Gustavo Petro no ha podido contener la violencia que heredó de su antecesor, Iván Duque. Colombia sigue sumida en la violencia a pesar de la política de paz del nuevo presidente, que ha puesto el fin del conflicto con todos los grupos armados como el objetivo principal de su mandato. Mientras Duque priorizó las operaciones militares y reforzó la acción policial y judicial, Petro ha buscado llevar a todos los territorios la institucionalidad estatal con los “puestos de mando unificados por la vida”, pero no ha sido suficiente. El país sigue siendo escenario de masacres, que este año suman ya 94 con 354 víctimas, y de desplazamientos masivos, hasta noviembre 70.000 personas se habían tenido que ir de sus casas huyendo de la guerra.

Entre enero y octubre, los homicidios colectivos superaron en un 20% las cifras de todo el 2021, documenta el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz. “En el primer trimestre de Gobierno esta diferencia aumentó considerablemente, llegando al 38%”, señala un informe de la organización. Eso muestra que hasta ahora la política de seguridad de Petro no ha significado una ruptura de las dinámicas violentas. El martes pasado hubo dos masacres casi simultáneas, que dejaron ocho personas muertas en el Putumayo y en el Meta. En ambas zonas hay presencia de grupos disidentes de las FARC; en el caso de Putumayo hay además una disputa entre grupos mafiosos por las rutas de tráfico de droga en la frontera con Ecuador.

“La FIP advirtió que las propuestas de seguridad estaban entrampadas en reformas moderadas o insustanciales, como las de la Policía y el Ejército. No hay estrategias novedosas y preocupa que las anunciadas giren en torno a la protección del sistema de seguridad y no de los ciudadanos”, apuntaba la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un informe sobre los primeros cien días de mandato. 

El nuevo Gobierno ha logrado disminuir los enfrentamientos entre grupos armados y el Estado, pero la situación humanitaria continúa mostrando cifras alarmantes. Las disputas territoriales entre organizaciones ilegales siguen siendo uno de los principales desafíos para la política de paz total. Jorge Mantilla, director de dinámicas del conflicto de la FIP, señala razones de por qué Petro no ha podido detener la violencia. “La paz total se ha quedado, sobre todo, en anuncios. Por ejemplo, el cese al fuego multilateral del que se habló a finales de septiembre nunca se concretó. Gran parte de los anuncios que se han hecho sobre acercamientos con grupos armados tampoco han avanzado. 

Petro tampoco ha precisado una metodología de negociación ni ha establecido, o al menos no públicamente, un marco jurídico para el sometimiento de las bandas armadas. “Ni siquiera se ha presentado el proyecto de ley. Y eso hace que los anuncios del alto comisionado de Paz y el Gobierno nacional sobre “paz total” no hayan tenido un efecto en territorio”, dice Mantilla, que menciona el caso de Buenaventura, donde se han reducido los homicidios y las principales bandas criminales del puerto, los Shottas y los Espartanos, protagonizan el primer intento de diálogo de paz entre pandillas. “Pero sigue habiendo interrogantes frente a otras estructuras armadas que están, sobre todo, en la zona rural de Buenaventura, que presenta un aumento en amenazas y en desplazamientos individuales”, apunta el investigador.