Cuatro policías fueron detenidos en el mediodía de este viernes por estar sospechados de robarle plata y droga a una banda narco que opera en la zona norte de Rosario. Por la misma investigación, en horas de la mañana de ayer hubo 26 allanamientos contra la banda, que según el expediente, es liderada por Lautaro G., preso en el penal de Coronda. La organización, precisamente, está imputada por haber secuestrado a dos adolescentes en febrero pasado para obligarlas a vender droga y a prostituirse con integrantes de la estructura delictiva y con agentes de la fuerza provincial santafesina.

Los cuatro aprehendidos son Francisco G. D., Marcos N., Roxana A. y Fiama N., que desempeñan tareas en el Comando Radioeléctrico. Todos fueron arrestados en operativos conjuntos entre la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Tres de los agentes fueron “cortados” en la calle, en Juan B. Justo y Cullen, en barrio de Empalme Graneros, mientras estaban de servicio. Una de las agentes aprehendidas, según pudo confirmar Infobae, tenía dos dosis de cocaína en el patrullero. Además, trabajaba en un punto policial cercano a la escuela en la que el último martes se registró una balacera que dejó a un nene de 6 años herido.

Según la investigación que impulsa la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario –a través del fiscal Claudio Kishimoto y el auxiliar fiscal Franco Benetti– y el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez Marcelo Bailaque, los policías fueron detectados el pasado 26 de abril a las 0.45 en el interior de uno de los búnkeres que tiene la presunta banda narco, específicamente el que está en Pasaje 1.368 al 3300, en la Zona Cero.

Junto a los cuatro agentes que este viernes fueron detenidos también estaba el policía Miguel R., que hasta este viernes no había sido aprehendido. En aquella madrugada del 26 de abril, los cinco uniformados estaban asignados a los móviles A-9506 y C-10076, que fueron hallados estacionados en la puerta del búnker, al que entraron, de acuerdo a las tareas de vigilancia encubierta.

Una de las adolescentes que había sido secuestrada en febrero pasado por la organización explicó que en esa ocasión, los policías ingresaron, robaron la plata recaudada por la venta de droga y también las bochitas de cocaína que encontraron. “La Policía corrupta pasaba los domingos y se llevaba 50 mil pesos”, afirmó una de las menores durante una de las entrevistas de la causa.

Ninguno de los cinco agentes, por la información provista por la propia fuerza de seguridad, había sido comisionado en aquella fecha al Pasaje 1.368 al 3300, donde fueron vistos (además de haber sido delatados por el GPS de las unidades). Por los datos que recolectó la Agencia de Control Policial, los dos móviles policiales estuvieron “parados por un período de tiempo largo y no estaban cumpliendo orden alguna en el domicilio”.

Por si fuera poco, los dos vehículos después se dirigieron hasta la zona de Polledo al 3500, donde estaba el otro punto de venta de la banda de Lautaro G., cuando tampoco había directiva alguna para que fueran a ese lugar. Es más, la camioneta no estaba cumpliendo funciones en la cuadrícula que tenía asignada e incluso no acudió a una incidencia en Netri y Machain, en otro punto de Rosario.

En lo que respecta a las menores secuestradas, el caso comenzó con una denuncia ante la Policía provincial en Coronda, cuando una adolescente de 16 años denunció que un grupo de ladronas le había robado su celular y la había subido a una camioneta, donde además tenían retenida contra su voluntad a su amiga, de 17 años.

La menor, de 17 años, fue rescatada del vehículo en cuestión, donde supuestamente estaban como ocupantes, Gladis P., Irina M. y Andrea Elisa A., una mujer que luego se comprobó que era quien tomaba directivas en la organización.

De acuerdo al relato de las denunciantes, en los búnkeres fueron obligadas a consumir cocaína –para que se mantengan despiertas durante su turno–, a vender estupefacientes y a ser abusadas sexualmente por traficantes que conforman la organización o por policías que cumplen funciones en una subcomisaría de la zona.

Según se desprende de intervenciones telefónicas de la Agencia de Investigación Criminal que forman parte del expediente, en el búnker de la Zona Cero se vende al por mayor con “bidones” como unidad de medida. Esto significa que quienes venden la droga reciben envases que contienen generalmente 20 o 22 envoltorios de un gramo cada uno, y cuando se agotan las unidades deben avisar para que un miembro de la banda vaya a llevar otro “bidón” y retirar la plata recaudada.

Las víctimas añadieron que cobraban mil pesos en concepto de comisión por cada “bidón” que lograban expender. Y que “los policías corruptos” de la Subcomisaría 2ª “exigían sostener contactos sexuales a cambio de no llevarlas detenidas”, según la investigación en curso.