La medida quedó formalizada con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 86/2023, que lleva la firma del ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.
Los 28.000 millones de pesos que el Ministerio de Transporte distribuirá entre las provincias corresponden a la asistencia al transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros del interior del país para los meses de enero, febrero, marzo y abril.
En este sentido, para recibir la asistencia económica, las provincias o municipios deberán firmar un convenio correspondiente a este año con la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional en los próximos 30 días, y además, cada jurisdicción deberá aportar a las empresas prestadoras de los servicios provinciales y municipales de transporte como mínimo un monto económico igual a lo aportado por el Estado Nacional.
La provincia o municipio que aún no tenga operativo el sistema SUBE, y en el marco de la obligatoriedad que establece la normativa, deberá solicitar su implementación.
"Con esta medida, el Ministerio de Transporte busca garantizar que todos los argentinos y argentinas accedan a la tarifa social y demás programas del Estado nacional que permiten una equidad y mejor distribución de los recursos relacionados al transporte público a través del descuento en el valor del boleto", se informó.
Asimismo, luego de que el Ministerio de Transporte transfiera el monto económico que corresponde a la jurisdicción provincial y/o municipal beneficiaria, ésta deberá distribuir los fondos en forma directa a las empresas prestadoras de los servicios provinciales y municipales de transporte dentro de los dos días hábiles de que recibió el pago.
Para todo este año, la asistencia económica del Gobierno nacional al interior del país establecida por el Presupuesto aprobado por el Congreso y a través del Fondo Compensador alcanzará un incremento del 1.305% en comparación con el 2019, cuando el gobierno anterior transfirió solamente 6.000 millones de pesos para el sector.
El Merval y los bonos soberanos arrancan la semana en rojo, reflejo del desconcierto por el veto presidencial a la ley de pensiones, el fallo sobre YPF en EE.UU. y la falta de consenso político. La presión sobre el dólar y la debilidad del peso marcan el termómetro de la desconfianza.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
La economía argentina vive una jornada de alta tensión. Mientras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que la deuda externa alcanzó un récord histórico de USD 278.070 millones, una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterrizó en Buenos Aires para auditar el cumplimiento del nuevo programa de financiamiento firmado en abril.
El economista, fiel a su estilo, sostuvo que la realidad dará un "volantazo" porque la gente dolariza sus carteras aunque el presidente sea "Gardel".
El Gobierno logró desacelerar el IPC y ahora son los consumidores los que enfrenta un desafío para sus bolsillos. En un contexto político y económico donde persiste el optimismo por una inflación a la baja -en mayo fue del 1,5%-, hay algo que todos los argentinos deben tener en cuenta si no quieren encontrarse en aprietos financieros en el medio y largo plazo.
Los aranceles de Estados Unidos siguen siendo un freno para el comercio internacional, y también la volatilidad asociada a la figura de Trump.
Emanuel Bornicent se enteró de buenas a primeras que se quedaba sin trabajo. Y sin vivienda. Y con la necesidad de encontrar escuela para su hijo a mitad del ciclo lectivo. Se enteró un día inhábil en la Administración: el 27 de junio, Día del Empleado del Estado. Ese día lo anoticiaron que tres días después sería un desempleado.
