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La Procuración General de la Nación le pidió ayer al Gobierno Nacional que “de manera urgente” tome medidas para evitar que desde las cárceles federales los jefes narcos sigan manejando el negocio de la droga y ordenen crímenes, secuestros y amenazas, como se detectó en investigaciones judiciales. Para eso le volvió a enviar una serie de propuestas que le había remitido en octubre de 2021, como la instalación de inhibidores de celulares, más requisas en los pabellones y menos beneficios.
El pedido surgió después de una reunión que se realizó en la mañana de este miércoles en la Procuración en la que participaron distintos fiscales que analizaron el estado de situación después de los hechos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad de Rosario y fue dirigido al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal —a cargo de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori— en cuyas cárceles de máxima seguridad están detenidos los principales jefes narcos del país.
“En función de la extrema gravedad y relevancia de la problemática expuesta, reitérense al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas por este Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2021, para que, de manera urgente, todos los organismos de la Administración Pública Nacional, extremen las medias”, señala la nota de la Procuración.
Los fiscales agregaron que así se debe “evitar los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras y mitigar los serios deterioros que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial), atendiendo a la finalidad de la prevención general y, eventualmente, que informe las acciones que se hayan adoptado a esos fines”.
Además de la nota al Gobierno Nacional, la Procuración General —a cargo de Eduardo Casal— le pedirá al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, que se promueva un abordaje entre distintos organismos del Poder Judicial para continuar con el análisis de propuestas sobre el tema.
Del encuentro participaron el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; el de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; la Fiscal de Investigaciones Administrativas, Andrea Garmendia Orueta; y los integrantes del Departamento de Investigaciones y Litigio de la PIA, Alejandro Patuna Sumicky y Luis Arocena.
Cada área analizó la situación de lo que ocurre en las cárceles federales. Por ejemplo, se hizo referencia a que la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad prohíbe el uso de celulares en las unidades de detención a pesar de los cual los internos los poseen. Esa misma norma establece que “se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal”, lo que nunca se hizo.
Esta semana se hicieron allanamientos en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Trelew a las celdas de los jefes de las organización de Rosario “Los Monos” y se encontraron dos celulares. Y en Trelew se halló en una celda un hueco en la pared por donde los internos se pasan los celulares.
Por ese motivo otro de los puntos de la reunión fue la complicidad de agentes penitenciarios con el crimen organizado. Al respecto la PIA presentó un informe sobre las acciones que vienen realizando para prevenir e investigar la connivencia del SFP. También se habló en la reunión sobre secuestros extorsivos ordenados desde las cárceles donde también habrían participado agentes penitenciarios en la entrega de celulares para cometer esos delitos.
En octubre de 2021, la PROCUNAR elaboró un informe que dio cuenta de 19 casos de jefes narcos que desde las cárceles continuaban manejando el negocio de la droga y cometían otros delitos. “Se viene advirtiendo, con gran preocupación, el avance de una manifestación criminal que trae aparejadas serias amenazas contra la seguridad de la población, en general, y de los operadores del sistema de administración de justicia, en particular. Este es el caso del incremento de las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas), planificadas o llevadas a cabo desde los establecimientos penitenciarios”, señalaba el informe.
Junto con el trabajo la Procuración le hizo llegar al Gobierno Nacional una serie de propuestas para evitar que esos delitos se sigan cometiendo. Entre ellas, que se instalen en los pabellones inhibidores de celulares, que los lugares de detención tengan requisas más periódicas, que se controle la complicidad de agentes penitenciarios y que haya más rigor en los beneficios que puedan obtener los presos de un perfil de mayor riesgo.
Esas propuestas volvieron a ser reiteradas en la reunión de este miércoles para que se pongan en marcha.
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