Una agencia, investigada por cobrarle hasta USD 35 mil a mujeres embarazadas rusas para traerlas a dar a luz a Argentina

Tras una investigación que comenzó hace más de un mes y medio, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza Maria Romilda Servini, y la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales de Policía Federal Argentina (PFA), lograron esta semana la identificación de los supuestos líderes de una agencia que habría gestionado de manera irregular y con suma velocidad, el otorgamiento de unas 70 residencias permanentes en el país a ciudadanos rusos, en su mayoría mujeres: varias de ellas, embarazadas.

El jueves pasado se produjeron dos allanamientos en el barrio porteño de Puerto Madero en los que -según explicaron fuentes judiciales- se consiguió importante documentación para el avance de la investigación y además, identificar a los presuntos cabecillas de la organización.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un departamento ubicado en la calle Juana Manso al 590. Allí, habitaba una pareja conformada por Olga Guz una mujer de 33 años, nacida en Kazajistán y con documento nacional argentino. De acuerdo con registros oficiales, su actividad principal es prestar “servicios de traducción e interpretación”. Según las fuentes, se trataría de la gestora que se encarga de realizar los trámites ante Migraciones.

La sospechosa estaba acompañada por su pareja, Javier Alejandro Sánchez, un ciudadano argentino de la misma edad, dedicado a “actividades profesionales, científicas y técnicas”. Les secuestraron dos teléfonos celulares, 12.900 dólares, $100.770, cinco notebooks, una tablet, una CPU, cuatro chips de celular, un pasaporte y dos DNI a nombre de la mujer sospechada, uno de una ciudadana rusa y otro un menor también oriundo de ese país. Además, se les encontró el contrato de locación de la vivienda allanada.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la calle Azucena Villaflor al 550. Allí identificaron otros dos investigados. Se trata de Elena Kuklina, una joven de 26 años de nacionalidad rusa y su pareja Ruslan Yuslashev, un hombre de 39, nacido en el mismo país europeo, cuya actividad principal registrada es “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia”. Su mujer brinda “servicios de informática”.

Según confirmaron las fuentes del caso durante la semana cuando se dieron a conocer los allanamientos en Puerto Madero, la mujer alquila en ese barrio por 3000 dólares al mes y es beneficiaria de dos AUH (Asignación Universal por Hijo). Así lo informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el expediente. Al parecer, sería la titular de la agencia que tramita las residencias. Ingresó al país en noviembre de 2021 y en abril de 2022 comenzó a cobrar las AUH por sus dos hijos. Según fuentes judiciales, la jueza Servini denunciará este hecho para que sea investigado en otra causa judicial.

Producto de uno de los allanamientos realizados por la Policía Federal les incautaron cuatro teléfonos celulares, tres notebooks, un dispositivo USB, dos registros de conducir posiblemente apócrifos, 66.920 dólares, 2.670 euros y documentación de interés para la causa como pasaportes, trámites migratorios y certificados de domicilio.

Pero no lo hacían de manera desinteresada o con fines humanitarios, dada la situación política y social que atraviesa Rusia tras la guerra con Ucrania. Según indicaron fuentes de la investigación a Infobae, “mediante maniobras espurias y lucrativas”, la organización facilitaba los trámites para obtener los documentos argentinos a los inmigrantes y por sus servicios, ofrecidos a familias rusas de alto poder adquisitivo, cobraban una importante suma de dinero.

De acuerdo con lo que pudieron establecer, para ingresar al país pagaban desde 20.000 a 35.000 dólares. Luego, les designaban un hospital para el nacimiento de sus hijos, el cual se convertía en ciudadano argentino. Mediante esa situación, después gestionaban documentación apócrifa, tramites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord.

El plan, sin embargo, no sólo era quedarse con el DNI argentino. El nacimiento de sus hijos acá y la obtención de la ciudadanía, tenía un objetivo todavía más ambicioso: poder emigrar países de Europa o incluso a Estados Unidos, ya que el pasaporte ruso no posee la aceptación de ingreso en esos lugares después del estallido de la guerra.

Por orden de la jueza Servini, se les notificó a los sospechado de la investigación que se les lleva en su contra y se prohibió que salgan del país. El expediente comenzó su trámite a raíz de una denuncia de una ciudadana rusa, quien aseguró en los Tribunales de Comodoro Py 2002 que había una gran cantidad de conciudadanos suyos que conseguían de forma exprés la residencia permanente. Por sorteo, la causa cayó en el juzgado de Servini pero por la feria judicial de enero, recién tomó impulso en estos días.

Fue así que detectaron casos de mujeres que llegaron a Buenos Aires embarazadas y tuvieron sus hijos en hospitales locales, un requisito necesario para avanzar hacia la residencia permanente. Luego, el proceso continuaría con la obtención de la ciudadanía y consigo, el pasaporte argentino. De esta manera, se les abrirían las puertas de lugares que hoy son inimaginables para miles de rusos.

De acuerdo con lo que dijeron las fuentes, no se descarta que haya nuevas medidas en los próximos días.

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