Por qué piden relocalizar las dos cárceles que tiene Paraná

El diputado provincial José Orlando Cáceres (Frente Creer) interesó al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de relocalizar las dos unidades penales con asiento en Paraná, la Unidad Penal N° 1 Juan José O´Connor y la Unidad Penal N°6 de Mujeres Concepción Arenal. El legislador pretende que esas dos penitenciarías sean relocalizadas en “un nuevo complejo penitenciario”.

De ese modo, Cáceres impulsa que sean retiradas de su actual emplazamiento, sobre calle Marcos Sastre. La petición está contenida en un proyecto de resolución que fue aprobado por la Cámara de Diputados, y en la que se instruye al Gobierno a que, “junto al estudio de localización del nuevo complejo, se lleve adelante el proyecto de urbanización de los predios que queden ociosos, una vez que se haya producido el traslado”.

“Una de las tareas centrales del sistema penitenciario es la rehabilitación de los condenados y su reinserción en la sociedad, tal como lo reza la Ley Nacional 24.660 que regula la ejecución de las penas privativas de libertad, a la cual nuestra provincia se encuentra adherida. Dar a las personas la posibilidad, no sólo de restañar el daño causado por sus acciones, sino también de retornar a la sociedad de un modo diferente y positivo, implica acciones tales como el desarrollo personal, material y espiritual. La educación, la capacitación, la formación requieren esfuerzos concretos, materiales, y eso toca al aspecto estructural de los espacios destinados al cumplimiento de las condenas si coincidimos en que es la seguridad y no el castigo, el alojamiento y la transformación del sujeto, y no el depósito de personas, lo que debe primar en nuestro sistema penitenciario”, dice Cáceres en los fundamentos de su iniciativa.

Un relevamiento de 2021 da cuenta que en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos el 29% de la población carcelaria realizó trabajos remunerados; el 33% participó en algún programa de capacitación laboral; un 27% fue parte de algún programa educativo; y el 83% de esta población realizó actividades deportivas o recreativas. “Los números que arrojan las mediciones relativas a capacitación y formación son buenos en comparación con la media nacional y con poblaciones carcelarias de provincias lindantes, pero son bajos. Pueden mejorar. El punto es que esos resultados y su mejora se relacionan de manera lineal con los espacios con que se cuenta y la calidad de los mismos”, observa Cáceres.

En ese sentido, menciona que la “sobrepoblación de las cárceles es un problema estructural en la Argentina y una de las raíces del deterioro de la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, lo que socava cualquier intento de dotar de un carácter útil a la sociedad el hecho del encierro penal. El hacinamiento es considerado una de las formas de los tratos inhumanos, crueles, o de tortura y el principal causante de la conflictividad intramuros, entre quienes cumplen condena y entre estos y los agentes del Servicio Penitenciario, además de la caída en la calidad de los servicios y la alimentación resultantes de la presión por mayor demanda. Al mismo tiempo, pone en jaque la gobernanza interna de estas instituciones lo que impide su correcta orientación y lleva al condenado a una espiral descendente que sólo agrava su condición y cercena las posibilidades de recuperación. Entre Ríos ha logrado despegarse de esta tendencia hacia la sobrepoblación carcelaria mediante la inversión en infraestructura, la ampliación de plazas y la construcción de nuevos espacios, sin embargo, el crecimiento de la población penitenciaria es una amenaza constante a la capacidad de alojamiento en los establecimientos”.

En particular la provincia de Entre Ríos registra un aumento a un ritmo del 7,18% anual en la población carcelaria. “Estos valores duplican la media nacional y lo observado en las provincias vecinas –agrega-.A nivel nacional, la capacidad del sistema penitenciario esta excedida con una sobrepoblación del 12,3%”.

“La población penitenciaria provincial, a diferencia de la nacional, presentó un periodo de crecimiento leve durante la década de los 90, con un periodo de amesetamiento e incluso ligera reducción que se extendió hasta 2011. A partir de allí experimentó un crecimiento muy sostenido que se mantiene hasta la actualidad. A fines de 2016 la capacidad del Servicio Penitenciario de la provincia arrojó una sobrepoblación del 8%, según los informes de organismos nacionales. Esa situación fue revertida con la incorporación de nuevas plazas en establecimientos ya instalados, lo cual es desaconsejado debido a que, en algunos casos, como en la Unidad Penal N°1, Juan José O’Connor, de Paraná, se trata de estructuras de muchos años y con problemas estructurales que se agravan con esta acción. También, naturalmente, el anexado de nuevas plazas reduce la disponibilidad de espacios destinados a otros fines necesarios para la vida carcelaria bajo los preceptos señalados al inicio y tiene límites estrechos”, dice el texto del legislador.

«El promedio provincial de sobrepoblación es de -10%, en tanto que, en el penal de Paraná, es del -15,7%, siempre en valores negativos, lo que da margen en nuestra provincia para planificar frente al alto índice de crecimiento de la población carcelaria, lo que requiere una permanente atención», plantea. Y agrega: «El trabajo realizado en cuanto a infraestructura nos ubica ante una relativa holgura que permite planificar un salto que nos ponga fuera del riesgo de sobrepoblación carcelaria. Las acciones del Estado no son un camino recto, tienen sus curvas, marchas y contramarchas, muchas veces determinadas por contextos nacionales que coartan la voluntad de los gobiernos provinciales en avanzar en mejoras cualitativas».

En ese orden de ideas, hace notar que la actual situación de superpoblación negativa obedece a un permanente interés e inversión en el sistema penitenciario a través de los años «y nos ubica frente a la oportunidad de retomar en la capital entrerriana, la propuesta desarrollada alrededor de 2010, en el marco de lo que se denominó el programa de relocalización de unidades penales de la Provincia. A partir de ello, se logró la construcción de la Unidad Penal N.º 8, una cárcel de máxima seguridad, en Federal; y el traslado integral de la Unidad Penal de Gualeguaychú hacia la Granja Penal Colonia El Potrero el cual se concretará antes que finalice el corriente año, ubicada en la ruta 136. Aquellas acciones estaban dirigidas a la relocalización de las unidades penales ubicadas en cascos urbanos entre las que estaba contemplada la reubicación de la Unidad Penal N°1 de Paraná. A lo cual también habría que sumar a la Unidad Penal Nº 6 de mujeres “Concepción Arenal” de nuestra ciudad. Respecto a esta última, es dable remarcar que las internas mujeres tienen determinadas particularidades propias de su género, donde en determinados casos se encuentran alojadas junto a sus niños de corta edad que prevé la ley vigente, lo cual amerita se disponga de espacios determinadas para garantizar la relación madre-hijos, en ese especial contexto que implica el encierro».

Pero después observa: «Sin embargo, aquél objetivo, a pesar de contar con ciertos avances, quedó trunco. Lo que nos proponemos con el presente proyecto es retomar aquella iniciativa en un contexto que nos permite actuar sin la urgencia de la necesidad inmediata, sino como resultado de una política activa que nos abre un horizonte de planificación a mediano y largo plazo y que redunda en beneficios en varios sentidos, y sólo en el aspecto de mejora de la situación de quienes cumplen una condena».