Las rutas de Guatemala continúan bloqueadas por segundo día consecutivo para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, presuntamente implicado en casos de corrupción.
Internacionales31/07/2021
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También exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, cuya decisión de destituir al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, fue ampliamente rechazada por la sociedad guatemalteca.
"Este Gobierno está lleno de incompetentes, ladrones, corruptos, asesinos. Renuncien ya", expresó uno de los ciudadanos que participó en el bloqueo de una ruta principal en el municipio de Chisec, del departamento norteño de Alta Verapaz, citado por el diario Prensa Libre. Este viernes se registraron manifestaciones en los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez (sur), Quiché (noroeste) y Alta Verapaz (norte), informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.
Según consgina el matutino Prensa Libre, pobladores de 20 comunidades se concentraron sobre el puente Carlos Castillo Armas, en el kilómetro 178.5, Santa Cruz Muluá. “Seguimos con nuestra lucha, estamos conscientes que afectamos a una parte de la población, pero es necesario ya no callar más y hacernos escuchar”, expresó uno de los líderes comunitarios al matutino guatemalteco. “La cosecha de este año fue mala, perdimos la mayor parte de nuestros cultivos y seguimos esperando el subsidio que ofrece el gobierno, nos hemos endeudado, pagamos nuestros impuestos, nuestras comunidades han sido olvidadas”, añadió.
Los pobladores luego liberaron el paso del puente y se movilizaron en una multitudinaria caminata. “El pueblo está en las calles exigiendo la renuncia del presidente de la República y de la fiscal general Consuelo Porras, exigimos que sean devueltos los millones que han robado, nos hemos cansado de tanta corrupción”, afirmaron desde el Consejo de Líderes Comunitarios.
En las manifestaciones exigen la renuncia de Giammattei por su presunta implicación en casos de corrupción y por una gestión deficiente para hacer frente a la pandemia de la covid-19 en Guatemala. En Centroamérica es el país que registra el mayor número de muertes por coronavirus con más de 10 mil fallecidos. Hasta el momento el país sólo ha recibido 550 mil dosis de la vacuna.
Mientras que la decisión de la fiscal Porras de destituir a Sandoval también fue rechazada por la población guatemalteca. El exfiscal de la FECI había tenido un papel importante por su trabajo junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevó al desmantelamiento de más de 60 estructuras de corrupción del Estado entre 2014 y 2018, incluyendo la captura del expresidente Otto Pérez Molina en 2015. Durante su gestión al frente de la FECI imputó a más de 200 personas entre diputados, ministros, funcionarios, miembros de la élite empresarial y presidentes y expresidentes.
Sandoval, que tras su destitución abandonó el país por temor a su integridad física, aseguró en un rueda de prensa antes de dejar el país, que la fiscal general, Consuelo Porras detuvo y atrasó investigaciones en casos de corrupción que involucran a Giammattei y su gobierno.
Este viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala admitió tramitar un amparo presentado por diputados de varias bancadas tras la decisión de Porras de destituir a Sandoval. Los diputados informaron que la CSJ otorgó un plazo de 48 horas al Ministerio Público de Porras para que rinda un informe sobre el despido de Sandoval.
Mientras que la repercusión internacional por la destitución de Sandoval suma voces. A través de un comunicado conjunto las embajadas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Suecia y Suiza acreditadas en Guatemala, y miembros del Grupo de Países Donantes G13, exigieron al gobierno retomar la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Lamentamos las acciones de la fiscal general en la reciente destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad. Este hecho se percibe como parte de un patrón de inestabilidad y debilitamiento institucional que afecta el estado de derecho en Guatemala”, afirmaron en el texto.
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