El próximo martes un tribunal oral emitirá un fallo que, básicamente, definirá si Cristina Kirchner formó parte de una banda de ladrones. Así de crudo y sencillito. Nunca antes, en la historia del país, un tribunal emitió una sentencia para evaluar la conducta de una -o un- vicepresidente en ejercicio de sus funciones. En este caso, además, se trata de alguien que ha sido dos veces presidenta, y probablemente también la dirigente política con más poder en las últimas dos décadas. Por si faltaban condimentos, la acusada genera sentimientos muy encontrados en la sociedad: hay millones que la repudian pero otros millones que, contra viento y marea, la quieren, la siguen y la admiran. Probablemente los primeros sean más, pero eso no quita que los otros existan y que sean muchos. Todo eso junto alcanza para percibir la magnitud histórica del episodio que está a punto de producirse.

La sentencia que se difundirá el martes está precedida por un contexto de extrema tensión política, que se podría resumir en los siguientes hechos:

-Hace exactamente tres meses, la Vicepresidenta sufrió un atentado fallido contra su vida.

-Ese atentado se produjo en las puertas de su domicilio. En ese lugar, durante los días previos, simpatizantes de la Vicepresidenta habían concurrido a manifestar su repudio contra el pedido de sentencia emitido por el fiscal. Esas protestas habían generado incluso enfrentamientos entre la Policía de la Ciudad, conducida por la un líder opositor, y los manifestantes y dirigentes que respondían a Cristina Kirchner.

-Kirchner está convencida, o al menos ha dicho que está convencida, de que ese atentado fue ideado y financiado por dirigentes muy importantes de la oposición.

-La Vicepresidenta ha calificado además de la peor manera no solo al fiscal que la acusa o al tribunal que la juzga sino a todo el Poder Judicial. De hecho, ha propuesto varias veces terminar con la independencia de la Justicia, a la que califica como “una rémora de la monarquía”. En su último alegato, Kirchner calificó como “pelotón de fusilamiento” al tribunal, un gesto que los suyos pueden percibir como una legítima autodefensa pero que, aun si fuera así, se trata objetivamente de una presión tremenda sobre personas que deberían ser protegidas por la magnitud de la decisión que deben tomar.

-El jueves pasado toda esa tensión se trasladó al recinto de la Cámara de Diputados, donde oficialistas y opositores intercambiaron insultos tremendos y casi terminan a las trompadas. El escándalo fue disparado por el fallido intento de ambos por controlar el organismo que sanciona o designa a los jueces, o sea, por la batalla por controlar al Poder Judicial. Es imposible no percibir que el punto neurálgico de ese drama es, justamente, la situación de la Vicepresidenta.

-Distintos dirigentes del sector kirchnerista –líderes territoriales, ministros, sindicalistas- anuncian marchas para respaldar a su líder, si resulta condenada. O sea que la sentencia tendrá efectos concretos en la calle.

-La Vicepresidenta ha dicho –directamente o a través de sus voceros- que el actual Presidente es uno de los culpables de su situación, porque no ha ejercido presión suficiente sobre el Poder Judicial. Ese ha sido uno de los motivos que ha dividido y perjudicado al Gobierno.

La tensión, previsiblemente, no cederá después del fallo por una sencilla razón. Quienes participan de este debate no están dispuestos a ser conmovidos por los hechos, los argumentos ni las pruebas del expediente. De esta manera, en las horas posteriores al veredicto habrá batallones de políticos y periodistas dispuestos a argumentar enfáticamente a favor o en contra de la decisión, sea cual fuere. La impugnación política de la sentencia, antes aún de que se produzca, por parte de Kirchner es un motor evidente de este conflicto. Pero también la voluntad de sectores opositores de sacarla del juego por vía judicial y no por los caminos de la competencia política. Como si fuera poco, hay otra situación delicada: existen argumentos objetivos que permiten sostener tanto la culpabilidad como la inocencia.

En este juicio, como en todos, confrontan a grandes rasgos dos relatos. Uno de ellos sostiene que Lázaro Báez, un oscuro empleado bancario, fue beneficiado sistemáticamente con obra pública por el gobierno de los Kirchner hasta convertirse en un multimillonario, que devolvía aquellos favores pagándole alquileres a la familia presidencial por inmuebles que no utilizaba. El fenomenal crecimiento económico de Báez, su relación comercial con los Kirchner y la intimidad de su relación personal con ellos constituyen datos que son fáciles de comprobar. Hay que elongar demasiado para creer que todo eso no existió. Además, uno de los protagonistas del juicio es José López, el hombre que manejó la obra pública durante los doce años de gobierno kirchnerista. López fue detenido en el 2016 cuando revoleaba bolsos con dólares por encima del paredón de un convento.

En este contexto, sostener que Kirchner es inocente es muy difícil. ¿No sabía? ¿No preguntó? ¿Cómo fue que no preguntó si los debates acerca de Lázaro Báez arrancaron en 2004 con las denuncias de Elisa Carrió y se potenciaron hasta el infinito con una producción periodística estremecedora del equipo de Jorge Lanata? ¿De verdad podía no saber lo que ocurría?

Sin embargo, en todo el juicio no ha aparecido una sola prueba directa que demuestre la participación personal de la Vicepresidenta en este entramado. No hay una foto, un mensaje de WhatsApp, un testimonio de alguien que diga, por ejemplo, que ella daba las órdenes. Es particularmente curioso que en el celular de López aparezcan intercambios con múltiples interlocutores y ninguno con Kirchner. Sobre esto puede haber muchas especulaciones pero no hay elementos directos.

Si rige, en toda su dimensión, el principio según el cual en el caso de duda se debe favorecer al acusado, condenar a Kirchner también tiene su dificultad. Haga lo que haga, el tribunal será repudiado por sectores políticos y mediáticos muy intensos.

En este contexto, las acusaciones de CFK contra la Justicia reflejan una voluntad evidente de desconocer un fallo adverso, algo que la distancia de otros ex presidentes argentinos, como Carlos Menem o Fernando de la Rúa, que no militaron de esta manera contra los jueces. En el caso de Menem, de todos modos, recibió, como Kirchner, la solidaridad activa de los dirigentes de su partido, ante su primer procesamiento. En otros países, los jueces están acostumbrados a recibir embates políticos de dirigentes tan variados como Jair Bolsonaro, Donald Trump, o Rafael Correa. Kirchner, como se puede ver, es de esa estirpe.

La descripción del tribunal como un pelotón de fusilamiento está a medio camino entre ser un insulto poco fundamentado o, directamente, un disparate colosal. Los jueces del tribunal que juzga a CFK no pertenecen a la “oligarquía judicial”, como vulgarmente se dice. Fueron designados en sus cargos por la propia Kirchner, cuando era Presidenta, y sugeridos por el Consejo de la Magistratura cuando tenía mayoría kirchnerista. En medio del proceso, la Vicepresidenta denunció que uno de ellos jugó al fútbol en la quinta de Mauricio Macri y que otro se reunió con Patricia Bullrich. El primer hecho afecta al decoro de un magistrado pero, en sí mismo, es insuficiente para demostrar alguna parcialidad. El segundo parece haber sido una reunión institucional entre un juez y una ministra: en sí mismo no se trata de ningún pecado.

En su intento por desprestigiar el proceso, la acusada ha revoleado algunos datos sin hacer un esfuerzo serio por chequearlos. El martes, por ejemplo, Cristina difundió que Brenda Uliarte, la joven que está detenida por el atentado, seguía “en Twitter o en Facebook” al fiscal Diego Luciani y sostuvo que se trataba de una sugestiva coincidencia. Pero resulta que Luciani nunca tuvo cuentas en las redes sociales. Una Vicepresidenta no debería difundir información falsa, sobre todo cuando se queja de ser víctima permanente de información falsa. No debería agredir a jueces, mucho más cuando reprocha todo el tiempo que recibe agresiones. Quien acepta esas reglas del juego, no tiene derecho a quejarse cuando esas mismas reglas la perjudican. Pero, en todo caso, es lo que hace y eso preanuncia nuevas tormentas y conflictos.

Cuestión que el martes, finalmente, será el Día D. A pesar de los deseos de los unos y las advertencias de los otros, sea cual fuere la sentencia, nada cambiará para Cristina en lo inmediato. Ella no será detenida y se podrá presentar para el cargo que quiera en las próximas elecciones, aún si es condenada. A tal punto es así que existe una posibilidad, leve pero posibilidad al fin, que el año que viene asuma como presidente una persona condenada por la Justicia. Para que vaya presa se requiere una condena firme, o sea una resolución al respecto de la Corte Suprema de Justicia. Si los tiempos son los habituales, faltan algunos años para eso. Pero además, para que un fallo de la Corte tenga efectos concretos, ella no debería tener fueros. Estará protegida durante seis años si, por ejemplo, Kirchner es electa senadora en 2023. En esa situación, tal vez el Senado tenga la oportunidad de retirarle ese privilegio si es que en las próximas elecciones la oposición logra controlarlo por primera vez desde 1983.