El diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) solicitó informes a la Jefatura de Gabinete respecto del atraso en el pago a profesionales, proveedores de salud y transportistas de personas con discapacidad, lo que generó múltiples reclamos en el país.
Economía31/08/2022
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"Los gastos vinculados con los privilegios de la política o de sectores que la política apaña son los que hay que cortar primero. Después los gastos que no son indispensables. Pero nunca recortando a la educación, a la salud y en particular a atender personas con discapacidad", manifestó el legislador.
Acompañado por sus pares del bloque de Juntos por el Cambio, Frigerio presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando informes “en los términos del artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional para que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe respecto al atraso en el pago a profesionales, proveedores de salud y transportistas de personas con discapacidad”.
En los fundamentos de la iniciativa plantea que “es inadmisible” el retraso en el pago de los servicios sin dejar de reconocer que “el sistema de prestaciones para personas con discapacidad tiene muchas situaciones que debemos abordar rápidamente, como la desactualización de los aranceles”.
En tal sentido, considera que “el ajuste o reducción de gastos en el Estado de ninguna manera debe comenzar por aquellas personas que más lo necesitan” y sostiene que “priorizar el gasto en base a la solidaridad debe ser un principio rector en las decisiones que se tomen para afrontar la grave crisis económica de vivimos los argentinos”.
Entre los ítems que el legislador pide conocer se encuentra: que se “informe detalladamente sobre los atrasos en el pago de las prestaciones a profesionales y transportistas del área de discapacidad; se informe acerca de la deuda total contraída con los profesionales y prestadores de servicios, y se informe qué impacto produjo dicho incumplimiento en la prestación del servicio, y qué medidas se adoptaron a los fines de morigerar dicho impacto y a regularizar tal situación”.
También plantea que se informen “las razones por las cuales se ha producido esta demora en los pagos y si los fondos para hacerlos efectivos se encuentran demorados en alguna dependencia estatal”, así como “el estado de situación del Programa Federal Incluir Salud para hacer frente a este tipo de prestaciones”.
Asimismo, Frigerio pide conocer “acerca de la fecha en que los profesionales y transportistas recibirán el pago correspondiente” y se informe “si la Superintendencia de Seguros de Salud viene cumpliendo con el envío de la información necesaria para la acreditación de subsidios, prestaciones y reintegros”.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
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