El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años, regresa este sábado a Curitiba, la ciudad donde durante 20 meses cumplió condena por corrupción. El candidato izquierdista dará allí un mitin con la vista puesta en las elecciones del 2 de octubre, en las que es favorito.

También encabezaba la carrera electoral hace cuatro años, pero su encarcelamiento y la decisión judicial de invalidar su candidatura lo sumieron en el ostracismo político. Y Jair Bolsonaro, de 67 años, diputado y militar retirado, ganó los comicios. Extremadamente difícil imaginar entonces el escenario actual: Lula acaricia un tercer mandato presidencial.

Esta resurrección política es consecuencia de que las condenas que le llevaron a la cárcel fueron anuladas y de que el resto de la decena de casos en su contra fueron anulados, archivados, suspendidos o acabaron con su absolución. A 15 días para los comicios, tiene una ventaja de 12 puntos sobre el actual mandatario.

Lula repite insistentemente en que en todos los casos fue declarado inocente. Existe todo un debate en Brasil entre sus partidarios y sus críticos sobre si esa afirmación es 100% exacta o no, pero el caso es que fue políticamente rehabilitado para disputar elecciones. De todos modos, el presidente del Tribunal Supremo recordó hace tres meses que los primeros casos anulados lo fueron por defectos de forma, es decir, antes de que el fondo fuera analizado.

Para irritación de Lula y de su equipo, el presidente Bolsonaro insiste en referirse a su adversario en esta campaña como “ladrón”, “expresidiario” o “nuevededos” (Lula perdió un meñique en un accidente laboral). Lo hace en sus mítines, en el único debate que los enfrentó, y en la publicidad electoral. Como en esta batalla electoral, Internet es crucial: cuando alguien teclea en Google esos calificativos despectivos, sorpresa: el primer resultado es un anuncio titulado: “Lula fue absuelto”. Lo paga su campaña.

La historia de este sinuoso periplo judicial está repleta de giros que podría haber firmado un guionista. ¿Recuerda a Sérgio Moro, el juez de Curitiba que condenó a Lula? Resulta que Moro, de 50 años, fue cayendo del Olimpo de los héroes en paralelo al proceso de rehabilitación política de Lula. Tras colgar la toga para ser ministro con Bolsonaro y romper con él poco después, intentó concurrir a las elecciones a la Presidencia. Fue un fracaso, nunca logró levantar vuelo en las encuestas. Ahora es candidato a senador. Su esposa, Rosangela Wolff, es candidata a diputada, como el fiscal que le acompañó durante la investigación del escándalo Lava Jato. Moro busca refugio y sustento en el Congreso después de que su falta de imparcialidad cuando juzgó al expresidente arruinara su reputación.

Por orden. Primero, el contexto.

Lava Jato (lavacoches portugués) es el nombre de la investigación sobre el descomunal entramado de corrupción —políticos que recibían sobornos a cambio de contratos con empresas púbicas— que sacudió la política brasileña hasta los cimientos. Llevó a la cárcel una casta hasta entonces intocable: decenas de poderosos políticos y empresarios, incluido Lula. La lucha contra la corrupción se convirtió en prioridad para los votantes y Bolsonaro la adoptó como bandera. Pero el presidente dio carpetazo a la investigación y, a la vez, el caso se ha ido deshaciendo como un azucarillo.

El periplo judicial de Lula se puede resumir en varios titulares:

“Lula sale de prisión”. El 9 de noviembre de 2019, cuando Bolsonaro llevaba casi un año en el cargo, el expresidente fue excarcelado en Curitiba gracias a una decisión del Tribunal Supremo. El máximo tribunal brasileño revertía un cambio de criterio instaurado tres años antes, en pleno fragor de la Lava Jato, de manera que los condenados solo irían a la cárcel una vez agotados todos los recursos, no tras una condena en segunda instancia. Junto a Lula, el fallo dejaba libres a 5.000 presos.

“Un juez del Supremo anula las condenas contra Lula”. El exmandatario llevaba cuatro meses en libertad, seguía bajo investigación en un puñado de casos y tenía planes de hacer una gira por Brasil y casarse cuando otra decisión emanada del Tribunal Supremo dejó a todo Brasil boquiabierto. El 8 de marzo de 2020, uno de los 11 magistrados, Edson Fachin, anuló cuatro casos contra el izquierdista incluidos los dos que llevaban aparejada la inhabilitación. Lula recuperaba sus derechos políticos al día siguiente de una entrevista con este diario. “La política es mi ADN, solo cuando muera dejaré de hacerla”, era el titular.

El argumento jurídico esgrimido por Fachin era que el juzgado de Curitiba, el de Moro, no era competente para abordar estos casos.

Un mes después, el juez recibió el golpe más duro de su carrera. El Supremo declaró que Moro fue parcial al juzgar (y condenar) a Lula. Fue la culminación de un proceso de erosión de su reputación que había empezado en junio de 2019, cuando The Intercept Brasil y otros medios, incluido este diario, sacaron a la luz mensajes privados intercambiados entre el juez Moro y el fiscal en Telegram que mostraban una cercanía impropia de sus roles y arrojaban graves dudas sobre su imparcialidad.

La defensa de Lula usó la sentencia contra Moro para solicitar la anulación, en cascada, de todas las actuaciones realizadas por el que fuera ministro de Justicia de Bolsonaro. Y Lula fue encadenando victorias en los tribunales mientras buscaba aliados para batirse en las urnas con Bolsonaro, el duelo que no pudo ser cuatro años atrás.

Una parte de los brasileños siempre consideró y considera a Lula inocente, víctima de una persecución política, como él mismo se declara. Otra parte le tacha de corrupto, cabecilla de ladrones, lo peor de lo peor. Pero hay un tercer grupo que, aunque cree que robó, como otros políticos antes o después que él, considera que ese es un mal menor frente al objetivo prioritario: echar a Bolsonaro en las elecciones de octubre. El electorado emitirá en las urnas su veredicto sobre Lula... y sobre el antiguo juez Moro.