El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, restringió a partir de este viernes (21.07.2023), por decreto, el acceso a las armas de fuego, el cual había sido flexibilizado por su antecesor, Jair Bolsonaro.
La medida es parte de un ambicioso plan para fortalecer la seguridad pública y combatir la creciente violencia en la Amazonía, endurecer las penas para delitos antidemocráticos y contar con medidas drásticas contra los ataques a escuelas.
Sobre el decreto de "Regulación responsable de armas", Lula recordó que era un "compromiso" adquirido en la "campaña electoral" para "restablecer los asuntos de seguridad". Igualmente, el líder progresista evocó la "campaña de desarme" impulsada en 2005, durante su primer mandato (2003-2006), en la que la población devolvió "miles de armas" y que retoma ahora para "continuar luchando por un país desarmado". "Quienes tienen que estar armados son la Policía y las Fuerzas Armadas brasileñas", subrayó el jefe de Estado.
Entre las principales alteraciones a la actual legislación están la reducción de armas y municiones en manos de civiles, entre ellos cazadores, tiradores y coleccionistas, y el control de las mismas, que será retirado del Ejército y asumido por la Policía Federal.
El número de armas por cada persona será reducido a la mitad, pasando de cuatro a dos y el de municiones bajará de 200 a 50 por año, mientras que la validez de los registros de posesión de armas será reducida de diez a tres años.
El número de armas de fuego en manos de particulares creció un 241 % en Brasil durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
El fenómeno meteorológico causó estragos en el centro del país, con inundaciones, evacuaciones masivas y la declaración de estado de calamidad en la provincia de Cebú
“Esto se logra mediante una mayor labor de Inteligencia, la integración entre las fuerzas de seguridad y un enfoque en los cabecillas del crimen: quienes financian y dirigen las facciones”, afirmó el presidente brasileño en un mensaje en la red social X
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Amber Winstead, de 36 años, admitió su responsabilidad por la muerte de su hijo de 3 meses.
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La gente camina por calles enlodadas buscando comida entre los escombros. Algunos se meten en tiendas destrozadas con la esperanza de encontrar agua embotellada u otros suministros.
El uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39) fue procesado en Entre Ríos y Córdoba por tres crímenes. Antes de matar a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba, ejecutó y descuartizó al remisero Martín Palacio (49), cuyo cuerpo fue hallado en distintos puntos de Entre Ríos.
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La propuesta de Arsène Wenger, que busca devolver la emoción al gol y modificar la táctica defensiva, será votada por la IFAB y podría cambiar para siempre el arbitraje en el fútbol internacional
El 22 de septiembre pasado, el vecino Domingo Ava, ex sindicalista ferroviario y actualmente preocupado por el efecto que tuvo en muchas personas la aplicación de las vacunas contra el COVID, denunció ante la fiscal federal de Concordia, el hecho, para que se investigue la muerte por repentiniti de varios niños y adolescentes, sobre todo en Córdoba y otras regiones del país, supuestamente como efecto adverso de las vacunas empleadas en Argentina para prevenir el COVID y como efecto colateral.
