El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, restringió a partir de este viernes (21.07.2023), por decreto, el acceso a las armas de fuego, el cual había sido flexibilizado por su antecesor, Jair Bolsonaro.
La medida es parte de un ambicioso plan para fortalecer la seguridad pública y combatir la creciente violencia en la Amazonía, endurecer las penas para delitos antidemocráticos y contar con medidas drásticas contra los ataques a escuelas.
Sobre el decreto de "Regulación responsable de armas", Lula recordó que era un "compromiso" adquirido en la "campaña electoral" para "restablecer los asuntos de seguridad". Igualmente, el líder progresista evocó la "campaña de desarme" impulsada en 2005, durante su primer mandato (2003-2006), en la que la población devolvió "miles de armas" y que retoma ahora para "continuar luchando por un país desarmado". "Quienes tienen que estar armados son la Policía y las Fuerzas Armadas brasileñas", subrayó el jefe de Estado.
Entre las principales alteraciones a la actual legislación están la reducción de armas y municiones en manos de civiles, entre ellos cazadores, tiradores y coleccionistas, y el control de las mismas, que será retirado del Ejército y asumido por la Policía Federal.
El número de armas por cada persona será reducido a la mitad, pasando de cuatro a dos y el de municiones bajará de 200 a 50 por año, mientras que la validez de los registros de posesión de armas será reducida de diez a tres años.
El número de armas de fuego en manos de particulares creció un 241 % en Brasil durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
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