A raíz de una denuncia, se abrieron dos causas diferentes. Los detalles.
Provinciales17/10/2022
Editor
El Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del juez Hernán Viri ordenó la clausura de la planta de lavado de la arenera Cristamine SA, ubicada en Ibicuy. Fue luego de una inspección ocular que se realizó por una denuncia que alertaba sobre contaminación ambiental.
La causa también incluye varias investigaciones que tiene la empresa por el uso del agua subterránea -tanto dulce como salada- para el tratamiento de la arena sílice.
A partir del fallo judicial, se corroboran las denuncias realizadas por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y por su representante legal, Ricardo Luciano. En la inspección a la arenera participaron técnicos especialistas y también las partes involucradas en el tema.
Antecedentes
El 1° de julio pasado, el Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó el allanamiento de las oficinas centrales en la Ciudad de Buenos Aires de la empresa minera de Cristamine SA.
El juez Hernán Viri ordenó recabar información en una investigación que lleva adelante a partir de una denuncia que apunta a que la Municipalidad de Ibicuy emitió certificados de aptitud ambiental a la empresa Cristamine para la extracción de arenas silíceas cuando no tendría la potestad para hacerlo.
En su momento, el intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán, otorgó un Certificado de Aptitud Ambiental a la arenera La República de Cristamine SA, cuatro días después de la orden del juez Viri.
El abogado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy sostiene que esta autorización se otorgó en forma irregular “por no cumplir con las normativas vigentes, y porque no se había reparado el daño ambiental constatado”.
Así, el paso siguiente fue radicar una denuncia penal en el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra el intendente de Ibicuy, las autoridades del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), y contra la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García y quien pueda tener algún tipo de responsabilidad administrativa. La causa ya contiene cuatro cuerpos.
A raíz de esta denuncia se abrieron otras dos causas, una por contaminación de la firma La República, y otra por irregularidades en la audiencia pública vinculada a la firma Aresil SA.
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El Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó que las acciones militares estadounidenses en Venezuela “constituyen un precedente peligroso”. Y pidió el “respeto pleno, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.
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