El operativo desalojo en la Justicia, desactivado

El operativo desalojo en la Justicia está paralizado por falta de fondos y se aplazó sin tiempos.

Judiciales 09/02/2023 Editor Editor
Ministerio público fiscal_1

El desalojo del Ministerio Público Fiscal de las oficinas del Poder Judicial que ocupa en distintos puntos de la Provincia -entre ellos, el Procurador General y jefe de todos los fiscales, Jorge Amílcar Luciano García- que se anunció en dos oportunidades durante 2022 finalmente se aplazó sin tiempos y no se concretará en lo inmediato.

El miércoles 23 de noviembre de 2022, durante una reunión de acuerdo en Colón, el Superior Tribunal de Justicia (STJ)  “dispuso que el Ministerio Público Fiscal desocupe las cinco oficinas con que cuenta en el edificio central de Colón (aproximadamente 71 m2) –sito en calle 12 de Abril Nº 241 antes del 01.02.23. Asimismo, ordenó que en dichos espacios sean reubicados el Juzgado de Paz y el Departamento Médico Forense de la jurisdicción, adoptando dichas medidas en el marco del plan de reubicación de los organismos judiciales que lleva adelante el STJ, y conforme lo informado por la Contaduría General del Poder Judicial en cuanto a que este no cuenta  con partida presupuestaria suficiente para afrontar alquileres, situación diferente a la del Ministerio Público Fiscal”.

Entre Ríos Ahora consultó en la Procuración qué ocurrió con esa decisión imperativa de desalojar la Fiscalía de Colón. «No pasó nada -señaló una fuente-. La mudanza va a ocurrir cuando nos den los fondos para poder alquilar otro edificio.  Paulatinamente, lo iremos haciendo. Pero Colón no es prioridad, aunque si la Municipalidad de allá nos consigue algo o la Provincia cede un lugar, lo usaremos y desalojamos el lugar que ahora ocupamos».

La tensión entre los vocales del STJ y el Procurador García viene de lejos aunque se agudizaron en agosto del año último cuando se conoció la intención de los supremos de desalojar a toda la Fiscalía de los espacios que ocupan en el Poder Judicial. La medida también alcanzaría al Ministerio Público de la Defensa, que encabeza Maximiliano Benítez, aunque luego de los chispazos que provocó el jury a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, destituida en mayo del año pasado, las batallas en el Palacio se hicieron cada vez más recurrentes.

Así pues, en agosto  se conoció un acuerdo del STJ por el cual se dispuso que todo el Ministerio Público Fiscal debía abandonar los despachos que ocupan en edificios del Poder Judicial y procurase lugar propio, pagado con los recursos de la Procuración, un organismo autónomo que está al mando del Procurador General Jorge Amílcar Luciano García.

La decisión del STJ había quedado contenida en el Acuerdo General del 2 de agosto último, a través del cual dispuso “hacer saber al Ministerio Público Fiscal que deberá desocupar todas las dependencias que ocupe en el Edificio Central, a saber: las instalaciones de la Procuración General (2° piso) y las Unidades Fiscales ubicadas en el ala de calle Córdoba –planta baja- y cualquier otra que existiere, antes del 31.08.22, encomendando las gestiones necesarias a la Dirección de Arquitectura Judicial y a la Intendencia del STJ”.

A partir de un informe de la arquitecta Diana Zilli sobre distribución de organismos judiciales, el alto cuerpo aprobó “la propuesta de planificación por etapas referida a la implementación de los retiros de dependencias de los Ministerios Públicos (Fiscal y de la Defensa, NdelR), elevada por la Dirección de Arquitectura Judicial. Asimismo, tuvo presente el informe contable respecto de la partida presupuestaria correspondiente a Alquileres”, con una ejecución del 59,65%.

A principios de diciembre pasado, la presidenta del STJ, Susana Medina, se sentó a una misa mesa con el Procurador Jorge García y el Defensor General Maximiliano Benítez, y ese encuentro fue el principio de la distensión.

«En esa reunión de diciembre -agregó la fuente- se dijo lo que está en la  Constitución: que pertenecemos al Poder Judicial y que nadie nos puede sacar. Pero que tampoco teníamos interés en estar en algún lugar. Lo que acordamos fue entonces que, de acuerdo al presupuesto que nos asignen y a nuestras necesidades y tiempos, empezaríamos a desocupar los espacios.  Es decir, necesitamos nuevas partidas presupuestarias».

De momento, no se ha vuelto a hablar del tema. Aunque la paz todavía no se firmó en Tribunales. (Entre Ríos Ahora)

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