Las operadoras de telefonía móvil deberán modificar sus sistemas de seguridad y adoptar el reconocimiento biométrico a la hora de requerir una nueva tarjeta SIM por hurto o sustitución, con el objetivo de evitar los casos de robo de identidad y hackeo.
La medida por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se da ante un requerimiento de la jueza federal María Servini para que el ente regulador adopte las medidas que sean necesarias para impedir el hackeo de los teléfonos celulares a través del método denominado “SIM Swap”, así lo confirmó esta mañana el vicepresidente del organismo, Gustavo López.
“Lo que nosotros vamos a hacer es obligar a las empresas a que cambien el mecanismo de seguridad que tienen”, afirmó López esta mañana en diálogo con radio Urbana Play, y adelantó que “entre esta semana y la otra” el ente publicará la resolución correspondiente.
El “SIM Swap”, método presuntamente utilizado en los recientes hackeos al ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D´Alessandro y al diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Diego Santilli, consiste de un método de robo de datos e identidad que se realiza aprovechando la falta de seguridad de los operadores móviles a la hora de solicitar una nueva SIM, tarjeta desmontable que almacena el número de teléfono del usuario de telefonía.
Para realizar este tipo de hackeo, el atacante, con una tarjeta SIM en blanco -generalmente conseguida de forma ilegal-, se comunica con la operadora para denunciar un supuesto robo o pérdida de la tarjeta
El problema radica en que las operadoras no suelen comprobar fehacientemente la identidad, y los datos requeridos -como el domicilio, fecha de cumpleaños, número de documento o nombre- son de relativamente fácil acceso, especialmente en el caso de personas públicas.
Una vez que el atacante logra engañar a las compañías para que le asigne la línea telefónica de la víctima a la tarjeta SIM en blanco, no solo puede recibir las llamadas y mensajes de texto de esta, sino que puede activar WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería validando el número telefónico.
Del mismo modo, también puede restablecer las contraseñas de otras plataformas, si el método de verificación por SMS está activado en estas.
“La jueza lo que ha hecho es pedirnos que, como ente regulador, le obliguemos a las empresas a buscar otros mecanismos para garantizar la seguridad de sus clientes”, dijo el vicepresidente del Enacom.
Para ello –indicó López- se utilizará el reconocimiento biométrico.
“Si yo digo que perdí mi tarjeta y la quiero sustituir por otra, entonces la empresa me pedirá un reconocimiento facial para saber quién es la persona que lo pide”, ejemplifica.
De todas formas -aclaró- son “estadísticamente muy bajos” los casos de “SIM Swap”.
Aumentos en la telefonía
El titular del ente regulador también se refirió a la reciente decisión del Enacom de modificar los incrementos autorizados a las empresas prestadoras de telefonía, internet y televisión.
Los aumentos, que eran originalmente del 9,80% a partir del 1° de febrero próximo y del 7,80% desde el 1° de abril, van a pasar a ser mensuales con un 4% para este mes de enero y febrero, y 3,5% para marzo y abril.
"Decidimos hacerlo de esta manera porque el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, llegó a un acuerdo con casi todos los sectores empresariales para que lo que no esté enmarcado dentro de Precios Justos, suba un 4% mensual”, aseveró López.
El funcionario, no obstante, se lamentó de que únicamente las pymes y cooperativas cumplan con estas pautas de aumentos, y no las grandes empresas.
“Ellas consiguieron una medida cautelar, vigente hace dos años, entonces las empresas grandes que consiguieron la medida no cumplen con el requisito de precios justos, equitativos y razonables”, señaló.
En ese sentido, responsabilizó al sistema judicial por dictar medidas cautelares.
“Los declaramos (a los servicios TIC) como servicio público. Sin embargo, la justicia libera el precio a lo que quiere cada empresa y hasta abril de 2023 está vigente la suspensión”, indicó y recordó que el Decreto 690/2020 que lo estableció “nunca fue declarado inconstitucional”.
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