamando mayor seguridad para el desempeño de todos los fiscales, los jueces y empleados. Evidentemente las medidas no son suficientes pero siempre vamos a seguir bregando por una mayor seguridad ante quien corresponda", dijo la funcionaria al recordar que esta es la cuarta vez que esa sede judicial es atacada entre 2018 y 2021.
Por su parte el presidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador, dijo "que no cabe la menor duda de que detrás de esto hay bandas organizadas que surgen de los centros del detención".
Para el funcionario judicial, el hecho "aparece como un desafío a los poderes del Estado y que los tres poderes deben dar una respuesta contundente".

La iniciativa oficial excluiría al sector estatal y busca reducir costos laborales para estimular el empleo formal, según afirmó el ministro de Desregulación.

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