El hombre había sido hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente agravado y condenado a prisión.
Judiciales08/03/2023
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El 13 de octubre de 2020, el Ministerio de Salud emitió el decreto N° 1.659 a través del cual se ordenó la instrucción de un sumario administrativo a José Orlando Ramírez, empleado del Hospital Neuropsiquiátrico Raúl Camino, de Federal.
Cuatro años antes, el 2 de febrero de 2016, el trabajador había sido hallado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente agravado y abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente agravado, en concurso real, y condenado a la pena de 11 años de cárcel por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia.
En realidad, el empleado arrastraba con una condena previa por los mismos delitos. El 24 de octubre de 2013 había recibido condena del Tribunal Oral en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz; luego, el 4 de diciembre de 2014 recibió condena del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia.
El 3 de octubre de 2022 Salud emitió el decreto N° 3.453 –que se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos este último viernes 3 de marzo- a través del cual se dio por finalizado el sumario y se le aplicó a Ramírez la sanción de cesantía.
Esa norma revela un dato llamativo: a pesar de tener un cargo en el Hospital Raúl Camino, Ramírez se desempeñaba en un dispositivo del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf): concretamente en la residencia socioeducativa Mi Lugar, de Federal.
El dato se reveló al prestar declaración en el sumario las autoridades de la Colonia Psiquiátrica de Federal y expresaron que “en las fechas en que condenaron al sumariado, el declarante se desempeñaba en los equipos técnicos de la RSE ´Mi Lugar´, dependiente del Copnaf, y tuvo que atender profesionalmente a los menores, sospechándose de varias situaciones de abuso de los mismos”.
Desde la dirección del Hospital Raúl Camino calificaron esa situación como “un hecho grave, que generó indignación dentro del Hospital”.
En el cierre del caso el decreto N° 3.453 se señala que “del plexo probatorio colectado y relacionado precedentemente, puede afirmarse sin hesitación que los hechos reprochados al encartado en el presente procedimiento han quedado debidamente acreditados, además no debe perderse de vista, que los empleados públicos tienen el deber especial de realizar una observancia estricta de la ley, en tanto están encargados de resguardar la juridicidad y asegurar, en el límite de sus competencias, que las relaciones sociales se desenvuelvan en un marco de legalidad”.
Y agrega que “conforme lo expuesto y habiendo quedado acreditada la responsabilidad y autoría de la falta cometida por el Agente Ramírez, la gravedad de la misma, le corresponde la aplicación de la máxima sanción, encuadrándose su conducta en la causal de cesantía”. (Entre Ríos Ahora)
En un análisis jurídico reciente, el abogado y docente Rubén Pagliotto afirmó que el artículo 2 de la Ley 11.222 —que restringe la competencia del juicio por jurados en la provincia— es abiertamente inconstitucional y supone un retroceso en materia de derechos.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
Fue en un juicio abreviado. Los sospechosos reconocieron que el 28 de mayo de 2021 fueron sorprendidos en el margen argentino del río Uruguay, a la altura de Colón. Dos fueron detenidos en inmediaciones de una embarcación en la que intentaron despojarse de 2.300 dólares, y el otro cuando, en la zona, intentaba eludir a los prefectos en una motocross nueva que incluso no le habían retirado los plásticos.
La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
La organización trasportó desde Salta hacia Buenos Aires 493 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2021. Tenían pistas de aterrizaje en Entre Ríos. Cinco integrantes fueron condenados con penas altas y millonarias sumas de multa. No se hizo lugar al pedido de reparación del daño que hizo un productor agropecuario de un campo en Colonia Sagastume, que llamó a la Policía Entre Ríos para denunciar la presencia de camionetas dentro de su campo. Perdió 290 toneladas de soja.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
El hallazgo se produjo a la altura de la Terminal Fluvial de Rosario. Tras recuperar el cuerpo, se confirmó que pertenecía a Ojeda, quien había sido vista por última vez en Isla Verde, un parador ubicado en jurisdicción de Entre Ríos.
Cuando las cosas son complejas se requiere de estudios o pericias que desmenucen con precisión los hechos. El abogado y contador Roque Guillermo Benedetto, publicó en EL ENTRE RIOS una pericia técnica, contable y hasta constitucional sobre lo que DIARIO JUNIO publicó y fue objeto de una acalorada réplica del intendente Azcué y luego de fuegos de artificio sobre el tema que necesitaba de un informe claro y circunstanciado sobre la cuestión. Ahora, no queda duda alguna. Claudio Gastaldi tenía razón, los contribuyentes de Concordia han sufrido aumentos desmesurados y presuntamente ilegales.
- Perfil del médico: Daniel Ojeda era cirujano oriundo de Concordia, Entre Ríos. Su nombre se hizo conocido por haber realizado prácticas estéticas clandestinas que derivaron en la muerte de dos pacientes y en lesiones graves a otras. Daniel se había hecho conocido por ser un cirujano especializado en infantes, antes que accediera a la práctica de la cirugía estética y liposucción.
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